La presidenta de la República ha puesto en marcha una nueva ofensiva de reformas electorales y judiciales que, bajo el discurso de fortalecer la democracia y proteger la soberanía nacional, en realidad mantiene abierta la puerta a una peligrosa concentración de poder en manos del oficialismo.

La narrativa gubernamental sostiene que los cambios buscan impedir la injerencia extranjera en las elecciones, combatir el financiamiento ilegal y evitar la infiltración del crimen organizado en la política. Sobre el papel, suena impecable. El problema aparece cuando se revisa el alcance real de las propuestas y el contexto político en el que pretenden aplicarse.

Porque detrás de estos conceptos aparentemente incuestionables se esconden herramientas que serán utilizadas discrecionalmente para invalidar elecciones con resultados adversos y consolidar el dominio político de Morena.

Uno de los ejes centrales de la reforma plantea ampliar las causales de nulidad electoral por presunta intervención extranjera. El concepto es tan amplio que abarcaría desde propaganda financiada desde el exterior y recursos ilícitos, hasta supuestos actos de presión internacional o acciones que vulneren la soberanía y la integridad territorial del país.

El problema es la ambigüedad.

¿Quién determinará cuándo existe presión extranjera? ¿Qué parámetros definirán una “vulneración a la soberanía”? ¿Qué ocurrirá si organismos internacionales, gobiernos o medios extranjeros cuestionan un proceso electoral o denuncian irregularidades?

La redacción abre márgenes peligrosos de manipulación política.

Y ahí está el verdadero riesgo.

Porque en un país polarizado y con instituciones cada vez más debilitadas, estas causales podrían convertirse en instrumentos para desconocer resultados electorales adversos al oficialismo.

Bastaría construir una narrativa de injerencia externa o financiamiento irregular para judicializar una elección incómoda y abrir procesos de anulación.

En otras palabras, el gobierno estaría creando mecanismos que le permitan disputar en tribunales aquello que eventualmente no logre ganar en las urnas.

La preocupación aumenta cuando se analiza el componente judicial de la reforma.

Después de haber impulsado la elección popular de jueces y ministros, debilitando la autonomía del Poder Judicial mediante procesos marcados por los famosos “acordeones”, ahora el oficialismo pretende fortalecer estructuras que le otorguen mayor control sobre la calificación de las elecciones y sobre las investigaciones vinculadas con financiamiento ilícito o narcopolítica.

Entre las propuestas destaca la creación de una comisión especial para detectar a candidatos ligados al crimen organizado.

Nadie podría oponerse, en principio, a limpiar la política mexicana de la infiltración criminal. El problema es que la iniciativa aparece precisamente cuando diversos señalamientos por presuntos vínculos con organizaciones criminales golpean directamente a figuras de Morena, particularmente en Sinaloa.

Ahí están los casos relacionados con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios bajo investigación de cortes estadounidenses.

La contradicción es evidente.

El oficialismo propone mecanismos para combatir la narcopolítica mientras al mismo tiempo encabeza una férrea defensa política de personajes señalados por autoridades norteamericanas como criminales.

Eso genera una percepción inevitable: que las nuevas estructuras podrían utilizarse selectivamente contra opositores mientras se protege a aliados políticos.

Diversos legisladores de oposición advierten que las reformas no buscan fortalecer la democracia, sino construir un blindaje institucional para Morena rumbo a los próximos procesos electorales.

Y existen razones para la sospecha.

Cuando un gobierno controla el Congreso y al Poder Judicial y todavía impulsa cambios electorales para invalidar elecciones, el equilibrio democrático queda totalmente fragmentado.

La experiencia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos.

Regímenes como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro utilizaron reformas institucionales para consolidar mecanismos de control político bajo la apariencia de legalidad democrática.

Primero reformaron tribunales. Después modificaron reglas electorales, instituyeron la revocación de mandato y finalmente construyeron sistemas donde el oficialismo siempre tenía herramientas para conservar el poder.

La democracia no se destruye necesariamente mediante golpes de Estado. Muchas veces se erosiona gradualmente desde las propias instituciones, utilizando reformas legales aparentemente legítimas.

El país necesita combatir el dinero ilícito, la injerencia extranjera y la infiltración del narcotráfico. Pero también necesita preservar la certeza jurídica, la autonomía de las autoridades electorales y la imparcialidad de los tribunales.

Porque si las nuevas causales de nulidad terminan siendo utilizadas discrecionalmente, cualquier elección podría quedar bajo sospecha permanente.

Y cuando el gobierno tiene la capacidad de anular resultados adversos apelando a conceptos ambiguos de soberanía o presión extranjera, la democracia deja de sustentarse en la voluntad ciudadana y comienza a depender de los fallos de los tribunales electorales cooptados por el Ejecutivo federal.