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Desde San Lázaro. Ya salió de la madriguera. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

11 Dic 2025
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Desde San Lázaro. Ya salió de la madriguera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

El contenido del texto que importa, lo relevante es que el gran Tlatoani López Obrador dice que escribió otro libro y ello es motivo suficiente para que su hermano, no de sangre, Adán Augusto López Hernández, abriera la chequera para desembolsar unos cuantos pesos para él, se habla de 7 millones 839 mil pesos para comprar 17,420 ejemplares, mismos que regaló a cada uno de los integrantes de la bancada de Morena en el Senado.

El hecho no pasaría del anecdotario, sino fuera porque ese volumen de recursos no corresponden a los ingresos de un senador de la República con notarias y ganado, aunque para un miembro prominente de la 4T que ha estado señalado como huachicolero fiscal  y comparsa del grupo criminal de la Barredora que comandaba su subalterno, Hernán Bermúdez (hoy aparentemente recluido en el penal del Altiplano) ex secretario de seguridad pública cuando Adán Augusto era gobernador de Tabasco; es como quitarle un pelo a un gato de angora.

Si alguien puede gastar más de 7 millones de pesos en la compra de libros para regalarlos, habla de una gran fortuna que, sin duda fue construida al amparo del poder público y por supuesto de su hermano putativo, Andrés Manuel López Obrador.

Hablar del contenido de “Grandeza” sería tiempo perdido, tanto en la lectura como en el comentario, lo relevante del caso es que este libelo le servirá de pretexto a AMLO para recorrer el país con el pretexto de presentarlo a los mexicanos, pero que, en realidad, será para apuntalar su proyecto y hegemonía política por encima de cualquier miembro de la 4T, incluyendo a la presidenta de la República.

Los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron los peores meses de la gestión de la mandataria, ya que además del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y las subsecuentes manifestaciones, tanto de la generación Z como de campesinos, agricultores, transportistas, ocurrió el destape de la cloaca relativa al  huachicoleo fiscal que involucró a altos mandos de la Marina y al propio Adán Augusto López Obrador.

Como respuesta del obradorato para contener la crisis, tuvo que salir de su madriguera AMLO para respaldar a su discípula y “defender la democracia”, lo que representó una enorme falta de respeto a la presidenta de México, ya que dejó al descubierto el papel que juega ella en el proyecto político de AMLO.

Primero muerto que dejar que la oposición acceda al poder, por ello el tabasqueño está dispuesto a romper su palabra de retirarse de la vida política después de su gestión con tal de impedir que se pierdan las elecciones intermedias de 2027.

El temor del oficialismo es muy grande, tan grande como la reaparición de AMLO y del embate contra los opositores con todos los instrumentos del Estado.

La manifestación de acarreados del pasado sábado es parte de ese temor que tiene la 4T por perder las elecciones intermedias que pudiera causar en el 2030 la entrega de la presidencia de la República a la oposición.

Por supuesto, el poder acumulado por parte de la Jefa del Ejecutivo Federal es tan inmenso que impide el piso parejo para llevar a cabo unas elecciones equitativas y transparentes, pero esta situación no importó en tiempos del PRI cuando en el 2000, luego de siete décadas en el poder,  tuvo que reconocer la victoria del panista Vicente Fox.

En contraparte, el PAN y el PRI no viven sus mejores momentos y ello le facilita al oficialismo su permanencia en el poder.

El tricolor está al borde la extinción y el PAN ha perdido la brújula con Jorge Romero, quien no atina articular una buena estrategia política para granjearse las simpatías del electorado.

MC a quien todavía muchos consideran como parte del bloque opositor, juega su propio juego en un claro amasiato con Morena.

El peor enemigo de Morena está en sus filas y esa lucha fratricida por el poder será la causa de la debacle.

Desde luego el ejercicio del poder ya como gobierno, desgasta de forma significativa a Morena y también por los innumerables casos de corrupción que prevalece en los cuatroteros.

Si no fuera porque las agencias de inteligencia y control de drogas de Estados Unidos tienen en la mira a los funcionarios políticos mexicanos coludidos con el hampa y en particular con los narcoterroristas, no habría posibilidad de enterarnos de los escandalosos casos de corrupción como el huachicoleo fiscal que abrió un hoyo a las finanzas públicas por más de 600 mil millones de pesos.

 No hay que olvidar que Los Mayitos y el mismo Mayo Zambada, testigos protegidos de la fiscalía de Estados Unidos, han abierto la boca para denunciar a sus cómplices de la 4T lo que pone más nervioso a López Obrador.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.