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Desde San Lázaro. Se acaba la paciencia de Trump. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

14 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Se acaba la paciencia de Trump. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/realDonaldTrump

La conclusión simplista y convenenciera de que la presidenta mexicana ganó a su contraparte norteamericana en la conversión telefónica de 15 minutos que sostuvieron ambos mandatarios recientemente, responde más un apunte que refleja ignorancia e incomprensión de la delicada situación que se vive entre ambos gobiernos, en virtud de que Claudia Sheinbaum se niega a entender el riesgo en el que se encuentra por tratar de encubrir a su mentor y varios de sus más cercanos colaboradores.

El tema  central para Donald Trump es entregar a los narcopolíticos mexicanos y no solamente a los capos de la droga y en ello se juega Claudia Sheinbaum  su capital político y sobre todo,   el lograr equilibrar las fuerzas en las mesas de negociación en torno al T-MEC y otros asuntos como la prohibición de exportar carne por culpa del gusano barrenador,  la imposición de aranceles, el cierre del AIFA a vuelos provenientes de Estados Unidos y otros tantos temas que agobian al gobierno de la 4T, en una agenda bilateral que, como pocas veces en la historia, es de lo más complicada.

El envío de petróleo mexicano a Cuba para sostener a la dictadura es otra afrenta para la Casa Blanca y se convierte en un dolor de cabeza para el mandatario norteamericano, quien, por cierto, tiene el diseño completo de la estrategia para deponer a Miguel Díaz-Canel, como presidente cubano, para dar paso a la apertura democrática de la Isla y en ello está, por supuesto estrechar el bloqueo comercial.

La extracción de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de EU ha modificado las estimaciones y los escenarios de prospectiva para medir el alcance de las amenazas vertidas por Trump contra México y ello, no lo ha dimensionado con toda amplitud Claudia Sheinbaum.

Ya no son “baladronadas y loqueras”, se trata de amenazas reales en torno a la intervención militar para extraer a capos de la droga y a narcopolíticos mexicanos.

Desde la mañanera se insiste en esgrimir el discurso de proteger la soberanía, argumento insulso porque no está en riesgo, en lugar de proceder conforme a la ley para dejar de proteger a criminales que han sido señalados por los testigos protegidos como el Mayo Zambada y los Chapitos, entre otros, como sus cómplices en la gigantesca operación de trasiego de drogas sintéticos, como el fentanilo, a Estados Unidos.

Mientras no se capturen a los políticos mexicanos cómplices de los narcos, no hay acción válida para quitarse la bota gringa del cuello.

No son con llamados a levantarse contra el imperio, porque ese cuento nadie se lo cree, sino de restablecer el estado de derecho y mantener el orden constitucional que tutela los derechos humanos de todos los mexicanos. 

Hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno de la 4T carece del apoyo popular para acuerpar a la presidenta en su intento de mostrar músculo ante Trump, ya que ella misma se ha dedicado a dejar de lado a la población que no simpatiza con su proyecto.

Los adeptos de Morena y aliados políticos no superan los 15 millones de personas, cuando en el padrón electoral hay más de 100 millones de ciudadanos.

El país está dividido por culpa de AMLO y ahora de la presidenta porque desde Palacio Nacional se alienta a diario esa polarización para establecer una narrativa oficial en contra de la clase media, de los ”fifís” y de  “conservadores”, quienes, al final de cuentas son los que fondean a los programas de asistencia social a través de los impuestos que pagan.

En momentos en que la negociación del T-MEC entra en su fase definitoria, en el oficialismo se hace de todo para ser el país más afectado de los tres que componen el acuerdo comercial. Como están las cosas, seguirá el nuevo tratado comercial bilateral, pero con un sentido proteccionismo hacia las empresas y consumidores norteamericanos.

REFORMA ELECTORAL DE LA DICTADURA.

Sorprendieron a algunos ilusos, las palabras del “luchador social de izquierda” Pablo Gómez al rechazar contundentemente la autonomía e independencia de los órganos electorales, lo que anticipa con la reforma electoral de Sheinbaum,  que el INE y por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán un apéndice de la Secretaria de Gobernación como en los mejores tiempos de la dictadura perfecta, como calificara el escritor peruano, Mario Vargas Llosa al  PRI del siglo pasado.  

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.