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Desde San Lázaro. Se acabó la luna de miel. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Jul 2026
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Desde San Lázaro. Se acabó la luna de miel. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

El tiempo vuela. A menos de once meses de las elecciones intermedias de 2027, los estudios demoscópicos comienzan a dibujar un escenario muy distinto al que prevalecía apenas hace unas semanas. Todavía falta un largo trecho por recorrer y cualquier pronóstico debe tomarse con prudencia; sin embargo, las primeras tendencias permiten advertir que la aparente invencibilidad electoral de Morena empieza a mostrar signos de desgaste.

Las encuestas ya no sólo miden la competencia entre partidos políticos. También comienzan a evaluar el peso específico de los aspirantes dentro de una misma fuerza política. En Morena, por ejemplo, dependiendo del perfil del candidato, las preferencias electorales suben o bajan de manera importante. Ello confirma una vieja máxima de la política: los partidos construyen estructuras, pero los candidatos ganan o pierden elecciones.

La selección de abanderados será determinante.

Si el oficialismo se equivoca en la designación de sus candidatos a gobernador, el costo político podría ser mucho mayor del que hoy calculan quienes despachan en Palacio Nacional.

La elección no será menor. En 2027 estarán en juego las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, además de la renovación total de la Cámara de Diputados federal y miles de cargos de elección popular. Será, en los hechos, el primer gran referéndum ciudadano sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum y sobre el desempeño territorial de Morena desde su llegada al poder.

Hasta hace poco, el escenario era ampliamente favorable para el oficialismo. Diversos analistas estimaban que Morena y sus aliados podían conquistar entre 13 o 14 de las 17 gubernaturas en disputa, dejando apenas tres al PAN y una al Partido Verde en caso de competir por separado.

Hoy ese panorama comienza a modificarse.

Las primeras mediciones muestran que varias entidades ya no aparecen como triunfos seguros para el partido gobernante. Estados como Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Campeche y Nuevo León (actualmente de Movimiento Ciudadano) empiezan a registrar una competencia mucho más cerrada de la prevista originalmente. Falta mucho tiempo para la jornada electoral, pero las tendencias revelan que la llamada luna de miel entre el electorado y el oficialismo comienza a agotarse.

Las razones son diversas.

La primera es el desgaste natural del ejercicio del poder.

Morena dejó de ser un movimiento opositor para convertirse en el partido responsable de la seguridad, la economía, la salud, la educación, la infraestructura y el crecimiento del país. Los ciudadanos ya no evalúan promesas; ahora califican resultados.

Y esos resultados no siempre acompañan el discurso.

La inseguridad continúa encabezando las preocupaciones de los mexicanos; el sistema de salud sigue arrastrando carencias; el crecimiento económico permanece por debajo de las expectativas y varios gobiernos estatales emanados de Morena enfrentan severos cuestionamientos por su desempeño administrativo, financiero y en materia de seguridad pública.

A ese desgaste se suma un segundo factor que comienza a pesar políticamente.

Los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de algunos actores políticos con organizaciones criminales han colocado en la agenda pública el tema de los llamados "narcopolíticos". Independientemente de que cada caso deberá resolverse conforme al debido proceso y respetando la presunción de inocencia, el impacto político es innegable. La oposición ha encontrado en esa narrativa un poderoso instrumento para desgastar al partido gobernante.

No es casualidad que desde Palacio Nacional se busque cambiar la conversación pública.

Diversos analistas interpretan que las recientes acciones judiciales emprendidas contra personajes vinculados con la oposición como el exgobernador panista, Ernesto Ruffo, forman parte de una estrategia política orientada a equilibrar el costo mediático de los señalamientos que pesan sobre algunos integrantes del oficialismo. Esa judicialización de la política es un bumerang que viene de regreso contra la 4T.

Dentro de Morena, léase Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, existe conciencia de que la elección de 2027 será mucho más competida de lo que originalmente se pensaba.

Los próximos meses serán decisivos. La definición de candidaturas, el desempeño de los gobiernos estatales, la evolución de la economía, la estrategia de seguridad y el desarrollo de las investigaciones que mantienen abiertas las autoridades estadounidenses influirán directamente en el ánimo del electorado.

Si hace apenas unas semanas el oficialismo se veía con posibilidades de ganar hasta 14 gubernaturas, hoy esa cifra comienza a ajustarse y nadie puede descartar que continúe reduciéndose conforme avance el calendario electoral.

En política, las victorias del pasado no garantizan los triunfos del futuro.

Las encuestas empiezan a enviar señales de advertencia. Morena conserva la estructura más poderosa del país, pero también carga con el peso de gobernar y con personajes de non grata reputación y puede equivocarse en la selección de aspirantes.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.