Hay dos Méxicos que conviven todos los días, pero que parecen habitar universos distintos. El primero es el que presentan cada semana las autoridades federales en las conferencias de prensa: un país donde los homicidios dolosos disminuyen, la estrategia de seguridad avanza y la recuperación de la paz marcha por buen camino. El segundo es el que viven millones de mexicanos: periodistas asesinados, alcaldes ejecutados, comunidades desplazadas por el crimen organizado, miles de familias buscando a sus desaparecidos y regiones enteras donde la autoridad constitucional ha sido sustituida por el poder de las organizaciones criminales.
Entre uno y otro existe un abismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, insisten en destacar las cifras que consideran alentadoras sobre la reducción de algunos delitos de alto impacto. Nadie puede objetar que una disminución en los homicidios sea una buena noticia. El problema comienza cuando esas estadísticas pretenden convertirse en la explicación absoluta de la realidad nacional.
Porque la realidad es mucho más compleja.
Mientras el gobierno presume avances en materia de seguridad, México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En lo que va del año, varios comunicadores han sido asesinados, una parte importante de ellos en Veracruz, entidad que vuelve a colocarse como uno de los focos rojos para la libertad de expresión.
Presidentes municipales, funcionarios locales, policías y líderes sociales siguen siendo blanco de ataques del crimen organizado. Gobernar un municipio en diversas regiones del país se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde la autoridad legal disputa diariamente el territorio con poderes criminales que han construido estructuras económicas, políticas y militares de enorme capacidad.
A ello se suma otra tragedia que difícilmente puede ocultarse detrás de una gráfica estadística: la crisis de personas desaparecidas.
México acumula desde hace años una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente. A las familias que buscan a sus hijos, esposos, padres o hermanos poco les dice una conferencia de prensa donde se anuncian reducciones porcentuales en determinados delitos. Para ellas, la realidad tiene nombre, rostro y una ausencia que ningún informe oficial puede borrar.
Lo mismo ocurre con miles de mexicanos que han tenido que abandonar sus comunidades por la violencia.
Los desplazamientos forzados continúan afectando a estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y otras entidades donde grupos criminales disputan territorios completos. Son mexicanos que perdieron su patrimonio, su tranquilidad y, en muchos casos, hasta su identidad comunitaria.
Frente a ese panorama, resulta inevitable preguntar si las llamadas "cifras alegres" reflejan realmente el estado que guarda la seguridad pública o si únicamente muestran una parte del problema.
El gobierno tiene derecho a presentar los resultados que considere relevantes. Lo que no puede hacer es ignorar el contexto completo.
Porque la percepción ciudadana no se construye únicamente con estadísticas, se construye con la experiencia cotidiana. Y esa experiencia sigue marcada por el miedo.
A ello se suma otro elemento que complica aún más el escenario político.
La presión proveniente de Estados Unidos para combatir simultáneamente a las organizaciones criminales y a sus presuntas redes de protección política. Washington ha endurecido su discurso y mantiene abiertas investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos.
En ese contexto, diversos sectores de la oposición sostienen que el gobierno federal busca modificar la conversación pública mediante investigaciones contra personajes opositores de alto perfil, como Ernesto Ruffo. Esa es una interpretación política que forma parte del debate nacional y que corresponde a las autoridades sustentar jurídicamente en cada caso.
Lo que parece evidente es que el diferendo con Estados Unidos no se resolverá únicamente presentando balances optimistas sobre la evolución de algunos indicadores delictivos.
Si Washington considera que existen investigaciones pendientes sobre corrupción, lavado de dinero o presuntos vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, difícilmente cambiará su posición por una conferencia de prensa o por un informe estadístico.
Se exige instituciones fuertes, investigaciones sólidas, transparencia y la aplicación de la ley sin distingos partidistas.
México necesita recuperar el Estado de derecho, no únicamente mejorar indicadores.
Porque mientras existan periodistas asesinados, alcaldes ejecutados, comunidades desplazadas y miles de familias buscando a sus desaparecidos, cualquier triunfo estadístico será insuficiente para convencer a una sociedad que vive todos los días una realidad distinta.
Es una batalla descomunal entre el Estado, la corrupción e impunidad y los criminales. Por el momento van ganando los malosos, esperemos que no sea por mucho tiempo más.
