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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/MaruCampos_G

Desde el oficialismo se construyen candidaturas de la oposición. La mayoría de las veces sin proponérselo, otras con torpeza estratégica. Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo: quien es colocado sistemáticamente en el centro del debate, quien es señalado, atacado y confrontado desde el poder, termina por adquirir una visibilidad que difícilmente lograría por sí mismo. Y hoy, ese proceso parece estar ocurriendo con María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua.

La historia reciente ofrece un antecedente claro. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien, con sus constantes señalamientos, terminó por catapultar a Xóchitl Gálvez como figura central de la oposición. Aquella escena en la que Gálvez intentó ingresar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica no solo generó un choque mediático, sino que detonó una narrativa de confrontación que la posicionó rápidamente en el imaginario público. El efecto fue inmediato: de figura relevante pasó a convertirse en candidata presidencial.

Hoy, la historia parece repetirse, aunque con distintos protagonistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en la mira a la gobernadora de Chihuahua, insistiendo en una supuesta violación a la ley de seguridad nacional derivada de la incursión de agentes extranjeros en territorio estatal. El señalamiento es delicado, sin duda, pero también ha sido reiterado con una intensidad que trasciende lo meramente institucional.

La respuesta de Maru Campos ha sido clara y constante: no tenía conocimiento del operativo y, por lo tanto, no existe delito que perseguir en su contra. La gobernadora ha optado por una línea de defensa que combina negación de responsabilidad con un llamado a no politizar el tema. Sin embargo, en política, la narrativa no siempre se define por los hechos, sino por la insistencia con la que estos se colocan en la agenda.

El Congreso no ha sido ajeno a esta dinámica. Desde la mayoría oficialista, legisladores de Morena han escalado el tono al plantear la posibilidad de un juicio político e incluso su desafuero. El argumento: la supuesta desatención a un llamado de la Cámara alta. Pero aquí hay un matiz importante que no debe perderse de vista: no se trataba de una comparecencia obligatoria, sino de una invitación. Convertir una invitación en causal de sanción revela, cuando menos, una sobrerreacción con tintes políticos.

Este tipo de embates suelen tener un efecto paradójico y contradictorio. Lejos de debilitar al objetivo, pueden fortalecerlo. En un escenario donde el Partido Acción Nacional atraviesa por una evidente falta de liderazgos nacionales consolidados, la exposición constante de Maru Campos en el debate público comienza a perfilarla como una figura con proyección más allá de su estado.

La lógica es sencilla: a mayor ataque, mayor visibilidad; a mayor visibilidad, mayor posicionamiento. Y en un país donde las candidaturas presidenciales se construyen, en buena medida, a partir del reconocimiento público, ese posicionamiento es oro puro.

No se trata de afirmar que Maru Campos sea ya una candidata inevitable, pero sí de reconocer que el oficialismo podría estar contribuyendo, sin quererlo, a su construcción política. La insistencia en señalarla, en confrontarla y en elevar el conflicto al plano nacional la coloca en un nivel que trasciende la política local.

Para la presidenta Sheinbaum, el cálculo puede ser distinto. Marcar distancia, fijar postura y demostrar firmeza frente a posibles irregularidades forma parte de su responsabilidad institucional. Sin embargo, en política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando la crítica se vuelve recurrente y personalizada, el efecto puede ser contrario al esperado.

El PAN, por su parte, observa. En un contexto donde la oposición ha tenido dificultades para articular una figura competitiva a nivel nacional, la emergencia de perfiles con capacidad de confrontar al oficialismo se vuelve estratégica. Si Maru Campos logra capitalizar esta exposición, no sería descabellado pensar en su eventual proyección como candidata presidencial.

Desde San Lázaro, donde se procesan muchas de estas tensiones, el ambiente refleja una polarización creciente. Las mayorías legislativas actúan con disciplina, pero también con una lógica de confrontación que, en ocasiones, termina alimentando a sus adversarios.

La pregunta de fondo es si el oficialismo está midiendo correctamente los efectos de sus acciones. La política no siempre se gana debilitando al otro; a veces, en el intento, se le fortalece. Y eso parece estar ocurriendo en este caso.

Porque al final, más allá de los expedientes, los señalamientos y las disputas legislativas, lo que queda en la percepción pública es una figura que resiste, que responde y que permanece en el centro del debate. Y en tiempos de definición política, eso puede ser el primer paso hacia una candidatura.

Así, sin proponérselo abiertamente, el oficialismo podría estar incubando a una nueva contendiente. La historia ya mostró que no sería la primera vez.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.