La muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos durante operativos o bajo custodia de autoridades migratorias constituye una tragedia que obliga a replantear la política de protección consular del Estado mexicano. Detrás de cada cifra existe una familia destrozada y un connacional que abandonó su país en busca de oportunidades que aquí no encontró. El caso más reciente, el de Lorenzo Salgado Araujo, ha vuelto a exhibir la vulnerabilidad de miles de mexicanos frente al endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Más allá de lo que determinen las investigaciones sobre este caso, la obligación del gobierno mexicano es actuar con firmeza, rapidez y eficacia. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México promoverá acciones legales ante tribunales estadounidenses para exigir justicia. La decisión es correcta, pero llega tarde. Cuando la vida de un connacional está de por medio, la diplomacia no puede caminar al ritmo de la burocracia ni esperar a que la indignación pública obligue a reaccionar.
También conviene recordar por qué miles de mexicanos siguen cruzando la frontera. No abandonan su tierra por gusto. Lo hacen porque buscan seguridad, mejores salarios, oportunidades de desarrollo y un futuro que muchas veces su propio país no pudo ofrecerles. Mientras esas condiciones no cambien, el fenómeno migratorio continuará independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.
Por ello, la responsabilidad del Estado mexicano va mucho más allá de protestar por los excesos de las autoridades estadounidenses. También debe asumir que la migración masiva refleja problemas estructurales que siguen sin resolverse en México.
El verdadero problema no es únicamente la presentación de demandas judiciales. El fondo del asunto radica en la capacidad de respuesta de la red consular mexicana. Los consulados suelen aparecer cuando el daño ya está hecho. Muchas familias denuncian que la asistencia jurídica llega tarde, que la comunicación con las autoridades migratorias es insuficiente y que el acompañamiento institucional resulta limitado frente a la dimensión de los casos.
México presume tener una de las redes consulares más amplias del mundo. Si ello es cierto, entonces debería convertirse en la primera línea de defensa de los migrantes. Cada detención, cada proceso de deportación y cada presunta violación de derechos humanos tendría que activar protocolos inmediatos de asistencia legal, apoyo psicológico, contacto con familiares y supervisión permanente. Esa es la verdadera protección consular, no la simple expedición de documentos o la realización de trámites administrativos o de querer tapar el pozo cuando ya se ahogó algún migrante.
En este contexto, el llamado presidencial para que todos los partidos políticos cierren filas en defensa de los migrantes merece una reflexión. Defender a los mexicanos en el exterior debe ser una causa nacional y no existe fuerza política que pueda oponerse a ello. Sin embargo, la convocatoria pierde credibilidad cuando proviene de un gobierno que durante años ha privilegiado la confrontación sobre el diálogo.
Resulta contradictorio pedir unidad nacional después de construir un discurso político basado en la división entre pueblo y adversarios, conservadores y transformadores, patriotas y enemigos del cambio, chairos y fifís. La cohesión social no puede invocarse únicamente cuando se pretende mostrar músculo ante Donald Trump. Se construye todos los días gobernando para todos, respetando la pluralidad y entendiendo que la crítica no convierte a nadie en enemigo de la nación.
Los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, suelen recurrir a la polarización para fortalecer su base política. México no ha sido ajeno a esa dinámica. El resultado ha sido una sociedad cada vez más confrontada y menos dispuesta a construir acuerdos. En ese escenario, envolver al gobierno en la bandera nacional para descalificar cualquier cuestionamiento termina debilitando la causa que se pretende defender.
La prioridad no debería ser obtener rentabilidad política del conflicto con Washington, sino garantizar que ningún mexicano enfrente solo un proceso migratorio o una posible violación de sus derechos fundamentales. La defensa de los connacionales exige menos propaganda y mucho más trabajo jurídico, diplomático y consular.
El caso de Lorenzo Salgado debe convertirse en un punto de inflexión. Su familia merece verdad, justicia y acompañamiento institucional. Los demás mexicanos detenidos por ICE requieren defensa legal efectiva y seguimiento permanente hasta la conclusión de sus procesos. Esa es la obligación constitucional del Estado mexicano.
La relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos. Precisamente por ello se necesita una diplomacia inteligente, proactiva y profesional, capaz de defender a los connacionales sin convertir cada diferendo en un espectáculo político.
