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Desde San Lázaro. La educación no puede ser rehén de intereses políticos y económicos. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Jun 2026
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Desde San Lázaro. La educación no puede ser rehén de intereses políticos y económicos. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SEP_mx

Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) insiste en mantener una estrategia basada en bloqueos, plantones, chantajes y presión política, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fijó una postura que marca una diferencia de fondo sobre el futuro de la educación pública en México.

En un pronunciamiento dirigido al Gobierno de la República, a los trabajadores de la educación y al pueblo de México, el SNTE rechazó de manera categórica "cualquier forma de radicalismo, violencia, provocación, chantaje o extorsión", al tiempo que reivindicó el diálogo como la única vía para resolver las diferencias entre el magisterio y las autoridades.

No se trata de una declaración menor.

Durante años, la CNTE ha convertido al chantaje en su principal espacio de negociación. El cierre de carreteras, los bloqueos ferroviarios, el secuestro de vialidades, la toma de edificios públicos y los plantones en el corazón de la Ciudad de México se transformaron en instrumentos de presión para arrancar concesiones presupuestales y políticas. Los costos de esa estrategia los pagaron millones de ciudadanos, miles de comerciantes y, sobre todo, los estudiantes que dejaron de recibir clases.

El mensaje del SNTE apunta justamente en sentido contrario.

La organización encabezada por Alfonso Cepeda Salas sostiene que la defensa de los derechos laborales del magisterio puede realizarse sin afectar el derecho superior de niñas, niños y jóvenes a recibir educación. La escuela, afirma el sindicato, sigue siendo el espacio donde verdaderamente se construye el futuro del país.

Y tienen razón.

Ninguna nación alcanza mayores niveles de desarrollo cerrando escuelas. Ninguna economía mejora cuando los alumnos permanecen semanas sin clases. Ningún proyecto de país puede consolidarse si millones de estudiantes acumulan rezagos educativos provocados por conflictos políticos ajenos a las aulas.

México necesita maestros enseñando, no maestros bloqueando.

La verdadera transformación comienza frente al pizarrón, no en el chantaje. Se construye en cada salón de clases donde un niño aprende a leer, donde un adolescente descubre la ciencia o donde un joven encuentra herramientas para aspirar a una mejor calidad de vida.

Ahí nace la igualdad de oportunidades.

El propio comunicado del SNTE recuerda que su prioridad es fortalecer la escuela pública como el principal instrumento para combatir la desigualdad social. Esa visión coloca nuevamente a la educación como política de Estado y no como moneda de cambio en negociaciones políticas.

El contraste con la CNTE resulta inevitable.

Mientras una organización reivindica el diálogo institucional, la otra continúa apostando por la confrontación. Mientras una defiende que las escuelas permanezcan abiertas, la otra utiliza la suspensión de clases como mecanismo de presión. Mientras una privilegia la construcción de acuerdos, la otra mantiene la lógica del conflicto permanente.

No significa desconocer que existen demandas legítimas del magisterio. Las hay y deben atenderse. Salarios, prestaciones, condiciones laborales, infraestructura escolar y fortalecimiento del sistema educativo requieren soluciones de largo plazo. Pero esas respuestas difícilmente surgirán mediante el chantaje o la afectación de millones de estudiantes.

La educación no puede seguir siendo rehén de intereses políticos ni económicos.

México enfrenta enormes desafíos en competitividad, innovación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano. En ese contexto, cada día perdido en las aulas representa una oportunidad menos para una generación completa.

Por ello resulta relevante que el sindicato magisterial más grande de América Latina haya decidido enviar un mensaje claro: la educación debe estar por encima de la confrontación.

Hoy, más que nunca, el país necesita escuelas abiertas, maestros enseñando y alumnos aprendiendo. Necesita construir oportunidades, no bloquearlas; formar ciudadanos, no utilizarlos como rehenes de disputas sindicales.

Porque el futuro de México no se escribe en los plantones, en la parálisis institucional educativa, en el rezago y la mala calidad de la educación y en servidores públicos envueltos en el sospechosismo de actividades criminales.

Se escribe todos los días en cada salón de clases del país.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.