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Desde San Lázaro. El fraude que avergüenza a la UNAM. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

29 Jul 2026
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Desde San Lázaro. El fraude que avergüenza a la UNAM. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://tv.unam.mx/

La Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa una de las crisis de credibilidad más delicadas de los últimos años. No se trata de un conflicto sindical, de un problema presupuestal o de una disputa ideológica. El golpe provino de donde menos debía esperarse: del proceso de admisión de miles de jóvenes que aspiran a ingresar a la máxima casa de estudios y de un grupo de tramposos que decidió convertir el examen de ingreso en una competencia para ver quién burlaba mejor al sistema.

La decisión de aplicar el examen de admisión totalmente en línea representaba un enorme desafío tecnológico para la UNAM. Era una apuesta por modernizar los mecanismos de evaluación, facilitar el acceso de miles de aspirantes y aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas digitales. Sin embargo, el resultado terminó exhibiendo las enormes vulnerabilidades del sistema y, peor aún, una preocupante degradación ética entre quienes pretendían convertirse en universitarios.

En este lamentable episodio confluyen varios factores. Por un lado, la irrupción de la inteligencia artificial como una herramienta capaz de resolver problemas complejos en cuestión de segundos. Por otro, la existencia de personas dispuestas a lucrar con el fraude mediante la venta de respuestas, asesorías clandestinas o mecanismos para evadir los controles de supervisión. También quedó en evidencia que las áreas responsables de diseñar y vigilar el proceso fueron ampliamente rebasadas por la velocidad con la que evolucionan las tecnologías de manipulación digital.

Y, finalmente, aparece un rector obligado a reaccionar cuando el daño ya estaba consumado.

La respuesta institucional difícilmente dejará satisfechos a todos. Si la Universidad decide anular exámenes, enfrentarán protestas de quienes aseguren haber actuado correctamente. Si valida resultados cuestionados, pondrá en riesgo la credibilidad de uno de los procesos de selección académica más importantes de América Latina. Cualquier decisión tendrá costos políticos, jurídicos y académicos.

Pero hay algo que no admite matices.

Los aspirantes que deliberadamente hicieron trampa deben asumir las consecuencias de sus actos. No puede existir espacio para la impunidad cuando precisamente se pretende ingresar a una institución cuya misión histórica ha sido formar profesionistas comprometidos con el conocimiento, la ética y el servicio a la sociedad.

No basta con dominar matemáticas, física, medicina, derecho o ingeniería. La formación universitaria comienza por el respeto a las reglas. Quien inicia su vida académica mediante el engaño difícilmente podrá convertirse después en un profesionista íntegro.

La UNAM no sólo entrega títulos profesionales.

Entrega prestigio.

Ese prestigio ha sido construido durante más de un siglo por generaciones de investigadores, científicos, médicos, abogados, ingenieros, artistas y humanistas que colocaron el nombre de México en los más altos niveles del conocimiento mundial. Ese patrimonio no puede ponerse en riesgo por un puñado de estafadores convencidos de que el fin justifica los medios.

Porque el problema no termina con el examen de admisión.

La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve obtener un título de la UNAM si quien lo recibe carece de los principios éticos y morales que deberían distinguir a un egresado de la máxima casa de estudios?

La inteligencia artificial llegó para quedarse y sería absurdo pretender combatirla prohibiéndola. El verdadero reto consiste en aprender a convivir con ella, estableciendo mecanismos de autenticación biométrica, monitoreo inteligente, reconocimiento facial, supervisión en tiempo real y sistemas capaces de detectar patrones de fraude antes de validar los resultados. La tecnología debe utilizarse para fortalecer la evaluación, no para destruirla.

Al mismo tiempo, la Universidad deberá revisar a fondo sus protocolos técnicos, académicos y de seguridad informática. Lo ocurrido demuestra que no basta con migrar un examen presencial al entorno digital; es indispensable construir un modelo completamente distinto, pensado para un mundo donde la inteligencia artificial puede resolver preguntas, redactar textos y simular comportamientos humanos con enorme facilidad.

Sin embargo, el mayor desafío no es tecnológico. Es moral.

Lo sucedido refleja una preocupante crisis de valores que trasciende los muros universitarios. Vivimos en una sociedad donde cada vez resulta más frecuente observar que algunos consideran aceptable hacer trampa, mentir o violar las reglas con tal de obtener una ventaja personal. La cultura del esfuerzo comienza a ceder terreno frente a la cultura del atajo.

Esa realidad no surgió de la noche a la mañana. Es consecuencia de años en los que desde distintos espacios públicos se ha normalizado la descalificación de las instituciones, la relativización de la verdad y la idea de que las reglas sólo deben cumplirse cuando convienen. Cuando el ejemplo desde el poder deja de privilegiar el mérito, la legalidad y la rendición de cuentas, termina permeando en distintos sectores de la sociedad, particularmente entre las nuevas generaciones.

Por eso este escándalo rebasa el ámbito universitario.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.