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Desde San Lázaro. Coopera o coopera. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

20 Jul 2026
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Desde San Lázaro. Coopera o coopera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

En estos tiempos convulsos de la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la invitación del presidente Donald Trump a su contraparte mexicana para asistir a la final del Mundial de Futbol celebrada en Nueva York, por las razones que hayan sido, debe considerarse positiva. Un encuentro cara a cara, y no mediante llamadas telefónicas, necesariamente tendrá consecuencias para la relación bilateral y, particularmente, para nuestro país, porque tarde o temprano tendrán que destrabarse los asuntos más delicados de la agenda, entre ellos los señalamientos que involucran a políticos mexicanos con presuntas actividades criminales.

De la reunión informal en la que también estuvo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, trascenderá en primera instancia aquello que a cada mandatario le convenga comunicar a su respectiva base política. Los temas verdaderamente espinosos seguramente quedarán guardados bajo siete llaves y será con el paso de los días, a través de decisiones concretas, como podremos conocer qué se habló y, sobre todo, qué se acordó en ese encuentro celebrado al calor de una final mundialista.

Lo cierto es que ambos gobiernos están montados en su macho.

Por un lado, México exige pruebas contundentes antes de proceder contra gobernadores, legisladores, funcionarios y exfuncionarios de Morena señalados desde Estados Unidos. Por el otro, la administración Trump sostiene que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad de su país y presiona para que México actúe contra personajes políticos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

El problema es que Washington difícilmente dará marcha atrás. Mientras no exista lo que desde la Casa Blanca pueda interpretarse como un gesto contundente de cooperación del gobierno mexicano contra personajes reclamados o investigados por autoridades estadounidenses, la relación bilateral continuará bajo presión.

El desencuentro entre ambos países contamina inevitablemente otros asuntos estratégicos, desde migración y combate al tráfico de fentanilo hasta comercio, inversiones y la revisión del T-MEC. México tiene demasiado que perder si permite que los expedientes políticos y criminales terminen contaminando una relación económica de la que dependen millones de empleos.

Quizá llegó el momento de que Claudia Sheinbaum valore el lugar que quiere ocupar en la historia.

Una cosa es mantener la cohesión interna de Morena y otra muy distinta asumir el costo de proteger políticamente a correligionarios sometidos a graves señalamientos. También llegó la hora de ejercer plenamente la Presidencia de la República, con independencia y autonomía frente a Andrés Manuel López Obrador.

A unas semanas de cumplir dos años al frente del Ejecutivo federal, Sheinbaum parece haber escogido hasta ahora el camino de la continuidad absoluta con su mentor. La consigna de construir el “segundo piso de la transformación” también ha significado cargar con los pasivos políticos del sexenio anterior y defender personajes que se han convertido en un pesado lastre para su administración.

Esa es una apuesta perdedora.

Estados Unidos no dará tregua en su ofensiva contra los grupos criminales mexicanos y tampoco parece dispuesto a ignorar las presuntas redes de protección política que, desde su perspectiva, les han permitido operar durante años.

Por ello, la presidenta enfrenta una disyuntiva que cada día se vuelve más complicada: mantener el discurso de soberanía y defensa de sus compañeros de movimiento o profundizar la cooperación con Washington, incluso cuando ello implique permitir que las investigaciones alcancen a personajes relevantes de la llamada Cuarta Transformación.

En pocas palabras, no tiene demasiado margen de maniobra: coopera o coopera.

Una cosa es el discurso incendiario de las mañaneras, diseñado para alimentar a la clientela política del régimen y mantener cohesionada a la militancia, y otra muy distinta es la cruda realidad de sentarse frente al presidente de Estados Unidos y administrar una relación profundamente asimétrica.

Trump, además, enfrenta sus propias necesidades políticas. Con las elecciones intermedias de noviembre en el horizonte, necesita ofrecer resultados a su electorado en seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico. México inevitablemente ocupa un lugar central en esa estrategia.

Más allá del discurso triunfalista que seguramente se construirá desde Palacio Nacional sobre el encuentro entre Sheinbaum y Trump, los hechos serán los que revelen el verdadero alcance de la conversación.

Si comienzan a producirse movimientos contra políticos mexicanos señalados desde Estados Unidos, sabremos que aquella reunión mundialista fue mucho más que una fotografía diplomática.

La pelota ya está en la cancha de Claudia Sheinbaum.

Puede seguir cargando sobre sus espaldas los expedientes, sospechas y personajes incómodos heredados de la administración anterior o puede asumir plenamente el poder presidencial y deslindar su gobierno de quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

Y si alguien piensa que con el tiempo o con las simulaciones de la Fiscalía General de la República en perseguir a los personajes señalados por Estados Unidos, las cosas allí quedarán, pues están totalmente equivocados, ya que la justicia norteamericana es implacable.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.