Ella pidió a Estados Unidos que lo repatriaran luego de su “secuestro ilegal de territorio nacional”, hoy, fue sentenciado a cadena perpetua.
La justicia puede llegar tarde, demasiado tarde incluso, pero finalmente alcanza a quienes durante décadas parecieron intocables. Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia contemporánea de México, fue condenado a cadena perpetua por una corte federal de Brooklyn, Nueva York, y deberá entregar 15 mil millones de dólares producto de sus actividades criminales.
A sus 76 años, la sentencia significa, en los hechos, que Zambada morirá en una prisión estadounidense.
El juez Brian Cogan terminó con una carrera criminal de casi cuatro décadas durante las cuales El Mayo encabezó una organización responsable del tráfico de enormes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, además de una estructura construida mediante asesinatos, secuestros, corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, la sentencia deja abierta una pregunta mucho más incómoda para México:
¿Cómo pudo permanecer libre durante tantos años?
Porque El Mayo no era un fantasma.
En Sinaloa, particularmente en Culiacán y en las zonas serranas donde ejercía influencia, desde hacía décadas circulaban historias sobre sus movimientos, propiedades, reuniones y lugares frecuentados. Mientras Joaquín “El Chapo” Guzmán entraba y salía de prisión, Zambada construyó un modelo diferente: bajo perfil, corrupción, protección territorial y una extensa red de relaciones que le permitió mantenerse fuera de las cárceles mexicanas.
Y precisamente ahí aparece el verdadero problema.
Ninguna organización criminal puede convertirse en una estructura multinacional, mover toneladas de drogas, lavar miles de millones de dólares y operar durante décadas sin encontrar complicidades dentro de instituciones públicas.
El propio Zambada reconoció al declararse culpable en agosto de 2025 que durante décadas dirigió una organización criminal que utilizó corrupción y violencia para garantizar sus operaciones. El Departamento de Justicia estadounidense documentó que encabezó el Cártel de Sinaloa desde finales de los años ochenta hasta su captura en julio de 2024.
Por eso sería demasiado cómodo cerrar este capítulo diciendo simplemente que cayó El Mayo.
Falta saber quiénes lo protegieron.
Qué funcionarios recibieron dinero, quiénes permitieron sus operaciones, qué policías miraron hacia otro lado, qué autoridades conocieron sus movimientos y, sobre todo, hasta dónde llegaron sus redes de protección política durante los distintos gobiernos federales.
Ahí está la verdadera bomba de tiempo.
La justicia estadounidense ha demostrado que no pretende quedarse únicamente con los grandes capos. Washington ha endurecido considerablemente su estrategia contra los cárteles mexicanos y mantiene abiertas investigaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales.
El mensaje que llega desde Estados Unidos resulta particularmente incómodo para la clase política mexicana: la investigación no necesariamente termina cuando el narcotraficante entra en prisión.
Puede comenzar precisamente ahí.
Porque Zambada conoce como pocos las entrañas de cuatro décadas del narcotráfico mexicano. Conoce nombres, rutas, operadores financieros, intermediarios, policías, militares, empresarios y funcionarios con quienes su organización tuvo contacto.
Ese conocimiento constituye un archivo viviente de la relación entre narcotráfico, corrupción y poder.
La caída del Mayo también exhibe otra realidad dolorosa: nuevamente fue Estados Unidos y no México donde terminó enfrentando una sentencia definitiva uno de los criminales mexicanos más importantes.
Ocurrió antes con Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019, y ahora ocurre con Zambada.
México debería preguntarse por qué.
¿Por qué nuestros grandes narcotraficantes terminan respondiendo ante jueces estadounidenses mientras durante décadas construyen imperios criminales prácticamente frente a las autoridades mexicanas?
La respuesta seguramente no está únicamente en la capacidad de fuego de los cárteles.
Está también en la corrupción institucional que permitió su crecimiento.
El gobierno de Donald Trump seguramente capitalizará políticamente la sentencia como una victoria dentro de su estrategia contra los cárteles mexicanos. Y habrá más presión sobre México, particularmente ahora que Washington considera al narcotráfico y al fentanilo asuntos directamente vinculados con su seguridad nacional.
Por ello nadie debería sorprenderse con la aparición de expedientes relacionados con servidores públicos, exfuncionarios o personajes políticos.
Si existen pruebas, tendrán que responder ante la justicia, la de allá, porque la de acá es irresponsablemente omisa.
