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Desde San Lázaro. El miedo a la rechifla en el azteca. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Dic 2025
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Desde San Lázaro. El miedo a la rechifla en el azteca. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

El rechazo de la presidenta Sheinbaum a acudir al partido inaugural del mundial de futbol en el estadio Azteca, Banorte, CDMX o como se llame, habla más del miedo de la mandataria por no resistir la prueba del ácido de un encuentro directo con el pueblo, quien, sin tapujos, expresa sus reales sentimientos ante el gobernante en turno.

Todavía se recuerdan las rechiflas y los recuerdos familiares en el pasado contra Gustavo Díaz Ordaz en la inauguración de las olimpiadas de 1968 en el estadio de CU, aplaudiendo con las manos manchadas de sangre por la matanza de estudiantes el 2 de octubre; o contra Miguel de la Madrid en 1986 (quien acudió con el señalamiento de haberse escondido luego del terremoto de 1985) en la entrega de la copa FIFA a la selección Argentina con todo y Diego Maradona.

Si fueran reales los niveles de aceptación que tiene Sheinbaum entre la población, no cabría el temor por asistir al Azteca.

Si la mega manifestación de acarreados celebrada en el zócalo capitalino el pasado sábado hubiera sido espontánea, saldría la doctora en hombros del coso de Santa Úrsula, pero lamentablemente para ella no será así.

El mismo López Obrador, el prócer de la 4T, padeció en carne propia el abucheo generalizado de los asistentes en la inauguración del estadio (24/03/19) de béisbol Alfredo Harp Helú, en donde los insultos y recuerdos a su progenitora fueron de pronóstico reservado.

Entonces, que no diga la doctora que su ausencia en el partido inaugural del mundial de fut se deba a que los boletos son muy caros, inaccesibles para el pueblo, y por ello se abstiene de asistir.

El miedo no anda en burro dicen en mi pueblo.

El argumento es pueril y absurdo como el de viajar en aviones comerciales o transportarse en Tsuru, como su mentor, quien al poco tiempo dejó ese vehículo para moverse en “camionetonas” y en aeronaves de la fuerza área, tal como lo hace ahora, en lugar de viajar como lo hace cualquier mortal común en Viva o Aerobus.

Ningún expresidente de México, goza de los privilegios con los que dispensa la doctora al tabasqueño, desde la protección personal a él y a su familia, con miembros de las fuerzas armadas, hasta privilegios de transportarse en las aeronaves de la SEDENA.

El populismo izquierdista se disfraza der austeridad, cuando en realidad, los cuatroteros representan a la nueva clase de millonarios con fortunas provenientes de los recursos públicos.

Nos faltaría espacio en esta columna para citar los nombres de los personajes del oficialismo que son inmensamente millonarios ubicados en las gubernaturas, Poder Legislativo y el círculo cercano de poder de AMLO y sus más cercanos cuates, como Adán Augusto López Hernández.

Incluso los ahora apestados como Alejanadro Gertz Mnaero o Manuel Bartlett nadan en sus inmensas fortunas.

Ningún presidente de los países en donde se ha inaugurado el mundial de futbol se ha ausentado a la ceremonia de arranque de las gestas deportivas y menos con el absurdo argumento de que los boletos son muy caros para el pueblo.

Han estado todos los mandatarios presentes de los cinco continentes y de regímenes democráticos e incluso autoritarios en la inauguración del evento deportivo más importante del orbe.

Con ese mismo argumento de austeridad no hubiera acudido al sorteo de los partidos del mundial a desarrollarse en México, Estados Unidos y Canadá, porque los boletos de avión son muy caros.

Un presidente tiene obligaciones inherentes a su cargo como representar dignamente a su país en los grandes acontecimientos mundiales y más si existe la posibilidad de reunirse con los dirigentes políticos de otras latitudes, como ocurrió en Washington en el encuentro con Donald Trump y Mark Carney.

Las tres sedes del mundial en México, están trabajando a contracorriente porque el tiempo está encima y todavía hay muchos pendientes que resolver como temas de terrorismo, violencia e inseguridad, infraestructura urbana, conectividad y aeropuertos obsoletos e insuficientes como el de la CDMX que, no obstante, la manita de gato que le están dando, pues resultará insuficiente para atender a los cientos de miles de visitantes que llegarán a nuestro país el próximo año.

Dirán algunos oficialistas que para eso se construyó el AIFA, sin embargo, está demostrado que no cumple con los requisitos de conectividad entre ambas terminales aéreas y menos cuenta con el transporte terrestre suficiente para mover a los pasajeros a sus sitios de hospedaje en la capital del país.

El AIFA es un elefante blanco que ahora que se quedó sin los escasos vuelos internacionales a Estados Unidos, representa el prototipo de la ineptitud, el capricho y el dispendio, toda vez que su operación le cuesta a los mexicanos más de dos mil millones de pesos anuales.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.