Petróleos Mexicanos vuelve a ocupar los titulares y, una vez más, no por un descubrimiento petrolero, un incremento en la producción o una mejora financiera, sino por otro indicador del profundo deterioro institucional que arrastra la empresa productiva del Estado desde que la llamada Cuarta Transformación tomó el control de sus destinos.
Una investigación periodística reveló que Pemex acumula 6 mil 858 expedientes de juicios laborales, el mayor volumen de litigios registrado en su estructura jurídica. De acuerdo con la Guía de Archivo Documental correspondiente al primer trimestre de 2026, la Gerencia Jurídica Contenciosa Laboral concentra miles de expedientes iniciados entre 2019 y 2025, precisamente durante el periodo en que la petrolera fue administrada por los gobiernos de Morena.
No se trata únicamente de una cifra burocrática. Detrás de cada expediente existe un trabajador despedido, una demanda por violaciones a los derechos laborales o un conflicto derivado de decisiones administrativas que, en muchos casos, pudieron evitarse.
Durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo, se privilegió la lealtad política sobre la capacidad técnica. Esa lógica provocó la salida de cientos de trabajadores con amplia experiencia para abrir espacios a perfiles sin el conocimiento especializado que exige una industria altamente compleja y estratégica.
La consecuencia era previsible. Cuando una empresa sustituye la experiencia por la improvisación, el resultado inevitable es una pérdida de eficiencia operativa, mayor número de accidentes, litigios laborales, disminución de la productividad y un deterioro acelerado de sus finanzas.
Luego de Octavio Romero llegó Víctor Rodríguez –golpeador de mujeres y presunto culpable de violencia vicaria- cuya administración tampoco logró revertir el deterioro de la empresa. Ahora corresponde a Juan Carlos Carpio enfrentar quizá el mayor desafío en la historia moderna de Pemex: rescatar una compañía cuya deuda financiera continúa siendo la más elevada entre las petroleras del mundo, con una producción en descenso, refinerías que operan por debajo de su capacidad y con grandes pérdidas, crecientes adeudos con proveedores y un pasivo laboral que sigue aumentando.
Los casi siete mil juicios laborales constituyen apenas una muestra del enorme costo que ha tenido gobernar una empresa estratégica con criterios políticos antes que empresariales.
La realidad financiera tampoco admite maquillajes. Pemex continúa dependiendo del respaldo permanente del Gobierno Federal para cumplir sus obligaciones más elementales. Cada año recibe inyecciones de recursos públicos, reducciones fiscales, apoyos extraordinarios y reestructuraciones de deuda que terminan pagando todos los contribuyentes.
Paradójicamente, mientras México continúa siendo un importante productor de petróleo, los consumidores pagan por gasolinas de la más caras de las últimas décadas. El discurso oficial prometía alcanzar la soberanía energética y reducir los precios de los combustibles; ocurrió exactamente lo contrario.
La apuesta estatista impulsada por la Cuarta Transformación para fortalecer tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad tampoco produjo los resultados esperados.
En el sector eléctrico persisten los problemas de generación y transmisión. Los apagones registrados durante los últimos meses, particularmente en estados del sureste, evidencian una infraestructura insuficiente para responder al crecimiento de la demanda y una inversión que no ha sido capaz de modernizar el sistema eléctrico nacional.
En materia petrolera, el panorama tampoco resulta alentador. La producción continúa lejos de las metas anunciadas, las refinerías mantienen bajos niveles de eficiencia, los costos de operación siguen creciendo y la rentabilidad permanece comprometida.
Las paradojas son evidentes. El precio internacional del petróleo se ha ubicado durante buena parte del año por encima de las estimaciones consideradas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, circunstancia que debería fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, ese beneficio no se traduce en combustibles más baratos para los mexicanos ni en una recuperación sólida de Pemex.
Algo estructural sigue fallando.
La empresa que durante décadas simbolizó el orgullo nacional hoy representa uno de los mayores riesgos para las finanzas públicas. Su deuda, sus pasivos laborales, sus obligaciones con proveedores y sus necesidades permanentes de capital convierten a Pemex en una pesada carga para el Estado mexicano.
El nuevo director tiene poco margen de maniobra. Si pretende rescatar a la empresa deberá cambiar el modelo de negocios, privilegiar la capacidad técnica sobre las cuotas políticas, revisar miles de litigios laborales que podrían seguir creciendo y reconstruir la confianza tanto de los trabajadores como de los inversionistas y proveedores.
La reconstrucción de Pemex exige mucho más que discursos nacionalistas. Requiere disciplina financiera, transparencia, profesionalización de su plantilla, combate frontal a la corrupción y una estrategia energética basada en criterios técnicos y económicos, no ideológicos.
Porque, de mantenerse el mismo modelo de administración que ha prevalecido durante los últimos años, Juan Carlos Carpio corre el riesgo de pasar a la historia no como el director que rescató a Pemex, sino como quien encabezó el capítulo final del lento desmantelamiento de Petróleos Mexicanos.
