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Desde San Lázaro. Reculan PVEM y PT como siempre. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

16 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Reculan PVEM y PT como siempre. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

Mientras que la oposición advierte que la reforma electoral del oficialismo es para imponer la dictadura de Morena en el país, para la presidenta Sheinbaum se trata de una herramienta para fortalecer la democracia, ante estas dos posturas encontradas diremos que, es tanto el temor real de la 4T por perder el poder en el 2030, que requieren de todos los artilugios necesarios para que no ocurra la tan temida alternancia  y por eso dinamitan el puente por donde pasaron ellos para impedir que otros se encumbren en la presidencia de la República.

Así de simple. Si realmente tuviera la doctora el 65 por ciento de aprobación de la gente no estaría imponiendo una reforma electoral que, a todas luces, le cierra la puerta a las minorías en el Congreso, al tiempo de reducirles a la mitad el financiamiento público y acotarles los espacios políticos y tiempos oficiales para inhibir su influencia entre la ciudadanía, además de apoderarse de los organismos electorales como el INE y el TEPJF.

La imposición de la “Ley Maduro” como la bautizó el senador panista, Ricardo Anaya, a la reforma electoral de la presidenta, pretende aniquilar a la democracia y consolidar un régimen autoritario mediante el control absoluto de las instituciones.

No obstante que el narcotraficante Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos, el modelo político que gestó Hugo Chávez para imponer la dictadura en Venezuela sigue vigente en ese país y ahora se pretende emular por  AMLO-Sheinbaum al imponerlo en nuestro país con una reforma electoral regresiva, autoritaria y represiva.

El radical de derecha disfrazado de comunista, Pablo Gómez, resultó el defensor más recalcitrante del modelo autoritario que durante toda su vida política combatió, empero, ahora que está en el poder, se comporta como un aristócrata imperial.

En todo este vergonzoso asunto, falta ver como actuarán el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), que de comparsa del oficialismo pasarán a la extinción al quedar huérfanos de papa gobierno.

Está claro que con la sobrerrepresentación que les regaló el INE y el Tribunal Electoral (de Mónica Soto) a estos dos partidos políticos, tendrían una presencia marginal en la Cámara de Senadores y en la colegisladora y si no existieran los plurinominales y el traspaso de votos entre integrantes de una coalición, ya hubieran perdido el registro como franquicias políticas nacionales. 

Si se aprueba la reforma electoral como está redactada el día de hoy, no dude estimado lector, que nos habremos librado de los Verdes y los petistas, aunque, seguramente habrán algunos pequeños ajustes a la iniciativa presidencial para mantenerlos como aliados políticos del oficialismo a estos rémoras.

El quid del asunto, es que ambos partidos políticos no saben caminar solos sin la tutela del partido en el poder, sobre todo los ecologistas que han dejado atrás su ideología para coaligarse con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, AMLO y ahora como Claudia Sheinbaum.

Dígase lo que se diga, la chiquillada tendrá que comer camote y aprobar la reforma electoral de la 4T  que reduce a los pluris,  recorta  casi el 50 por ciento al presupuesto de los partidos y modifica la composición de las Cámaras del Congreso, amén de otras tantas modificaciones para apuntalar a Morena en el poder e impedir la alternancia.

Si hubiera tantita dignidad entre los dueños de estos partidos, hablamos del “Niño Verde”, Emilio González y de Alberto Anaya, romperían con el oficialismo, pero esto de ninguna manera va a ocurrir ya que por una cuantas monedas y alguna gubernatura (SLP), se apaciguarán como siempre lo han hecho, al fin y al cabo son el prototipo de lo que representa ser un mercenario de la política.

Los electores están atentos ante los desesperados intentos del obradorato de imponer el modelo venezolano en México y de todas las maromas que hacen sus aliados políticos para no perder las canonjías y prebendas de poder.

Veremos en las urnas en el 2027 que pasará, mientras tanto hay que chutarnos los supuestos ejercicios de democracia participativa que se organizarán en el Congreso para despresurizar un poco el asunto, para, al final del día,  dejar la reforma electoral tal como está redactada en estos momentos.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.