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OPORMEX solicita limitar importaciones de carne de cerdo de Brasil Destacado

12 Dic 2025
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OPORMEX solicita limitar importaciones de carne de cerdo de Brasil Imagen de: Cortesía

El presidente Ejecutivo de la Organización de Porcicultores Mexicanos (OPORMEX), MVZ Jorge Iván Espinosa Vázquez y el presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) Ing. Homero García de la Llata, coincidieron en alertar sobre las importaciones de carne de res y cerdo desde países como Brasil, que sin tratado comercial desplazan a los proveedores tradicionales de esta proteína poniendo en riesgos las actividades nacionales. 

El MVZ Iván Espinosa Vázquez, confió en que el Gobierno Federal mantendrá el cupo de 51 mil toneladas para la importación de carne de cerdo proveniente de países con los que México no tiene tratados comerciales, como Brasil, criterio que deberá reflejarse en el próximo decreto del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). 

De no respetarse dicho límite, las importaciones podrían superar las 130 mil toneladas en 2026, poniendo en riesgo la producción nacional y la soberanía alimentaria. 

OPORMEX reconoció el valor del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para proteger la economía familiar; sin embargo, advirtió que combatir la inflación no puede comprometer la sanidad ni la competitividad del sector, especialmente cuando los altos volúmenes de importación no han generado beneficios directos al consumidor y, por el contrario, han desestabilizado el mercado. 

“Los precios al consumidor final no se han detenido. Los volúmenes de importación no correlacionan con los precios monitoreados por la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO) y nos colocan en una situación muy complicada porque distorsionan el mercado de la carne”, señaló Iván Espinosa. 

La organización recordó que ya presentó al Gobierno Federal el Plan México para la Industria Porcina, que propone impulsar la producción doméstica para lograr un crecimiento del 6.7% en 2030, alcanzando el 70% de abastecimiento nacional y avanzando hacia la autosuficiencia en carne de cerdo. 

Finalmente, Espinosa subrayó que toda importación desde países sin acuerdos comerciales debe realizarse con prudencia técnica, pues permitir ingresos indiscriminados desde regiones sin equivalencia sanitaria ni trazabilidad homologada, representa un riesgo grave para la bioseguridad, además de afectar la estabilidad de precios tanto para productores como para consumidores. 

A su vez el Ing. Homero García de la Llata, comentó que, con cifras de Aduanas del Gobierno de México, a octubre del 2025 se han contabilizado poco más de 100 mil toneladas de carne de Brasil y se estima que para el cierre de año estas alcancen las 120 mil, desplazando a proveedores tradicionales poniendo en riesgo a 750 mil productores mexicanos. 

Sin embargo, los ganaderos dan un paso al frente, ofertando en el corto plazo cerca de 420 mil de cabezas de ganado de calidad de exportación, mismas que hoy, por el cierre unilateral del comercio de ganado en pie por el gobierno norteamericano, no han sido exportadas, a la industria de carne nacional. 

Aunado a lo anterior, la CNOG propone un cupo máximo de 70 mil toneladas anuales para países sin tratado de libre comercio, considerando que de entre las balanzas comerciales de proteína animal, la de bovinos ha presentado en los últimos 10 años un saldo superavitario y el sector bovinos carne puede abastecer el mercado nacional al 100%. 

Finalmente, García de la Llata confió que tras las pláticas que se han sostenido con las secretarías de Agricultura, Economía y Hacienda, además de la buena disposición de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, se pueda detener esta sobre importación de carne.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.