La primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 por parte del nuevo Auditor Superior de la Federación dejó más preguntas que respuestas. Quienes esperaban conocer el destino de miles de millones de pesos ejercidos durante el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum tendrán que esperar, por lo menos, hasta octubre.
La razón es sencilla. En esta primera entrega, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concentró sus trabajos prácticamente en la revisión de las participaciones federales transferidas a estados y municipios, dejando para una segunda etapa las auditorías al gasto ejercido por las dependencias y entidades del gobierno federal, así como los programas sociales y los proyectos estratégicos de infraestructura.
El propio Auditor Superior, Aureliano Hernández Palacios, explicó que los informes correspondientes a las dependencias de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, organismos autónomos, universidades, fondos federales y proyectos prioritarios serán presentados en la siguiente entrega.
Traducido al lenguaje político, significa que continúan en el limbo las auditorías de las obras emblemáticas heredadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y aquellas que siguen absorbiendo enormes cantidades de recursos públicos.
Todavía no conocemos con precisión los resultados de la revisión al Tren Maya, al Tren Interoceánico, a la Refinería Olmeca de Dos Bocas, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni a los principales programas sociales que representan el mayor componente del gasto público federal.
Y no se trata de montos menores.
Tan sólo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el gasto programable del gobierno federal supera los 7 billones de pesos, mientras que los programas sociales concentran varios cientos de miles de millones de pesos anuales. A ello deben agregarse los recursos destinados a las grandes obras de infraestructura que durante el sexenio pasado registraron ampliaciones presupuestales, modificaciones de contratos y ajustes en sus calendarios de ejecución.
Precisamente por ello resulta indispensable una fiscalización exhaustiva.
Durante años, diversas auditorías de la ASF documentaron observaciones por miles de millones de pesos en distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, buena parte de esas observaciones terminaron solventadas administrativamente o derivaron en procedimientos que rara vez concluyeron con sanciones ejemplares para los responsables de mayor jerarquía.
El caso más emblemático sigue siendo Segalmex.
La propia Auditoría Superior llegó a documentar irregularidades que superaron los 15 mil millones de pesos, considerado uno de los mayores presuntos desfalcos al erario en la historia reciente del país. No obstante, el entonces director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, nunca enfrentó consecuencias jurídicas proporcionales a la magnitud del quebranto. Fue exonerado políticamente por el presidente López Obrador, quien sostuvo que había sido engañado por sus colaboradores.
Ese antecedente explica el escepticismo con el que hoy se observa el inicio de la nueva gestión en la ASF.
Es cierto que Aureliano Hernández Palacios aseguró que ya existen diversos funcionarios públicos señalados por presuntas desviaciones de recursos y otras irregularidades detectadas durante las auditorías. Sin embargo, evitó revelar nombres, cargos o dependencias involucradas.
La prudencia institucional puede ser comprensible mientras los procedimientos siguen abiertos. Lo que ya no sería aceptable es repetir el esquema del pasado: grandes anuncios, observaciones millonarias y, al final, sanciones únicamente para funcionarios de niveles medios o inferiores, mientras los responsables de las decisiones permanecen intocables.
La verdadera prueba para el nuevo Auditor Superior llegará en octubre.
Será entonces cuando presente los resultados de las auditorías practicadas al primer año completo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí se conocerá si realmente existe un cambio de fondo respecto a la gestión de David Colmenares o si únicamente cambió el titular, pero no la forma de fiscalizar el gasto público.
Porque la credibilidad de la Auditoría Superior no depende de la cantidad de auditorías practicadas, sino de la calidad de sus investigaciones, del sustento técnico de sus observaciones y, sobre todo, de su capacidad para señalar responsabilidades sin importar el nivel político de los involucrados.
México necesita una ASF verdaderamente autónoma, técnica e incómoda para el poder. Una institución que audite con el mismo rigor al gobierno federal, a los estados, a los municipios y a los organismos autónomos, sin distingos partidistas.
Los contribuyentes no esperan discursos, sino resultados.
El nuevo Auditor Superior tiene frente a sí una oportunidad histórica para recuperar la confianza en una institución cuya credibilidad quedó seriamente erosionada durante los últimos años. De él dependerá demostrar que la fiscalización superior dejó de ser un instrumento político para convertirse, nuevamente, en un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.
Mientras no se demuestre lo contrario, diremos que la ASF, hasta ahora es un apéndice del Ejecutivo y no un órgano autónomo e independiente.
