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Desde San Lázaro. El nuevo mapa político del continente. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

09 Mar 2026
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Desde San Lázaro. El nuevo mapa político del continente. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/WhiteHouse

Por décadas, el combate al narcotráfico ha sido uno de los grandes temas pendientes del continente. Pero lo ocurrido este fin de semana en Miami parece marcar algo más profundo: el nacimiento de un nuevo alineamiento político en América Latina impulsado desde Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a doce mandatarios latinoamericanos en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa que pretende coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, las pandillas transnacionales y el crimen organizado. La reunión se celebró en Florida y congregó a gobiernos ideológicamente cercanos al trumpismo, como los de Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, además de los mandatarios de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago.

La narrativa del encuentro es clara: formar una coalición hemisférica para enfrentar lo que Washington denomina narcoterrorismo. Trump incluso ha comparado la estrategia con la coalición internacional que combatió al Estado Islámico en Medio Oriente, sugiriendo que la amenaza de los cárteles exige un nivel similar de cooperación militar.

Pero detrás de la retórica de seguridad hay también una jugada política de gran escala.

Porque el Escudo de las Américas no es solo un frente antinarco. Es también un intento por reordenar el mapa ideológico del continente. Los doce países presentes comparten algo más que la preocupación por el crimen organizado: pertenecen, en su mayoría, a gobiernos de derecha o conservadores alineados con Washington.

Las ausencias son tan reveladoras como las presencias.

No fueron invitados tres de los países más grandes y estratégicos de América Latina: México, Brasil y Colombia. Los tres gobernados por líderes vinculados al progresismo latinoamericano: Claudia Sheinbaum, Luiz Ignácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

En otras palabras, el nuevo frente hemisférico parece trazar una línea divisoria que recuerda viejas batallas ideológicas del continente. De un lado, los gobiernos que orbitan alrededor de Washington; del otro, los que se identifican con la tradición política que muchos ubican en el Foro de São Paulo, el espacio que durante décadas ha articulado a la izquierda latinoamericana.

Así, el combate al narcotráfico se convierte también en un instrumento de presión política.

Y en ese tablero, México aparece en el centro de la tormenta.

Durante la cumbre, Trump volvió a lanzar críticas directas contra el gobierno mexicano, afirmando que los cárteles “gobiernan México” y que Estados Unidos está dispuesto a hacer “lo que sea necesario” para erradicarlos. Incluso relató públicamente una conversación con la presidenta Sheinbaum en la que —según su versión— le habría pedido permiso para intervenir contra los grupos criminales en territorio mexicano.

Desde hace meses, la Casa Blanca ha venido escalando el tono al calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas. Ese concepto no es menor: abre la puerta jurídica, política y de intervención militar para justificar operaciones extraterritoriales bajo el argumento de seguridad nacional.

Y ese escenario, que hasta hace poco parecía una exageración retórica, empieza a tomar otra dimensión.

Sobre todo, después de las recientes operaciones militares estadounidenses fuera de su territorio —como la intervención en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro— y las acciones contra líderes del crimen organizado en la región. En Washington ya no hablan de cooperación policial, sino de coaliciones militares.

Por eso, cuando Trump habla de erradicar a los cárteles “de una vez por todas”, no es una frase casual, sino una advertencia.

México ha sostenido históricamente una doctrina de soberanía que rechaza cualquier intervención extranjera en su territorio. Esa posición no ha cambiado con el nuevo gobierno. Pero las tensiones con Washington han escalado a un nivel que empieza a incomodar incluso a sectores que durante años defendieron una relación pragmática con Estados Unidos.

Porque una cosa es la cooperación en seguridad y otra muy distinta es la insinuación permanente de una intervención militar.

Las declaraciones de Trump hacia su contraparte mexicana han sido tantas y tan reiteradas que empiezan a calar en la relación bilateral. No solo por el tono, sino por el mensaje implícito: que la crisis de seguridad en México se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Y cuando Washington coloca un problema en ese nivel de prioridad, la historia muestra que suele actuar.

Por eso, aunque hoy el “Escudo de las Américas” se presente como una alianza contra el narcotráfico, lo cierto es que estamos ante algo más amplio: un nuevo esquema de poder hemisférico donde la seguridad, la ideología y la geopolítica se entrelazan.

¿Habrá quedado el gobierno de Sheinbaum del lado incorrecto de la historia?, eso lo sabremos muy pronto.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.