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Desde San Lázaro. El ocaso de la izquierda en América. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Dic 2025
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Desde San Lázaro. El ocaso de la izquierda en América. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/DanannOficial

Podría no ser un movimiento articulado y homogéneo en América del Sur  sobre el desplazo de la izquierda, aunque el desencanto de la población ante la ineficacia de los gobernantes provenientes de gobiernos de esa plataforma ideológica es una de la causas torales para tirarlos  como fichas de dominó en una secuencia que preocupa, obviamente a Claudia Sheinbaum y al movimiento de transformación que encabeza junto con su mentor.

 La presidenta de la República reconoció esa preocupación sobre el avance de la derecha en Centro y Sudamérica, al igual que  otros liderazgos del oficialismo como el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal,  por lo que cobra mayor importancia las elecciones intermedias del 2027 y por supuesto en 2030.

Desde 2019, con la irrupción de Nayib Bukele en El Salvador y luego con los liderazgos como Rodrigo Chávez en Costa Rica, Novoa en Ecuador, Mulino en Panamá, Milei en Argentina y ahora Kast en Chile, se observa una tendencia irreversible que tocará a otros países del continente.

La fórmula de igualdad y del populismo de la izquierda está más desgastada que unas botas de un jornalero, en virtud de que ha condenado a millones de personas a la pobreza extrema y la marginación.

Dice Monreal que hace seis años, eran 12 países de América Latina y el Caribe que habían tendido hacia la izquierda, o el centro-izquierda; y ahora, de los 12, los seis últimos que han tenido elección todos se han ido a la derecha o a la ultraderecha.

Reconoce el zacatecano que existen distintos factores para la alternancia política de izquierda a derecha. Uno de ellos es la división interna de la izquierda, como sucedió en Bolivia, en donde se escindió la fuerza mayoritaria que comandaba, o encabezaba, a Evo Morales. Tuvieron división, discusión con el presidente en funciones, se dividió esta fuerza política y se coló la derecha.

Y en otros, por la injerencia de gobiernos extranjeros, como lo que acusa ahora la presidenta Xiomara, y otros más también por errores de la izquierda y por no cumplir con sus compromisos.

Lo que ocurre en Morena en estos momentos sobre el canibalismo político que se da entre sus tribus, es, sin duda la génesis de la derrota anunciada en los próximos comicios.

No dude estimado lector que cuando empiecen a decantarse los nombres para ocupar las 17 candidaturas para gobernador y 500 (o menos, depende de la reforma electoral)  de diputados federales, se recrudezcan las luchas intestinas en Morena y con ello aumenten las posibilidades de la victoria de la oposición.

Advierte Ricardo Monreal que hoy hay mucha competencia interna. Incluso en los 17 estados del país, aunque va a haber la mitad y la mitad de hombres y mujeres, “percibo que ahora la mujer está muy competitiva en varios estados del país, y hay que fijar reglas claras para evitar campañas anticipadas o campañas financiadas de manera indebida, ilícita incluso, ya sean recursos públicos o recursos privados”.

Y también, aclara el zacatecano,  que al establecer las reglas ya se defina el método: si va a ser de encuesta, si va a ser de convención, y que el partido empiece a hablar con los actores políticos, pero no sólo para gobernadores y gobernadoras, sino también para legisladores, presidentes municipales.

El miedo no anda en burro y por ello se explica el temor del oficialismo ante diversas amenazas que ya ponen en jaque a su partido político

“Siento que hay hoy una efervescencia en la participación política de Morena y obviamente de los aliados, PT y Verde, también están en ese propósito. Y estamos a tiempo de evitar deserciones, fracturas, rupturas, renuncias anticipadas, que nos afecten en nuestra unidad. Hay que estar viendo lo que está pasando en otros países para no cometer errores que nos alejen de la confianza ciudadana”, advierte Monreal.

La estrategia implementada en Palacio Nacional para ocultar los casos de corrupción de miembros prominentes de la 4T, ya es insuficiente e inútil porque no se puede tapar el sol con un dedo.

La construcción de un México irreal y de ocultar o tergiversar información por parte de la presidenta de la República cada vez convence menos a más mexicanos y ello, se refleja en los enormes niveles de malestar que prevalece entre la ciudadanía contra el gobierno.

Justamente por este encabronamiento social y la polarización existente han caído los gobiernos de izquierda en la región.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.