Por décadas, el combate al narcotráfico ha sido uno de los grandes temas pendientes del continente. Pero lo ocurrido este fin de semana en Miami parece marcar algo más profundo: el nacimiento de un nuevo alineamiento político en América Latina impulsado desde Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a doce mandatarios latinoamericanos en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa que pretende coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, las pandillas transnacionales y el crimen organizado. La reunión se celebró en Florida y congregó a gobiernos ideológicamente cercanos al trumpismo, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, además de los mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago.

La narrativa del encuentro es clara: formar una coalición hemisférica para enfrentar lo que Washington denomina narcoterrorismo. Trump incluso ha comparado la estrategia con la coalición internacional que combatió al Estado Islámico en Medio Oriente, sugiriendo que la amenaza de los cárteles exige un nivel similar de cooperación militar.

Pero detrás de la retórica de seguridad hay también una jugada política de gran escala.

Porque el Escudo de las Américas no es solo un frente antinarco. Es también un intento por reordenar el mapa ideológico del continente. Los doce países presentes comparten algo más que la preocupación por el crimen organizado: pertenecen, en su mayoría, a gobiernos de derecha o conservadores alineados con Washington.

Las ausencias son tan reveladoras como las presencias.

No fueron invitados tres de los países más grandes y estratégicos de América Latina: México, Brasil y Colombia. Los tres gobernados por líderes vinculados al progresismo latinoamericano: Claudia Sheinbaum, Luiz Ignácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

En otras palabras, el nuevo frente hemisférico parece trazar una línea divisoria que recuerda viejas batallas ideológicas del continente. De un lado, los gobiernos que orbitan alrededor de Washington; del otro, los que se identifican con la tradición política que muchos ubican en el Foro de São Paulo, el espacio que durante décadas ha articulado a la izquierda latinoamericana.

Así, el combate al narcotráfico se convierte también en un instrumento de presión política.

Y en ese tablero, México aparece en el centro de la tormenta.

Durante la cumbre, Trump volvió a lanzar críticas directas contra el gobierno mexicano, afirmando que los cárteles “gobiernan México” y que Estados Unidos está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para erradicarlos. Incluso relató públicamente una conversación con la presidenta Sheinbaum en la que —según su versión— le habría pedido permiso para intervenir contra los grupos criminales en territorio mexicano.

Desde hace meses, la Casa Blanca ha venido escalando el tono al calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas. Ese concepto no es menor: abre la puerta jurídica, política y de intervención militar para justificar operaciones extraterritoriales bajo el argumento de seguridad nacional.

Y ese escenario, que hasta hace poco parecía una exageración retórica, empieza a tomar otra dimensión.

Sobre todo, después de las recientes operaciones militares estadounidenses fuera de su territorio —como la intervención en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro— y las acciones contra líderes del crimen organizado en la región. En Washington ya no hablan de cooperación policial, sino de coaliciones militares.

Por eso, cuando Trump habla de erradicar a los cárteles “de una vez por todas”, no es una frase casual, sino una advertencia.

México ha sostenido históricamente una doctrina de soberanía que rechaza cualquier intervención extranjera en su territorio. Esa posición no ha cambiado con el nuevo gobierno. Pero las tensiones con Washington han escalado a un nivel que empieza a incomodar incluso a sectores que durante años defendieron una relación pragmática con Estados Unidos.

Porque una cosa es la cooperación en seguridad y otra muy distinta es la insinuación permanente de una intervención militar.

Las declaraciones de Trump hacia su contraparte mexicana han sido tantas y tan reiteradas que empiezan a calar en la relación bilateral. No solo por el tono, sino por el mensaje implícito: que la crisis de seguridad en México se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Y cuando Washington coloca un problema en ese nivel de prioridad, la historia muestra que suele actuar.

Por eso, aunque hoy el “Escudo de las Américas” se presente como una alianza contra el narcotráfico, lo cierto es que estamos ante algo más amplio: un nuevo esquema de poder hemisférico donde la seguridad, la ideología y la geopolítica se entrelazan.

¿Habrá quedado el gobierno de Sheinbaum del lado incorrecto de la historia?, eso lo sabremos muy pronto.