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Desde San Lázaro. Morena con su caballo de Troya. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Mar 2026
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Desde San Lázaro. Morena con su caballo de Troya. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

La reunión del Consejo Nacional de Morena dejó definiciones importantes rumbo a las elecciones de 2027, pero también abrió interrogantes sobre la dinámica interna del partido gobernante y sobre la forma en que se desarrollará la competencia política en los próximos meses.

El primer punto a destacar es el mecanismo que, en los hechos, permitirá el arranque anticipado de las campañas por las gubernaturas que estarán en juego en 17 entidades del país. Bajo la figura de “coordinadores estatales de la Cuarta Transformación”, Morena comenzará a perfilar a quienes serán sus cartas fuertes en cada estado.

La fórmula no es nueva. Ya fue utilizada en procesos anteriores y consiste en designar coordinadores territoriales que, formalmente, tienen la tarea de fortalecer la organización del movimiento. En la práctica, sin embargo, se convierten en aspirantes visibles que recorren sus estados, posicionan su imagen y construyen estructuras políticas con miras a la elección constitucional.

Así, en cuanto se definan estos nombramientos, arrancará de facto una etapa de promoción política que funcionará como campaña adelantada. Los coordinadores tendrán la ventaja de aparecer como representantes del proyecto de la Cuarta Transformación, lo que les permitirá consolidar presencia territorial y proyectarse ante el electorado con varios meses de anticipación.

Este escenario explica en buena medida la intensidad de la disputa interna que ya comienza a sentirse dentro del partido. Y aquí aparece el segundo gran tema que dejó la reunión: la unidad partidista y los riesgos de fractura.

En Morena se repite cada vez con mayor frecuencia una frase que refleja una realidad política conocida: el mayor adversario del partido suele estar dentro del propio partido. La competencia por candidaturas, posiciones y espacios de poder genera tensiones entre los distintos grupos que conforman el movimiento.

No se trata de un fenómeno exclusivo de Morena; es una constante en los partidos que concentran amplias cuotas de poder. Sin embargo, cuando las expectativas de triunfo son altas —como ocurre hoy con el partido guinda— las disputas internas se intensifican.

El partido en el poder tiene adentro su caballo de Troya

Las 17 gubernaturas en juego representan uno de los botines políticos más importantes del próximo ciclo electoral. Cada aspirante cuenta con respaldos regionales, alianzas internas y padrinazgos políticos que inevitablemente entrarán en competencia. La capacidad del partido para procesar esas diferencias sin fracturarse será una de las pruebas más relevantes de cara al proceso electoral.

A estas tensiones se suma un tercer elemento que influye en la dinámica interna del movimiento: la coexistencia de dos liderazgos políticos de gran peso dentro de la llamada Cuarta Transformación.

Por un lado, se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy encabeza el gobierno federal y representa la conducción institucional del proyecto político. Por otro franco, permanece la figura del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo histórico continúa teniendo una enorme influencia entre las bases del partido.

La presencia simultánea de estos dos referentes genera, de manera natural, alineamientos y lealtades dentro de las distintas corrientes del partido. Aunque públicamente existe coincidencia en el proyecto político, en la práctica los distintos grupos interpretan las señales de poder y buscan ubicarse estratégicamente dentro de la nueva etapa del movimiento.

El cuarto punto que comienza a perfilarse en el horizonte electoral tiene que ver con las alianzas. En particular, con la continuidad —o no— de la coalición que Morena ha mantenido con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Todo indica que la relación política entre estos partidos se mantendrá, aunque no necesariamente bajo un esquema uniforme en todo el país. En la práctica, la coalición podría reproducir el modelo que ya se ha visto en otros procesos electorales: alianzas selectivas dependiendo de las condiciones políticas de cada entidad.

Es decir, en algunos estados se mantendría la fórmula de competir juntos bajo una misma candidatura, mientras que en otros cada partido podría optar por presentar aspirantes propios para fortalecer su presencia local o negociar posiciones futuras.

El mismo cálculo podría aplicarse en la elección de diputados federales. Morena, el PT y el Verde tienen incentivos para preservar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, por lo que no sería extraño que el entendimiento político continúe en varios distritos estratégicos.

Las decisiones finales se irán perfilando conforme avance el calendario electoral y se definan los nombres de quienes encabezarán las candidaturas estatales. Pero algo es claro desde ahora: la batalla política dentro de Morena se recrudece y falta más de un año para las elecciones intermedias

La reforma electoral que se cocina en San Lázaro, será el cedazo por la que pasará la factibilidad de la coalición oficialista entre Morena, PVEM y PT y partir de allí se esclarecerá el panorama político-electoral.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.