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Desde San Lázaro. Reculan PVEM y PT como siempre. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

16 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Reculan PVEM y PT como siempre. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

Mientras que la oposición advierte que la reforma electoral del oficialismo es para imponer la dictadura de Morena en el país, para la presidenta Sheinbaum se trata de una herramienta para fortalecer la democracia, ante estas dos posturas encontradas diremos que, es tanto el temor real de la 4T por perder el poder en el 2030, que requieren de todos los artilugios necesarios para que no ocurra la tan temida alternancia  y por eso dinamitan el puente por donde pasaron ellos para impedir que otros se encumbren en la presidencia de la República.

Así de simple. Si realmente tuviera la doctora el 65 por ciento de aprobación de la gente no estaría imponiendo una reforma electoral que, a todas luces, le cierra la puerta a las minorías en el Congreso, al tiempo de reducirles a la mitad el financiamiento público y acotarles los espacios políticos y tiempos oficiales para inhibir su influencia entre la ciudadanía, además de apoderarse de los organismos electorales como el INE y el TEPJF.

La imposición de la “Ley Maduro” como la bautizó el senador panista, Ricardo Anaya, a la reforma electoral de la presidenta, pretende aniquilar a la democracia y consolidar un régimen autoritario mediante el control absoluto de las instituciones.

No obstante que el narcotraficante Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos, el modelo político que gestó Hugo Chávez para imponer la dictadura en Venezuela sigue vigente en ese país y ahora se pretende emular por  AMLO-Sheinbaum al imponerlo en nuestro país con una reforma electoral regresiva, autoritaria y represiva.

El radical de derecha disfrazado de comunista, Pablo Gómez, resultó el defensor más recalcitrante del modelo autoritario que durante toda su vida política combatió, empero, ahora que está en el poder, se comporta como un aristócrata imperial.

En todo este vergonzoso asunto, falta ver como actuarán el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que de comparsa del oficialismo pasarán a la extinción al quedar huérfanos de papa gobierno.

Está claro que con la sobrerrepresentación que les regaló el INE y el Tribunal Electoral (de Mónica Soto) a estos dos partidos políticos, tendrían una presencia marginal en la Cámara de Senadores y en la colegisladora y si no existieran los plurinominales y el traspaso de votos entre integrantes de una coalición, ya hubieran perdido el registro como franquicias políticas nacionales. 

Si se aprueba la reforma electoral como está redactada el día de hoy, no dude estimado lector, que nos habremos librado de los Verdes y los petistas, aunque, seguramente habrán algunos pequeños ajustes a la iniciativa presidencial para mantenerlos como aliados políticos del oficialismo a estos rémoras.

El quid del asunto, es que ambos partidos políticos no saben caminar solos sin la tutela del partido en el poder, sobre todo los ecologistas que han dejado atrás su ideología para coaligarse con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, AMLO y ahora como Claudia Sheinbaum.

Dígase lo que se diga, la chiquillada tendrá que comer camote y aprobar la reforma electoral de la 4T  que reduce a los pluris,  recorta  casi el 50 por ciento al presupuesto de los partidos y modifica la composición de las Cámaras del Congreso, amén de otras tantas modificaciones para apuntalar a Morena en el poder e impedir la alternancia.

Si hubiera tantita dignidad entre los dueños de estos partidos, hablamos del “Niño Verde”, Emilio González y de Alberto Anaya, romperían con el oficialismo, pero esto de ninguna manera va a ocurrir ya que por una cuantas monedas y alguna gubernatura (SLP), se apaciguarán como siempre lo han hecho, al fin y al cabo son el prototipo de lo que representa ser un mercenario de la política.

Los electores están atentos ante los desesperados intentos del obradorato de imponer el modelo venezolano en México y de todas las maromas que hacen sus aliados políticos para no perder las canonjías y prebendas de poder.

Veremos en las urnas en el 2027 que pasará, mientras tanto hay que chutarnos los supuestos ejercicios de democracia participativa que se organizarán en el Congreso para despresurizar un poco el asunto, para, al final del día,  dejar la reforma electoral tal como está redactada en estos momentos.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.