Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy la política mexicana es la creciente pérdida de credibilidad de la clase gobernante. Morena llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción, desterrar los privilegios y ofrecer un estándar ético superior al de los gobiernos del pasado. Sin embargo, a casi ocho años de su llegada al poder, la realidad muestra un panorama muy distinto.
Las filas del oficialismo están integradas por una larga lista de personajes cuestionados por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, violencia, nepotismo y un incesante reciclaje de políticos provenientes de prácticamente todos los partidos. Aquella promesa de que "no somos iguales" se ha ido desdibujando conforme avanzan los años.
El caso más reciente es el del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, cuya permanencia en el servicio público quedó severamente cuestionada tras difundirse un video que documenta un episodio de violencia familiar. Más allá de las responsabilidades legales que correspondan a las autoridades determinar, resulta inaceptable que servidores públicos señalados por conductas de esta naturaleza continúen representando a un gobierno que se ha definido como defensor de los derechos de las mujeres.
No fue la única polémica que marcó su gestión.
Durante su paso por Petróleos Mexicanos también enfrentó cuestionamientos por el manejo del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. El propio funcionario reconoció públicamente que había recibido información incorrecta de sus colaboradores respecto a la magnitud del incidente, un episodio que provocó afectaciones ambientales y económicas para comunidades pesqueras de la región.
La responsabilidad política no puede diluirse bajo el argumento de una mala comunicación interna. Quien dirige la empresa más importante del país responde por las decisiones y por las omisiones.
A ello se suma un fenómeno que Morena prometió combatir y terminó adoptando como estrategia política: el reciclaje de cuadros provenientes del PRI, PAN, PRD y otros partidos. Muchos de los personajes que durante años fueron severamente criticados por el hoy oficialismo terminaron recibiendo candidaturas, cargos públicos o posiciones de poder bajo las siglas guinda.
La lógica fue sencilla: mientras aportaran votos o estructuras territoriales, sus antecedentes quedaron en segundo plano.
Por ello resulta llamativo que la nueva dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, anuncie ahora mecanismos para impedir que "se cuelen por la puerta de atrás" personajes impresentables.
La intención parece correcta, pero llega tarde.
La verdadera prueba no consiste en impedir nuevos ingresos, sino en revisar quiénes ya ocupan cargos de elección popular o posiciones estratégicas dentro del movimiento y si cumplen con los estándares éticos que Morena prometió a los ciudadanos.
Los datos hablan por sí solos. Morena gobierna actualmente la mayoría de las entidades del país, cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y controla buena parte de los congresos locales. Nunca antes un partido había concentrado tanto poder político en tan poco tiempo. Esa hegemonía exige mayores controles internos, más transparencia y una rendición de cuentas mucho más estricta.
La ciudadanía no votó para sustituir una élite cuestionada por otra.
La lucha contra la corrupción, la impunidad y los abusos no puede limitarse al discurso de las conferencias matutinas ni convertirse en un instrumento para señalar únicamente a los adversarios políticos. Debe comenzar por la propia casa.
Si Morena aspira a conservar la confianza ciudadana, tendrá que demostrar que los principios de honestidad y ética pública no son simples consignas de campaña, sino reglas que se aplican sin excepciones.
Porque la mayor amenaza para cualquier movimiento político no proviene de la oposición.
Proviene de los impresentables que, protegidos por el poder, terminan erosionando la credibilidad de un proyecto que prometió ser diferente.
Las elecciones intermedias del próximo año será un referéndum del gobierno de Morena, tanto a nivel nacional, como estatal y municipal y como están las cosas, pues no se auguran buenos resultados para su causa.
No obstante que tienen el total control de los organismos electorales y de todo un andamiaje legaloide para impedir la alternancia en el poder, si la ciudadanía se vuelca en las urnas para votar por una opción diferente al oficialismo, pues no habrá poder tabasqueño para impedir la alternancia en el poder.
Se asoman nubes de tormenta en el horizonte para el partido en el poder, tanto por sus desatinos a la hora de gobernar, como su defensa a ultranza de políticos de sus filas implicados en hechos criminales.
