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Desde San Lázaro. La corrupción; divisa de Morena. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

19 Dic 2025
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Desde San Lázaro. La corrupción; divisa de Morena. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/PartidoMorenaMx

Si no fuera por los críticos del sistema, no habría instancia gubernamental  que descubriera la podredumbre que corroe los cimientos de la 4T, ya que gracias a las revelaciones que han hecho diversos medios de comunicación, Mexicanos contra la Corrupción y periodistas sobre la corrupción que encuentra una de sus expresiones en el huachicoleo fiscal; ni la CNDH, ni el Poder Legislativo, ni el Judicial y mucho menos las dependencias que asumieron las funciones de los organismos autónomos como el INAI, tocarán oficialismo ni con el pétalo de una rosa.

El caso de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de Investigación de la Agencia Nacional de Aduanas de México,  el también conocido como  “Lord Relojes” trascendió a la opinión pública por las investigaciones realizadas por empresarios y grupos que hacían trámites aduaneros que tenían que pagar el diezmo correspondiente para liberar sus productos de las aduanas, hecho que obligó a la presidenta a correrlo y esperemos que el caso no quede hasta esa remoción, sino que continúe hasta las últimas consecuencias.

La desfachatez de presumir su colección de relojes de alta gama y los vehículos deportivos, así como sus propiedades, alertaron a la FGR y a la Secretaria Anticorrupción de Raquel Buenrostro, sobre el proceder de Tonatiuh, quien debió tener un padrino en las alturas de la 4T y no hay otro que “Andy López Beltrán, para llevar a cabo sus fechorías.

Este caso como el del  Huachicoleo fiscal en donde, de entrada, hubo un daño patrimonial a la Nación de 600 mil millones de pesos y en el cual salieron embarrados varios servidores públicos de alto nivel como Adán Augusto López o el almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y sus familiares; trascendió y se hizo viral, gracias a relevaciones publicadas en medios de comunicación y redes sociales y que, no obstante, que el gobierno de Sheinbaum trató de minimizarlos, lo cierto es que dañó severamente la imagen de impolutos de AMLO y sus secuaces.

Justo por estas razones y por la ineptitud de los gobiernos de izquierda en el continente, han caído como fichas de dominó los gobernantes izquierdosos de la región y por ello, lucen preocupados   los prominentes miembros de la 4T, incluyendo el tabasqueño que está resguardado en su madriguera de Palenque.

Ahora bien, ya corrieron a “Lord Relojes” pero, ¿quedará hasta allí el asunto?  o será investigado hasta las últimas consecuencias sobre el lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos que seguramente vienen agarrados de la mano.

La corrupción es la divisa distintiva de Morena y de todo el grupo en el poder y aunque tengan el control total del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que tarde que temprano y con la ayuda de gobiernos democráticos y desde luego, por la presión de los mexicanos, serán juzgados por sus delitos esas ratas enfundados en las casacas guindas.

No es exagerado aseverar que en futuro, ya cuando deje de gobernar el país el obradorato, quedará el estigma de la corrupción sobre sus nombres.

Cuando se pensaba que ya se conocían todos los casos de personajes de la 4T manchados por la corrupción,  saltan otros, como el caso de Tonatiuh y no hay que dudar que mañana o pasado nos amanecemos con otros casos similares, en donde la corrupción corrompe las entrañas de la autollamada 4T.

La presidenta de la República debería apretar las tuercas a sus correligionarios y subalternos para limpiar la casa de corruptos y tal vez, por ello, se comienza a mencionar en radio pasillo de inminentes relevos en el gabinete de secretarios de Estado y del gabinete ampliado, así como legisladores que fueron impuestos por López Obrador y que no gozan de las simpatías de la doctora.

Se habla de Mario Delgado, titular de la SEP, de Octavio Romero, de INFOANVIT, Martí Batres, del ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez, de Segob y otros tantos, como Adán Augusto López Hernández, presidente del Senado.

Si no se limpia la casa ahora, luego no se quejen de que habrá otra alternancia política en la región, al pasar de un gobierno de izquierda representado por el binomio AMLO-Sheinbaum a uno de derecha que en nuestro país no hay otro que el PAN o tal vez, algún candidato de la sociedad civil. Veremos dijo un ciego.

En los próximos días este reportero tomará unas vacaciones que si bien, tal vez no son merecidas, pero sí muy necesarias. Felices fiestas decembrinas. Abur.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.