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En el 56 aniversario de Cancún, Mara Lezama llama a consolidar una ciudad sustentable, incluyente y con oportunidades para todas y todos abril 20, 2026 Destacado

20 Abr 2026
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En el 56 aniversario de Cancún, Mara Lezama llama a consolidar una ciudad sustentable, incluyente y con oportunidades para todas y todos abril 20, 2026 Imagen tomada de: https://cgc.qroo.gob.mx/
  • La Gobernadora invita a consolidar una ciudad sustentable, incluyente y con oportunidades, donde vivir, crecer y soñar siga siendo posible
  • Mara Lezama destacó las obras y gestiones que han fortalecido la infraestructura y movilidad de Cancún, con proyectos clave como el bulevar Colosio, el puente Nichupté y nuevos proyectos de infraestructura 

En el marco del 56 aniversario de Cancún y desde el esplendoroso Malecón Tajamar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa hizo una invitación a todas y todos a seguir construyendo una ciudad más humana, sustentable y con oportunidades, bienestar y prosperidad compartida.

 

“Hoy, Cancún enfrenta los desafíos de toda ciudad joven, los retos de una industria turística dinámica, las exigencias de una región que conecta fronteras, oportunidades y futuro. Y, al mismo tiempo, avanza, se consolida, se transforma en hogar para casi un millón de habitantes”, expresó la Gobernadora.

 

¿Cómo serán los próximos 50 años de Cancún? Visualizo, añadió Mara Lezama, una ciudad más sustentable que abraza a su gente, más artística, con una cultura vibrante que dialogue con el mundo. Un referente de urbanismo, de orden, de innovación, un Cancún acogedor, moderno, profundamente humano.

 

Ante esta expectativa, la titular del Ejecutivo aseveró que ese futuro no llega solo, se construye todos los días, por lo que invitó a todas y todos a seguir haciendo de esta ciudad un lugar donde valga la pena vivir, crecer y soñar.

 

El gobierno humanista con corazón feminista que encabeza Mara Lezama contribuye 24/7 con este crecimiento y modernización de Cancún, con obra pública que ha transformado la imagen urbana pero también con gestiones para facilitar la movilidad de las personas, como la modernización del bulevar Colosio, el distribuidor vial del aeropuerto internacional, la ampliación de la avenida Chac Mool.

 

También, la construcción del puente Nichupté, la apertura pública del Malecón Tajamar, la construcción de nuevos hospitales. Además, ha impulsado proyectos para las colonias populares que durante años estuvieron en el abandono, como pavimentación de calles, construcción de banquetas, drenaje y alumbrado público, en zonas ya regularizadas.

 

A través de un mensaje conmemorativo, destacó que Cancún, pese a ser una de las ciudades más jóvenes de México, se ha consolidado como el destino turístico más exitoso del país, resultado del esfuerzo colectivo de miles de personas que han hecho de este lugar su hogar.

 

Subrayó que la historia de la ciudad no puede entenderse sin la entrega, pasión y compromiso de quienes llegaron desde distintas partes de México y del mundo, dejando atrás sus raíces para apostar por un nuevo comienzo. “Cancún se hizo realidad en la vida diaria, en la lucha cotidiana de mujeres y hombres que, con dignidad, lo convirtieron en lo que hoy es”, expresó.

 

Mara Lezama reconoció el esfuerzo de quienes dejaron atrás una vida entera y apostar por lo desconocido y construir un nuevo destino con las propias manos. “Aquí, cada calle, cada hotel, cada colonia tiene detrás esfuerzo, coraje, sacrificio y trabajo responsable. Si algo distingue a las y los cancunenses es su capacidad de levantarse temprano, de sostener largas jornadas, de no rendirse”, dijo.

 

Por ello, hizo un exhorto para seguir escribiendo juntos la historia de Cancún, no solo como un destino, sino el esfuerzo de su gente convertido en orgullo.

 

Con información de: https://cgc.qroo.gob.mx/

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.