La reacción del Estado mexicano frente al reciente pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada no solo encendió una controversia diplomática innecesaria; también dejó al descubierto una verdad incómoda: la profunda distancia entre el discurso oficial y el dolor cotidiano de miles de familias que buscan a sus desaparecidos en el país.
El informe del organismo internacional no apareció de la nada ni responde —como intentaron sugerir voces oficiales— a intereses políticos o a una campaña de desprestigio contra México. Surge, por el contrario, de años de documentación, testimonios, misiones técnicas y seguimiento a un fenómeno que se ha convertido en una de las crisis humanitarias más graves del continente. Las desapariciones en México no son una percepción ni una exageración: son una tragedia sistemática.
Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y furibunda. En lugar de abrir un espacio de reflexión institucional o asumir el informe como una oportunidad para corregir políticas fallidas, la reacción fue defensiva e insensible. Se optó por desacreditar al mensajero antes que atender el mensaje.
Más sorprendente aún fue la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH, (en donde estorba una Piedra) cuya razón de ser es precisamente acompañar a las víctimas frente al poder del Estado, decidió alinearse con la narrativa gubernamental y cuestionar el señalamiento internacional. Con ello, abandonó simbólicamente a quienes debería defender: los familiares de personas desaparecidas.
El episodio revela algo más profundo que diferencias con la ONU. Expone la soledad institucional en la que viven las madres buscadoras y los colectivos de víctimas. En México, la búsqueda de desaparecidos recae, paradójicamente, en quienes menos recursos tienen: madres, hermanas y esposas que excavan con sus propias manos mientras el aparato estatal discute cifras, metodologías y competencias administrativas, rasura padrones y oculta datos.
La imagen es devastadora. Mientras organismos internacionales advierten sobre la gravedad del problema, el Estado mexicano responde con indignación política, como si el señalamiento fuera un agravio y no un llamado urgente de atención. Esa reacción transmite un mensaje peligroso: reconocer la crisis implicaría aceptar responsabilidad.
Pero negar la realidad no termina con el problema.
Las familias llevan años denunciando la falta de investigaciones eficaces, la impunidad estructural y la indiferencia burocrática. Muchas han sido revictimizadas por autoridades que cuestionan sus testimonios, retrasan búsquedas o minimizan los casos. Otras han sido estigmatizadas bajo la sospecha implícita de que las víctimas “algo debían” o estaban vinculadas al crimen organizado.
Esa narrativa, profundamente injusta, termina normalizando la violencia y trasladando la carga moral a quienes sufren la pérdida. El informe del comité de la ONU precisamente advierte sobre este fenómeno: cuando el Estado falla en prevenir, investigar y sancionar, la desaparición deja de ser únicamente un crimen de particulares y se convierte en una responsabilidad institucional.
La reacción oficial, lejos de disipar esa preocupación, la confirmó.
Por supuesto el oficialismo cerró filas con la presidenta, mientras la oposición utilizó el tema como arma política. Entre ambas posturas, nuevamente, las víctimas quedaron fuera del centro de la discusión. Nadie habló realmente de fortalecer fiscalías, profesionalizar búsquedas o garantizar protección efectiva a los colectivos.
La politiquería volvió a imponerse sobre la solidaridad y empatía.
Lo más preocupante es que este desencuentro con Naciones Unidas podría tener consecuencias más allá del terreno diplomático. México ha construido durante décadas una reputación internacional basada en la defensa del multilateralismo y los derechos humanos. Descalificar a un comité especializado sin presentar soluciones concretas erosiona esa credibilidad y proyecta la imagen de un país reacio al escrutinio internacional.
Pero el daño más profundo no ocurre en Nueva York ni en Ginebra; ocurre en los campos, fosas clandestinas y carreteras donde familias enteras continúan buscando restos humanos con picos y palas.
Ahí es donde la ausencia del Estado se vuelve tangible.
Las madres buscadoras no piden discursos ni confrontaciones ideológicas con organismos internacionales. Piden seguridad para buscar, acceso a información, investigaciones reales y, sobre todo, empatía institucional. Piden que el Estado deje de verlas como adversarias incómodas y las reconozca como aliadas en la búsqueda de verdad y justicia.
La paradoja mexicana es brutal: mientras más crece la magnitud de las desapariciones, más se endurece la narrativa oficial para negar la crisis. Esa combinación produce un efecto devastador: invisibiliza el dolor y profundiza la desconfianza social.
Un gobierno que reacciona con enojo ante las críticas internacionales corre el riesgo de parecer más preocupado por su imagen que por sus ciudadanos. Y cuando la defensa política sustituye a la autocrítica, el Estado se vuelve, por omisión, cómplice del silencio que protege a los criminales.
El informe de la ONU no debería verse como una condena externa, sino como un espejo incómodo. México aún está a tiempo de cambiar la narrativa: reconocer la magnitud del problema, fortalecer instituciones y colocar a las víctimas en el centro de la política pública.
