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Desde San Lázaro. Todo el tiempo contra la pared. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

16 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Todo el tiempo contra la pared. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/USEmbassyMEX

La presión que ejerce Donald Trump a su contraparte mexicana sobre el Tratado de Aguas que está vigente desde 1944 y que obliga a nuestro país a enviar una cantidad determinada de vital líquido cada cinco años a Estados Unidos, es muy violenta con la amenaza de incremento a aranceles en un 5%, sin considerar que ese incumplimiento se debe a la extrema sequía que azota la frontera norte desde hace varios años, por lo que no es posible atender la petición en el corto plazo, ya que compromete al campo y a varias zonas metropolitanas del norte de México,  como en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, entre otras.

Y no es que se niegue a cubrir la cuota respectiva de agua, sino porque se carece de ella, por lo que la presidenta Sheinbaum pidió más tiempo para cumplir con el compromiso y para ello se llevan a cabo diversas reuniones entre ambos gobiernos.

La petición del mandatario norteamericano es con un sentido de urgencia para recibir el pago en este mes de diciembre y en caso de no hacerlo se impondrá un arancel del 5% a los productos mexicanos que se exporten a EU, lo que a todas luces es injusto y arbitrario.

En primera instancia para atenuar el problema,  se acordó la entrega de más de 249 millones de metros cúbicos de agua a la Unión Americana. La Secretaria de Relaciones exteriores informó que nuestro país no cometió ninguna violación en el Tratado de Aguas de 1994, y en cambio, hizo entregas adicionales.

El Tratado signado en 1944 entre ambas naciones establece la asignación de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo desde FortQuitman, Texas, hasta el Golfo de México, en donde se define la asignación de agua del río Bravo a los EU y del río Colorado a México.

El acuerdo de aguas ha funcionado bien durante 50 años como una herramienta para la resolución pacífica de problemas de gestión del agua transfronteriza, empero, desde finales del siglo XX, las entregas de agua por parte de nuestra país no han sido suficientes.

El caso es que si no es por una cosa es por otra, pero México está sujeto al castigo de aranceles, ya sea por los narcoterroristas, o por el gusano barrenador,  por el agua, el jitomate, el aluminio, el acero y todo aquello en donde pueda sacar raja política y económica el magnate inmobiliario.

Ante este golpeteo sistemático, Sheinbaum ha optado por la mesura y la prudencia, algunos le llaman miedo, pero lo cierto es que a veces es desesperante como traga sapos la doctora.

Las cartas que juega Trump para doblegar a la presidenta, tienen como comodín la información delicada que compromete a AMLO, familiares y algunos de sus colaboradores y gobernadores, porque, si no fuera el caso, no se explica la actitud pasiva y sumisa del gobierno de la 4T.

Desde luego, hay mucha culpa de parte del actual gobierno y de las gestiones anteriores pasando por AMLO, pero se debería tener una posición más digna y soberana ante los arranques trumpistas.

En el tema del Tratado de Aguas, se vislumbraba desde hace varios lustros que cada vez sería más difícil cumplir con el envió del líquido a Estados Unidos debido a la extrema sequía que azota el norte del país por el cambio climático, pero se ha hecho muy poco para buscar otras alternativas para generar agua en territorio nacional con las nuevas tecnologías para “sembrar” agua y desplazar de las cuencas del centro y sur del país esos excedentes que, como se observó en este año, fue de tan nivel que provocó inundaciones sin precedentes, tanto en Veracruz, Tabasco Chiapas, SLP, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Estado de México y hasta en la capital del país.

En algunas regiones hay sequía y en otras, inundaciones, es un modelo mundial que se acentúa conforme pasan los años, sin embargo, mientras que en otros país se saca agua de las piedras y del desierto como ocurre en Israel, aquí, se deja todo a la deriva y a la benevolencia de la naturaleza.

Los gobiernos del PRI, PAN y Morena no han invertido en infraestructura para suministrar a las grandes zonas urbanas  y al campo del agua necesaria y suficiente, todo se  ha dejado de forma incierta y a que los propios campesinos y productores de alimentos se rasquen con sus propias uñas, sin embargo, ahora con la nueva Ley de Aguas en donde se le otorga al gobierno toda clase de potestades sobre derechos particulares y de comunidades agrícolas, pues se complica el escenario a futuro.

La bota de Trump no deja ni respirar al gobierno mexicano, veremos hasta cuando se libera esa presión.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.