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Desde San Lázaro. Esposas (de gobernadores) al poder. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Esposas (de gobernadores) al poder. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

En el vórtice del torbellino provocado por ellos mismos, la presidenta resiente el fuego amigo de los aliados políticos como el PVEM y de supuestos opositores como MC, ya que dos gobernadores emanados de esas franquicias políticas, se quieren pasar por el arco del triunfo la indicación presidencial de rechazar al nepotismo al pretender dejar el cargo que ostentan en las faldas de sus esposas.

Estamos hablando, por supuesto del ecologista el “Pollo” Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí  y del emecista  Samuel García, mandatario de Nuevo León, quienes sin la menor vergüenza, acomodan las piezas del tablero para que sus cónyuges se queden en los cargos públicos  que tienen, al dar por descontado que ambas mujeres ganarán la elección respectiva en el 2027.

No solo  ignoran la voluntad presidencial, sino que a año y medio de las elecciones, se pitorrean de los electores potosinos y regios a quienes se les niega el valor de su voto porque desde ahora  suponen  que sus esposas ganarán en los comicios sin importar los candidatos que presenten Morena, PRI, PAN y partidos locales para disputar la gubernatura.

Para nadie es un secreto que el PVEM es un mercenario de la política al mamar de la ubre del partido que esté en el poder. Así sucedió con el PAN en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón, luego con el PRI con Enrique Peña Nieto y después, sin prurito alguno, con AMLO, no obstante las diferencias ideológicas entre los verdes,  azules, tricolores y al guindas.

Así, han consolidado su permanencia en el pandero político y acrecentado la enorme riqueza económica que ostentan sus dirigentes.

Los Verdes estarán con Claudia Sheinbaum hasta el límite de sus conveniencias y no de los principios doctrinarios y políticos que les dan sentido y pertenencia.

Defienden el medio ambiente cuando es conveniente,  o acaso, estimado lector, se pronunciaron públicamente contra AMLO ante la devastación de la selva por el Tren Maya, por supuesto que no, eligieron  guardar un ominoso silencio que puso al descubierto, una vez más, de qué tamaño son sus convicciones ecológicas.

En San Luis Potosí ya está en vigor la “Ley del Pollo Gallardo” o la “Ley Ruth” como ha sido bautizada popularmente por sus detractores y se refiere a una reciente reforma electoral en esta entidad que busca facilitar que la esposa del gober precioso, Ruth González Silva, sea candidata a la gubernatura en las próximas elecciones.

La ley en cuestión fue impulsada por el PVEM en el congreso estatal e incluye la obligación de que la candidatura a la gubernatura para el siguiente periodo sea ocupada por una mujer en cumplimiento con la paridad de género.

En el papel suena bien, aunque quien sea gobernador debe ser por sus capacidades y no por una cuestión de género, pero bueno, se vale en tiempos del empoderamiento político de las féminas, lo que no se vale es que sea tan obvio el deseo irrefrenable y inocultable de los tortolitos para mantenerse en el poder en SLP por los menos 12 años.

La reforma dinástica de los “Pollos” es nepotismo puro, además de establecer condiciones de inequidad en la búsqueda de la candidatura para gobernador de los Verdes a otras mujeres que tienen mayores merecimientos, ya por su trayectoria política, en la administración pública e incluso en los niveles de popularidad entre los potosinos.

Si el Pollo Gallardo impone a su esposa como candidata del PVEM para sucederlo, existen grandes posibilidades de derrota para esa franquicia, en virtud de que Morena apostará todo para castigar a este desleal  por atreverse a jugar en contra de la presidenta Sheinbaum.

En Nuevo León, las cosas lucen más complicadas para  Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú, ya que aun logrando cumplir su sueño guajiro de heredarse el trono entre cónyuges, no existen condiciones para que MC mantenga en poder en este estado, toda vez que cuando decidió competir la FOFO en una elección local, perdió estrepitosamente, tal fue el caso en 2024 cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Monterrey.

La Influencer ha cavado su propia tumba política al divulgar en redes sociales, la riqueza y los gustos exquisitos que tiene por el buen vestir y la buena vida. Todavía se recuerda la controversia causada en torno a los 120 pares de zapatos que presumió de su pequeña hija.

Se pone interesante el escenario político para el 2027 en donde todo puede suceder, hasta la implantación de monarquías en las entidades del país.  

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.