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Desde San Lázaro. ¿Se equivocó Miguel Hidalgo? Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

21 Jul 2026
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Desde San Lázaro. ¿Se equivocó Miguel Hidalgo? Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com

Si Miguel Hidalgo hubiera sabido que España ganaría el Mundial de Futbol de 2026, quizá habría pensado dos veces aquello de iniciar la lucha de Independencia. Imagine usted lo que habría sido México en estos días si todavía formáramos parte de la Madre Patria: una auténtica locura nacional celebrando el segundo campeonato mundial de La Roja.

Hasta ahí la mala broma.

Porque más allá de la anécdota, el Mundial dejó para México lecciones que trascienden las canchas y que deberían ser analizadas con seriedad desde el poder. La principal es contundente: el futbol consiguió durante varias semanas algo que la política mexicana parece empeñada en destruir todos los días: unir al país.

Por unas horas desaparecieron chairos y fifís, conservadores y progresistas, ricos y pobres. En las calles de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y muchas otras ciudades, miles de mexicanos se reconocieron bajo una misma bandera.

Esa quizá sea la enseñanza política más importante que dejó el Mundial: México no está condenado a vivir dividido.

La Selección Nacional contribuyó, desde luego, a esa cohesión colectiva con una actuación que despertó expectativas y llevó a multitudes a las calles. El futbol funcionó como válvula de escape para una sociedad agobiada por la inseguridad, las dificultades económicas y una confrontación política permanente.

Pero el balance del Mundial también tiene claroscuros.

Las expectativas económicas que se construyeron alrededor del torneo deberán confrontarse ahora con los resultados reales. Durante meses se habló de millones de visitantes, derrama económica extraordinaria y beneficios históricos para los sectores hotelero, restaurantero y comercial. Corresponderá a las autoridades presentar las cifras definitivas y demostrar cuánto de aquella narrativa se convirtió realmente en ingresos para el país y cuánto quedó simplemente en propaganda.

En la Ciudad de México, particularmente, el balance exige una revisión profunda.

El gobierno de Clara Brugada destinó importantes recursos a preparar la capital para el Mundial. Hubo señalética, balizamiento, intervenciones urbanas, figuras monumentales de ajolotes y remodelaciones en distintos puntos. Tan sólo en balizamiento y señalética se reconoció oficialmente una inversión de 84 millones de pesos, además de 20 mil millones de pesos en su paso peatonal de calzada de Tlalpan y otras obras de relumbrón.

La pregunta inevitable es si ese gasto dejó infraestructura permanente para los habitantes o si buena parte terminó convertida en escenografía mundialista de corta duración.

Mucho más grave fue el saldo humano.

Autoridades capitalinas confirmaron cinco fallecimientos relacionados con el contexto de las celebraciones mundialistas; cuatro de ellos ocurrieron después del triunfo de México sobre Ecuador, cuando multitudes desbordaron la zona del Ángel de la Independencia. Tres personas murieron por asfixia en medio de las concentraciones. Una fiesta nacional terminó convertida parcialmente en tragedia.

Estos hechos no pueden despacharse únicamente con condolencias oficiales ni con llamados a celebrar responsablemente. Cuando una autoridad convoca, permite o tolera concentraciones multitudinarias, tiene la obligación de establecer protocolos de protección civil, rutas de evacuación, controles de aforo y dispositivos capaces de reaccionar ante una emergencia.

La alegría popular no exime al gobierno de su responsabilidad.

El Mundial terminó finalmente con España levantando su segunda Copa del Mundo después de derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra. En la ceremonia de premiación estuvieron los mandatarios de los tres países anfitriones: Claudia Sheinbaum, Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y por supuesto con el rey de España, Felipe VI y su esposa, el presidente español Pedro Sánchez, entre otros.

Para la presidenta mexicana, la fotografía tuvo un enorme valor político.

En momentos particularmente complejos para la relación bilateral con Estados Unidos, compartir el escenario internacional con Trump representó una oportunidad excepcional para mantener abiertos los canales de interlocución. Los grandes eventos internacionales también sirven para eso: para practicar una diplomacia que muchas veces ocurre lejos de los comunicados oficiales y cerca de las conversaciones personales.

El Mundial se acabó. Las luces de los estadios comenzarán a apagarse y llegará el momento de hacer cuentas.

Pero existe una conclusión que difícilmente podrá discutirse.

Durante varias semanas, millones de mexicanos demostraron que pueden celebrar juntos, emocionarse juntos y reconocerse como parte de una misma nación.

La política debería tomar nota.

Porque mientras desde el poder se insiste frecuentemente en dividir a los mexicanos, el futbol demostró exactamente lo contrario: que la sociedad mexicana conserva una poderosa capacidad de unidad.

Tal vez Miguel Hidalgo no la regó tanto después de todo. España se quedó con la Copa del Mundo.

México, si sabe entender el mensaje que dejaron estas semanas, podría quedarse con algo mucho más importante: la certeza de que la unidad nacional todavía es posible.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.