Toda tentación autoritaria comienza con un argumento aparentemente noble.
En nombre de la seguridad se restringen libertades; en nombre del orden se fortalecen los controles del Estado; en nombre del combate a la desinformación se pretende regular la libertad de expresión.
Eso es exactamente lo que hoy comienza a discutirse en México bajo el concepto de la protección de los derechos de las audiencias.
En principio nadie podría oponerse a que los ciudadanos reciban información de calidad o que los medios actúen con responsabilidad profesional. El problema aparece cuando el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en juez de los contenidos periodísticos.
Ese es el verdadero riesgo.
La consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abre un debate que rebasa por mucho a la radio y la televisión. El anteproyecto establece nuevas obligaciones para los concesionarios, crea procedimientos administrativos de queja y otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la facultad de imponer sanciones cuando considere que un medio incumple con esos derechos.
Sin embargo, la preocupación surge cuando aparecen conceptos cuya interpretación depende inevitablemente del criterio de la autoridad. ¿Qué debe entenderse por "información veraz"? ¿Quién determina cuándo una información está "descontextualizada"? ¿Qué autoridad decidirá cuándo un hecho histórico fue presentado incorrectamente como un acontecimiento actual?
La respuesta no puede ser un funcionario.
En una democracia, la verdad no se decreta desde una oficina pública.
La verdad se construye mediante el contraste de fuentes, el debate público, la investigación periodística, el derecho de réplica y la autoregulación de los mismos medios de comunicación. Precisamente ahí reside la esencia de la libertad de expresión.
La historia enseña que la censura rara vez aparece de manera frontal.
Generalmente comienza con medidas razonables, bien intencionadas y socialmente aceptables. Primero se regulan algunos contenidos. Después se amplían las facultades del regulador. Más adelante llegan las sanciones económicas y finalmente aparece el incentivo más peligroso para cualquier periodista o empresa informativa: la censura.
Más preocupante aún resulta que la propia presidenta Claudia Sheinbaum haya planteado la posibilidad de que una regulación semejante pueda discutirse más adelante para la prensa escrita y las plataformas digitales. Aunque aclaró que actualmente esa posibilidad no forma parte del proyecto, el solo hecho de colocar el tema sobre la mesa anticipa un debate que merece toda la atención de la sociedad mexicana.
El problema trasciende el ámbito jurídico.
Tiene profundas implicaciones políticas y transgresión de los derechos humanos como la libertad de expresión.
Durante los últimos años, desde el poder se ha construido una narrativa según la cual buena parte de la prensa crítica representa intereses económicos o políticos adversos al gobierno. En las conferencias matutinas se descalifica sistemáticamente a periodistas, analistas y medios de comunicación que cuestionan las decisiones oficiales. En ese contexto, cualquier ampliación de las facultades regulatorias inevitablemente genera sospechas.
Estamos ante la posibilidad que la mañanera tenga dientes para sancionar a los medios y periodistas incomodos con argumentos falaces y con toda la carga del Estado, en donde la misma presidenta de la República se encargar de llevar a la hoguera de la inquisición a los que piensan diferente a ella.
Se vislumbra un régimen autoritario y no una democracia.
Las democracias dependen de los límites constitucionales al ejercicio del poder.
Lo que pretende la 4T es entregar al Estado la facultad de decidir qué información puede difundirse y cuál merece una sanción.
La mejor respuesta frente a la desinformación nunca será la censura.
Será más periodismo, más transparencia, mayor competencia entre medios, más alfabetización digital y ciudadanos capaces de formar su propio juicio. Esa sigue siendo la defensa más eficaz de los derechos de las audiencias.
Porque la libertad de expresión no existe para proteger los discursos cómodos.
Existe precisamente para garantizar que las opiniones incómodas, críticas e incluso equivocadas puedan circular sin miedo a represalias del poder.
Cuando el Estado comienza a decidir qué puede decirse y qué no, la discusión deja de ser sobre los derechos de las audiencias.
Empieza a ser sobre los derechos del gobierno.
Y esa diferencia es la que separa a una democracia de un régimen donde el poder pretende convertirse en el árbitro de la verdad.
