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Desde San Lázaro. Brugada, la peor jefa de gobierno. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

15 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Brugada, la peor jefa de gobierno. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ClaraBrugadaM

Desde 1997 la izquierda gobierna en la capital del país y desde ese entonces se han sucedido una serie de personajes como titulares de la jefatura de gobierno de la CDMX, entre los que destacan;  Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, quienes de una forma u otra cumplieron con la encomienda, sin embargo, al parecer ya se está acabando la inercia triunfadora de Morena con la gestión de Clarita Brugada a quien le ha quedado demasiado grande el cargo, lo que compromete el triunfo del oficialismo en las elecciones intermedias del próximo año.

Se acerca el mundial y la metrópoli padece las consecuencias de una gestión mediocre que se refleja en los altos niveles de inseguridad que alcanzó su vórtice con el asesinato de los dos colaboradores más cercanos de Brugada, Ximena Guzmán y  José Muñoz y que a ocho meses del artero crimen (20 de mayo 2025), no hay resultados para detener a los autores intelectuales y el esclarecimiento del móvil.

A plena luz del día y a unas cuadras de las oficinas de la titular de gobierno, sobre calzada de Tlalpan,  ambos funcionarios fueron acribillados por sicarios profesionales,  lo que puso en evidencia, primero, que si esto ocurrió a estos servidores públicos de alto nivel, pues que se espera a los ciudadano de a pie; y segundo, el mensaje del crimen organizado revela cuentas pendientes que no han sido cubiertas.

El cobro de piso asola a todas las colonias, tanto las populares como las de clase media y alta. Los malandros no se fijan en pequeñeces, ya que extorsionan al changarro de la esquina como al restaurante más fifí de Polanco o la Condesa.

Contar con la más numerosa corporación policiaca del país, no garantiza que los índices delincuenciales vayan a la baja, al contrario, van en aumento por los delitos que no se denuncian por el absoluto rechazo de las fiscalías que esgrimen cualquier pretexto para inhibir al ciudadano de presentarlas.

La novela del Castillo de Frank Kafka en donde se da cuenta de la terrible burocracia que prevalece en él, es cosa de niños comparada con lo que ocurre en los cuellos de botella que son las oficinas de la Fiscalía instaladas en las alcaldías, en las cuales puede ocurrir de todo, menos que se le brinde al ciudadano una justicia expedita, sobre todo cuando se carece de los recursos económicos para solventar los gastos y las mordidas.

Las principales arterias de la capirucha están intransitables, ya por los baches o por los carriles confinados para ciclistas y obras de relumbrón que entorpecen la vialidad. En las horas pico la capital se torna en un gigantesco estacionamiento en donde la movilidad de los automotores es a vuelta de rueda.

La benevolencia de la naturaleza, limpia a la ciudad de la polución ambiental y las lluvias llenan los embalses de las presas que surten del vital líquido a la urbe, porque las políticas públicas que se han diseñado e implementado para evitar la contaminación y la sequía, brillan por su ausencia y son un fracaso.

La CDMX está asentada sobre una bomba de tiempo en virtud de las placas tectónicas que la afectan y que a lo largo de la historia han provocado grandes terremotos como el de 1985 y el temblor de 2017, sin embargo, esto no es suficiente para frenar el crecimiento urbano desorbitado, desordenado y caótico.

El Metro es tan vulnerable que en cualquier momento nos amanecemos con la noticia de otro percance mortal como ocurrió el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12, la Línea Dorada,  en los límites de Tláhuac e Iztapalapa, en donde, por desgracia fallecieron 26 personas.

La corrupción se enquista en las principales áreas del gobierno central y en varias alcaldías gobernadas por Morena y ello, seguramente, le pasará factura en los comicios del 2027.

La oposición en el Congreso capitalino ha denunciado en tribuna la mala gestión e ineptitud de Brugada, pero, al igual a lo que ocurre a nivel federal, se hacen como que la virgen les habla.

Si se hace el ejercicio de quitar los programas de asistencia social en la capital, esos que regalan dinero a los capitalinos,  quedaría al descubierto en toda su magnitud, la verdadera capacidad de gobernar que tiene la señora jefa de gobierno.

En más de una ocasión, la presidenta Sheinbaum ha tenido que entrar en acción para tapar las limitaciones y yerros de la ex titular de la alcaldía de Iztapalapa, como es el caso de acelerar los trabajos para tener una ciudad que de lustre a México con motivo del mundial de futbol que arranca en unos meses.

Los ojos del mundo estarán puestos el próximo 11 de junio en la inauguración de la gesta futbolera con cedes en la CDMX, Monterrey y Guadalajara y en donde además de la capacidad y habilidad de los futbolistas, se pondrá a prueba a Brugada, Samuel García y Pablo Lemus. 

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.