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Desde San Lázaro. Volvió a fallar El Vasco. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Jul 2026
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Desde San Lázaro. Volvió a fallar El Vasco. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

Tal como ocurrió en el Mundial de Corea-Japón 2002, el Tri cayó ante Estados Unidos por 2 a 0. Javier Aguirre realizó una serie de cambios erróneos, pifias que él mismo reconoció, al igual que en la gesta mundialista de 2010 en Sudáfrica, ante Argentina.

Y ahora en 2026, la Selección Mexicana quedó nuevamente a deber en un partido de alta exigencia. Más allá del resultado, lo preocupante fue comprobar que Javier Aguirre volvió a equivocarse en el momento más importante: la lectura del partido y los cambios desde la banca.

El futbol moderno exige entrenadores capaces de modificar el rumbo de un encuentro en cuestión de minutos. Los partidos ya no se ganan únicamente con los once titulares; se conquistan desde el banquillo, con variantes tácticas, lectura del rival y decisiones oportunas. Ahí, una vez más, “El Vasco” se quedó corto.

La expulsión de un jugador inglés en el segundo tiempo cambió completamente el escenario. México tenía superioridad numérica y el rival comenzaba a resentir el desgaste físico. Era el momento ideal para abrir la cancha, aprovechar los espacios y desequilibrar con futbolistas de uno contra uno.

Sin embargo, Aguirre eligió el camino equivocado. En lugar de poblar las bandas con jugadores rápidos y encaradores, decidió saturar el área rival con centros y balonazos. Apostó por llenar la zona de remate con Santiago Giménez, “El Memote” Martínez, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo, facilitando la tarea de una defensa inglesa que, pese a jugar con diez hombres, nunca perdió el orden.

México terminó atacando de forma predecible. Cada centro encontraba a los defensores británicos bien colocados. Cada balón elevado representaba un alivio para un equipo que jamás sufrió verdaderamente la inferioridad numérica. La lógica indicaba otra cosa.

El partido pedía el ingreso del “Chino” Huerta para romper líneas con velocidad y desequilibrio. Alexis Vega podía encarar permanentemente a los laterales y generar superioridad por los costados. “La Hormiga” González ofrecía movilidad dentro del área y Luis Chávez, con su extraordinario golpeo de media distancia, tenía los argumentos para probar desde fuera y obligar al arquero inglés a emplearse a fondo.

Ninguna de esas variantes apareció cuando más se necesitaban. Tampoco convencieron las decisiones iniciales. Desde el arranque sorprendió que Israel Reyes permaneciera en la banca mientras César Montes, visiblemente disminuido físicamente, continuaba sobre el terreno de juego. El riesgo terminó pasándole factura al funcionamiento defensivo.

En el mediocampo, Roberto Alvarado y Luis Romo evidenciaban desgaste conforme avanzaban los minutos. Ambos habían realizado un enorme esfuerzo durante el torneo, pero el encuentro exigía piernas frescas. Aguirre tardó demasiado en modificar esa zona, permitiendo que Inglaterra, incluso con un hombre menos, equilibrara el trámite del partido.

Las sustituciones llegaron tarde y, cuando finalmente aparecieron, no respondieron a las necesidades tácticas del encuentro. No todo fue negativo.

Sería injusto ignorar el excelente trabajo realizado por esta Selección durante los cuatro compromisos anteriores. México mostró orden, personalidad y momentos de muy buen futbol. El cuerpo técnico tiene mérito en ese recorrido y el grupo evidenció una identidad competitiva que durante mucho tiempo había estado ausente. Pero precisamente porque este equipo ilusionó, la eliminación duele más.

Las selecciones que aspiran a competir entre las grandes potencias no pueden conformarse con hacer buenos torneos; deben aprender a ganar los partidos que marcan diferencia. Y esos encuentros suelen decidirse desde el banquillo. Ahí es donde los entrenadores de élite hacen valer su experiencia.

México dispone hoy de una generación con mayor talento que en procesos anteriores y cuenta con futbolistas capaces de competir al máximo nivel europeo. El siguiente paso consiste en potenciar esas cualidades desde la dirección técnica.

Por ello no resulta descabellado pensar que el relevo generacional también deberá llegar al banquillo. Rafael Márquez ha iniciado su formación como entrenador y representa una figura con liderazgo, personalidad, conocimiento del futbol europeo y una mentalidad mucho más agresiva desde el punto de vista táctico.

Desde luego, no hay que perder de vista que el problema de fondo del futbol nacional es la voracidad de los dueños, que prefieren tener llenas sus nóminas de jugadores extranjeros que incentivar la generación de nuevos prospectos mexicanos.

HIDALGO AVANZA A PASO FIRME

Más allá de las encuestas que lo ubican en el top ten de los mejores gobernadores calificados a nivel nacional, Julio Menchaca se está aplicando en mejorar diversos indicadores de prosperidad como la economía, generación de empleos y seguridad pública, además de infraestructura urbana y apoyos al campo, y ello repercute necesariamente en mejorar la calidad de vida de los hidalguenses.

Ahora que vienen varios relevos en el gabinete legal y ampliado, valdría la pena no perder de vista la gestión exitosa del mandatario hidalguense.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.