La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Lo preocupante es que el deterioro no obedece únicamente a diferencias comerciales o diplomáticas, sino a la percepción, cada vez más extendida en Washington, de que el gobierno mexicano ha decidido cerrar filas para proteger a personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Si el costo político de esa estrategia recayera exclusivamente sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, el problema sería menor. Sin embargo, las consecuencias las paga el país entero. La incertidumbre bilateral comienza a reflejarse en las decisiones de inversión, en la cautela de los mercados y en la pérdida de competitividad de México frente a otras economías que buscan aprovechar el fenómeno del nearshoring.
El diferendo con la administración de Donald Trump ya dejó de ser un simple intercambio de declaraciones. La tensión alcanza asuntos estratégicos para ambas naciones: la revisión del T-MEC, la política arancelaria, la cooperación en materia de seguridad y el combate al tráfico de fentanilo. Cada episodio de confrontación incrementa el riesgo para la planta productiva nacional y para miles de empleos que dependen del mercado estadounidense.
No existe economía que prospere en un ambiente de incertidumbre permanente. Ningún inversionista compromete miles de millones de dólares cuando observa que la relación con el principal socio comercial de México atraviesa una escalada de tensiones políticas. Mientras otros países ofrecen certidumbre jurídica y reglas claras para atraer capitales, nuestro país proyecta la imagen de un gobierno enfrascado en una disputa que, lejos de resolver diferencias, profundiza la desconfianza.
Si esta tendencia continúa, el sexenio de Claudia Sheinbaum podría registrar el desempeño económico más débil de lo que va del siglo. La desaceleración de la inversión privada, la pérdida de confianza empresarial y el freno a nuevos proyectos industriales son síntomas que comienzan a aparecer antes de que concluya el primer tramo de la administración.
La estrategia del gobierno mexicano frente a los embates de Trump ha sido responder con una narrativa de confrontación. Sin embargo, esa ruta difícilmente modificará los objetivos de Washington. Por el contrario, fortalece el discurso de quienes sostienen que México ha sido incapaz de combatir eficazmente a las organizaciones criminales que producen y trafican drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
Además, no puede perderse de vista el contexto político. Las elecciones legislativas de noviembre representan una prueba decisiva para Donald Trump. Recuperar terreno electoral pasa necesariamente por ofrecer resultados visibles en materia de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y persecución de quienes abastecen de fentanilo al mercado estadounidense. Bajo esa lógica, es previsible que la presión sobre México aumente durante los próximos meses.
Cada nueva investigación del Departamento de Justicia, cada declaración de testigos protegidos y cada expediente abierto contra funcionarios o exfuncionarios mexicanos alimentarán esa narrativa. No se trata únicamente de una disputa diplomática; es también una estrategia de política interna que Trump aprovechará para fortalecer su posición frente al electorado estadounidense.
En México, en cambio, el oficialismo parece convencido de que la mejor respuesta consiste en denunciar intervencionismo extranjero y cerrar filas alrededor de personajes políticamente incómodos. Esa estrategia puede resultar rentable para cohesionar a su base electoral, pero tiene un elevado costo para los mexicanos.
El caso de Ismael "El Mayo" Zambada resulta ilustrativo. Más allá del debate sobre las circunstancias de su captura y traslado a Estados Unidos, permanece un hecho incontrovertible: fueron las autoridades estadounidenses las que lograron sentar en el banquillo a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, algo que ningún gobierno mexicano consiguió durante décadas. Se podrá discutir la forma, pero no el resultado.
Ese precedente marca una ruta. Si Washington considera que existen elementos suficientes para proceder contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, difícilmente detendrá sus investigaciones por consideraciones diplomáticas o políticas.
En ese escenario está el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el de varios de sus ex colaboradores, quienes han sido señalados en distintas investigaciones y testimonios judiciales. Aunque permanezcan escondidos o cuenten con protección del Estado, ello no significa que los expedientes hayan sido archivados. La experiencia demuestra que el Departamento de Justicia trabaja con paciencia y suele actuar cuando considera que ha integrado casos sólidos.
La pregunta ya no es si Washington mantendrá la presión sobre México. Todo indica que así será. La verdadera interrogante es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno mexicano para defender a personajes cuya permanencia en la vida pública representa un costo cada vez mayor para la nación.
El oficialismo camina peligrosamente hacia el precipicio. Lo verdaderamente grave es que, en su empeño por defender a los impresentables, pretende arrastrar con él a todo un país. Ningún proyecto político vale el sacrificio del crecimiento económico, la estabilidad institucional y la relación estratégica más importante que tiene México.
