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Desde San Lázaro. El regreso de Citlali rumbo al 2027 y 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Abr 2026
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Desde San Lázaro. El regreso de Citlali rumbo al 2027 y 2030. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/CitlaHM

En política no hay movimientos casuales o improvisados. La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres para reincorporarse de lleno a Morena no es un simple relevo administrativo: es una señal clara de que la maquinaria electoral del oficialismo ya está en marcha, aunque falten todavía meses para que el calendario formal arranque.

Citlalli no se va por desgaste ni por crisis. Se va porque la necesitan en otro frente: el partido. Ahí donde hoy Morena enfrenta tensiones internas, disputas soterradas y una creciente fragmentación derivada del poder mismo. Gobernar une en la superficie, pero divide en el fondo. Y en ese terreno minado, la dirigencia requiere operadores políticos con oficio, lealtad probada y capacidad de contención.

Su paso por la Secretaría de las Mujeres fue, en términos políticos, discreto. Sin grandes sobresaltos, pero también sin un sello contundente que la posicionara como figura de política pública. Su verdadera fortaleza, lo saben en Morena, no está en la gestión institucional, sino en la operación política, en la construcción de acuerdos y en la interlocución con las distintas tribus del movimiento.

Por eso regresa.

Porque lo que viene no es menor. El 2027 no solo será una elección intermedia más. Estarán en juego 17 gubernaturas, la renovación total de la Cámara de Diputados y una larga lista de cargos locales que definirán el mapa político del país en la antesala de la sucesión presidencial. En otras palabras: será una elección bisagra.

De ahí que la eventual salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia nacional —aún en el terreno de los rumores, pero cada vez más insistentes— forme parte de un reacomodo más amplio. No se trata de nombres aislados, sino de piezas que empiezan a moverse en un tablero que ya apunta al 2030.

La lógica es sencilla: quien controle el partido en 2027 tendrá una ventaja decisiva rumbo a la sucesión presidencial. Porque más allá de las candidaturas, lo que estará en disputa es la capacidad de cohesión interna, la definición de reglas y, sobre todo, la distribución del poder.

En ese contexto, el regreso de Citlalli Hernández busca cumplir una doble función. Por un lado, fortalecer la estructura partidista con una figura que conoce los resortes internos de Morena. Por otro, intentar “enfriar” los conflictos que comienzan a escalar entre grupos, especialmente en los estados donde se renovarán gubernaturas.

No es un secreto que en Morena las candidaturas se han convertido en el principal factor de tensión. La falta de reglas claras (las encuestas no dejan contento a nadie) la percepción de imposiciones y la creciente influencia de los grupos cercanos al poder presidencial han generado inconformidad incluso entre militantes fundadores. En ese ambiente, la operación política se vuelve indispensable.

Porque si algo ha cambiado en Morena es su propia naturaleza. Pasó de ser un movimiento conformado por diversas corrientes políticas a convertirse en un partido de gobierno, y con ello llegaron los vicios que históricamente criticó: cuotas, cuates, conflictos de interés y luchas por el control territorial. La pregunta es si perfiles como el de Citlalli podrán contener esa dinámica o si, por el contrario, terminarán absorbidos por ella.

A la par de este movimiento, es previsible que el gabinete federal comience a experimentar ajustes. Algunos funcionarios buscarán convertirse en candidatos, lo que implicará su salida anticipada. Otros, simplemente, habrán agotado su ciclo y serán relevados sin mayor ceremonia.

En los pasillos de San Lázaro ya se habla de nombres. Desde titulares de dependencias con aspiraciones abiertas hasta figuras que, pese a su cercanía con el poder, han perdido eficacia política. El caso de Zoé Robledo, director general del IMSS, por ejemplo, aparece con frecuencia en las conversaciones, no necesariamente como un hecho consumado, pero sí como parte de esa lista de posibles relevos.

La lógica detrás de estos movimientos responde a una premisa básica: el gobierno debe alinearse con la estrategia electoral. No hay espacio para figuras que no sumen en el terreno político, por más capacidad técnica que tengan, la prioridad es ganar elecciones.

Y en ese objetivo, el control del partido es fundamental.

Por eso el regreso de Citlalli Hernández debe leerse como una apuesta estratégica. Morena necesita operadores más que administradores. Necesita disciplina interna más que discursos. Y, sobre todo, necesita evitar que sus propias divisiones se conviertan en su principal debilidad frente a la oposición.

Aunque hoy el partido en el poder mantiene una posición dominante, el desgaste natural del ejercicio gubernamental comienza a notarse. La elección de 2027 será la primera gran prueba de ese desgaste y, al mismo tiempo, el primer termómetro real de cara al 2030.

La rebelión en la granja del PVEM y PT, así como la irrupción de nuevos partidos políticos y el reposicionamiento del PAN, MC y PRI, anuncian una contienda política electoral muy intensa.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.