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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/JesusRCuevas

La tan manoseada reforma electoral de la presidenta Sheinbaum solo la conoce ella, Pablo Gómez y algún otro cuatrotero más, pero ni la Cámara de Senadores, ni la de Diputados, tampoco los aliados del oficialismo como son el PVEM y el PT, menos el PAN, PRI y MC, pero ya todos se sienten agraviados por un eventual contenido que pudiera ser modificado cuando se presente el próximo mes en el Congreso Federal, en el próximo periodo de sesiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expuso que el proceso de análisis de la iniciativa en materia de reforma electoral iniciará hasta cuando ésta llegue. “Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada. Solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado, pero no tenemos ningún documento formal”.

Tiene razón el zacatecano, aunque como todas las cosas que se hacen en el oficialismo, son producto del acelere y de la imposición, porque si existiera alguien cercano a la presidenta con dotes de político, pues, tendría que haber existido una construcción de acuerdos básicos entre Morena, PVEM y PT, además de sus líderes parlamentarios, para evitar precisamente los jaloneos que existen con los verdes y los petistas, quienes ven amenazados sus prerrogativas, prebendas y concesiones que les ha otorgado el grupo en el poder.

Todo los hacen con las patas en la 4T, precisamente por la soberbia y el resentimiento que acumulan en Palacio Nacional y que les impide tender puentes de entendimiento, ya no digamos con la oposición, sino con sus aliados políticos. El resultado del desaguisado está a la vista con el eventual rompimiento que pudiera darse con los ecologistas, porque los petistas ya doblaron las manos.

Tal como escribimos en este espacio la semana pasada, al final del día ambas franquicias políticas doblarán las manos y se plegarán al designio presidencial, mientras hacen toda clase de rabietas para vender caro su amor.

Los que dan pena ajena son los panistas, priistas y emecistas por el abominable silencio que prevalece en torno a la reforma electoral del oficialismo, más si consideramos que cuando entre en vigor esa reforma, prácticamente no tendrán espacios legislativos y menos el financiamiento público, entre otras tantas herramientas democráticas, para ser competitivos en las urnas.

Lo que pretende el obradorato con esta reforma es perpetuarse en el poder al fiel estilo del PRI del siglo pasado.

Ricardo Monreal ha reiterado que hasta el momento no se tiene una definición definitiva en torno a la reforma electoral, simplemente han trascendido una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados por los aliados, en primer lugar, PT y PVEM, porque estas adecuaciones implican una reforma a la Constitución Política.

Algunos de los temas que ya están en la discusión pública son: reducción de financiamiento, acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, el voto de los mexicanos en el extranjero, la fiscalización de los partidos, gastos de campaña, participación ciudadana directa y consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión.

También, existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, recursos ilícitos o, incluso, actividades privadas que sin ser ilícitas cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla se convierten en ilícitas.

Asimismo, se contempla la revocación de mandato y el fuero constitucional.

Respecto a la consulta popular, el pastor de los diputados del oficialismo precisó que se prevé modificar la Constitución para hacerlas más fáciles y vinculantes para que exista mayor interés del municipio y la comunidad en participar sobre sus recursos, la política y la democracia. “La idea es profundizar la democracia”.

Los tiempos legislativos de la reforma contemplan que en febrero llegue la iniciativa a la Cámara de origen.  “El plazo realmente no se modifica, porque se tenía contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo; es decir, iniciar la discusión en febrero y en marzo la aprobación de la reforma constitucional y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara la reforma electoral”, aclaró Monreal.

Lo que importa para el país, según el morenista es “profundizar la democracia, reducir el costo de las elecciones, los gastos electorales y mantener y reforzar el equilibrio entre los poderes. Nunca concentrar el poder, sino al contrario, distribuirlo en razón de nuestra teoría constitucional y que cada poder haga su trabajo”.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.