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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

30 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Maru Campos para presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/MaruCampos_G

Desde el oficialismo se construyen candidaturas de la oposición. La mayoría de las veces sin proponérselo, otras con torpeza estratégica. Lo cierto es que el fenómeno no es nuevo: quien es colocado sistemáticamente en el centro del debate, quien es señalado, atacado y confrontado desde el poder, termina por adquirir una visibilidad que difícilmente lograría por sí mismo. Y hoy, ese proceso parece estar ocurriendo con María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua.

La historia reciente ofrece un antecedente claro. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien, con sus constantes señalamientos, terminó por catapultar a Xóchitl Gálvez como figura central de la oposición. Aquella escena en la que Gálvez intentó ingresar a Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica no solo generó un choque mediático, sino que detonó una narrativa de confrontación que la posicionó rápidamente en el imaginario público. El efecto fue inmediato: de figura relevante pasó a convertirse en candidata presidencial.

Hoy, la historia parece repetirse, aunque con distintos protagonistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado en la mira a la gobernadora de Chihuahua, insistiendo en una supuesta violación a la ley de seguridad nacional derivada de la incursión de agentes extranjeros en territorio estatal. El señalamiento es delicado, sin duda, pero también ha sido reiterado con una intensidad que trasciende lo meramente institucional.

La respuesta de Maru Campos ha sido clara y constante: no tenía conocimiento del operativo y, por lo tanto, no existe delito que perseguir en su contra. La gobernadora ha optado por una línea de defensa que combina negación de responsabilidad con un llamado a no politizar el tema. Sin embargo, en política, la narrativa no siempre se define por los hechos, sino por la insistencia con la que estos se colocan en la agenda.

El Congreso no ha sido ajeno a esta dinámica. Desde la mayoría oficialista, legisladores de Morena han escalado el tono al plantear la posibilidad de un juicio político e incluso su desafuero. El argumento: la supuesta desatención a un llamado de la Cámara alta. Pero aquí hay un matiz importante que no debe perderse de vista: no se trataba de una comparecencia obligatoria, sino de una invitación. Convertir una invitación en causal de sanción revela, cuando menos, una sobrerreacción con tintes políticos.

Este tipo de embates suelen tener un efecto paradójico y contradictorio. Lejos de debilitar al objetivo, pueden fortalecerlo. En un escenario donde el Partido Acción Nacional atraviesa por una evidente falta de liderazgos nacionales consolidados, la exposición constante de Maru Campos en el debate público comienza a perfilarla como una figura con proyección más allá de su estado.

La lógica es sencilla: a mayor ataque, mayor visibilidad; a mayor visibilidad, mayor posicionamiento. Y en un país donde las candidaturas presidenciales se construyen, en buena medida, a partir del reconocimiento público, ese posicionamiento es oro puro.

No se trata de afirmar que Maru Campos sea ya una candidata inevitable, pero sí de reconocer que el oficialismo podría estar contribuyendo, sin quererlo, a su construcción política. La insistencia en señalarla, en confrontarla y en elevar el conflicto al plano nacional la coloca en un nivel que trasciende la política local.

Para la presidenta Sheinbaum, el cálculo puede ser distinto. Marcar distancia, fijar postura y demostrar firmeza frente a posibles irregularidades forma parte de su responsabilidad institucional. Sin embargo, en política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando la crítica se vuelve recurrente y personalizada, el efecto puede ser contrario al esperado.

El PAN, por su parte, observa. En un contexto donde la oposición ha tenido dificultades para articular una figura competitiva a nivel nacional, la emergencia de perfiles con capacidad de confrontar al oficialismo se vuelve estratégica. Si Maru Campos logra capitalizar esta exposición, no sería descabellado pensar en su eventual proyección como candidata presidencial.

Desde San Lázaro, donde se procesan muchas de estas tensiones, el ambiente refleja una polarización creciente. Las mayorías legislativas actúan con disciplina, pero también con una lógica de confrontación que, en ocasiones, termina alimentando a sus adversarios.

La pregunta de fondo es si el oficialismo está midiendo correctamente los efectos de sus acciones. La política no siempre se gana debilitando al otro; a veces, en el intento, se le fortalece. Y eso parece estar ocurriendo en este caso.

Porque al final, más allá de los expedientes, los señalamientos y las disputas legislativas, lo que queda en la percepción pública es una figura que resiste, que responde y que permanece en el centro del debate. Y en tiempos de definición política, eso puede ser el primer paso hacia una candidatura.

Así, sin proponérselo abiertamente, el oficialismo podría estar incubando a una nueva contendiente. La historia ya mostró que no sería la primera vez.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.