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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Una reforma electoral que pocos conocen. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/JesusRCuevas

La tan manoseada reforma electoral de la presidenta Sheinbaum solo la conoce ella, Pablo Gómez y algún otro cuatrotero más, pero ni la Cámara de Senadores, ni la de Diputados, tampoco los aliados del oficialismo como son el PVEM y el PT, menos el PAN, PRI y MC, pero ya todos se sienten agraviados por un eventual contenido que pudiera ser modificado cuando se presente el próximo mes en el Congreso Federal, en el próximo periodo de sesiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, expuso que el proceso de análisis de la iniciativa en materia de reforma electoral iniciará hasta cuando ésta llegue. “Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada. Solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado, pero no tenemos ningún documento formal”.

Tiene razón el zacatecano, aunque como todas las cosas que se hacen en el oficialismo, son producto del acelere y de la imposición, porque si existiera alguien cercano a la presidenta con dotes de político, pues, tendría que haber existido una construcción de acuerdos básicos entre Morena, PVEM y PT, además de sus líderes parlamentarios, para evitar precisamente los jaloneos que existen con los verdes y los petistas, quienes ven amenazados sus prerrogativas, prebendas y concesiones que les ha otorgado el grupo en el poder.

Todo los hacen con las patas en la 4T, precisamente por la soberbia y el resentimiento que acumulan en Palacio Nacional y que les impide tender puentes de entendimiento, ya no digamos con la oposición, sino con sus aliados políticos. El resultado del desaguisado está a la vista con el eventual rompimiento que pudiera darse con los ecologistas, porque los petistas ya doblaron las manos.

Tal como escribimos en este espacio la semana pasada, al final del día ambas franquicias políticas doblarán las manos y se plegarán al designio presidencial, mientras hacen toda clase de rabietas para vender caro su amor.

Los que dan pena ajena son los panistas, priistas y emecistas por el abominable silencio que prevalece en torno a la reforma electoral del oficialismo, más si consideramos que cuando entre en vigor esa reforma, prácticamente no tendrán espacios legislativos y menos el financiamiento público, entre otras tantas herramientas democráticas, para ser competitivos en las urnas.

Lo que pretende el obradorato con esta reforma es perpetuarse en el poder al fiel estilo del PRI del siglo pasado.

Ricardo Monreal ha reiterado que hasta el momento no se tiene una definición definitiva en torno a la reforma electoral, simplemente han trascendido una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados por los aliados, en primer lugar, PT y PVEM, porque estas adecuaciones implican una reforma a la Constitución Política.

Algunos de los temas que ya están en la discusión pública son: reducción de financiamiento, acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, el voto de los mexicanos en el extranjero, la fiscalización de los partidos, gastos de campaña, participación ciudadana directa y consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión.

También, existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, recursos ilícitos o, incluso, actividades privadas que sin ser ilícitas cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla se convierten en ilícitas.

Asimismo, se contempla la revocación de mandato y el fuero constitucional.

Respecto a la consulta popular, el pastor de los diputados del oficialismo precisó que se prevé modificar la Constitución para hacerlas más fáciles y vinculantes para que exista mayor interés del municipio y la comunidad en participar sobre sus recursos, la política y la democracia. “La idea es profundizar la democracia”.

Los tiempos legislativos de la reforma contemplan que en febrero llegue la iniciativa a la Cámara de origen.  “El plazo realmente no se modifica, porque se tenía contemplada la aprobación de la reforma hacia el mes de marzo; es decir, iniciar la discusión en febrero y en marzo la aprobación de la reforma constitucional y después en abril la reforma legal, una vez que se aprobara la reforma electoral”, aclaró Monreal.

Lo que importa para el país, según el morenista es “profundizar la democracia, reducir el costo de las elecciones, los gastos electorales y mantener y reforzar el equilibrio entre los poderes. Nunca concentrar el poder, sino al contrario, distribuirlo en razón de nuestra teoría constitucional y que cada poder haga su trabajo”.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.