La añeja tentación de que manos ajenas a los sindicatos, seducidos por el poder y el control económico, intervinieran en su operación interna para, incluso, decidir sobre los liderazgos sindicales, ha quedada aniquilada con las reformas recientemente aprobadas por unanimidad por el Senado para salvaguardar la autonomía sindical y sancionar cualquier injerencia en la vida interna de las organizaciones gremiales.
Esta reforma, impulsada por el senador Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, representa un paso histórico para consolidar la libertad, la democracia y la transparencia de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.
Cepeda Salas explicó que, con lo aprobado este miércoles, se garantiza el pleno respeto a la voluntad de las y los trabajadores, al tiempo que se establecen sanciones claras para evitar toda forma de intromisión en los procesos de elección, reelección o destitución de dirigencias sindicales. El nuevo marco legal protege así la independencia de los sindicatos frente a cualquier interés ajeno a sus integrantes. Blinda y garantiza la autonomía sindical.
“Es la garantía de que nunca más el poder político interferirá en sus decisiones, ni sustituirá la voluntad de las trabajadoras y trabajadores (…) Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción; no más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más dirigencias a modo, no más subordinaciones indignas. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación tenemos claro que los derechos laborales son derechos humanos”, aclaró el líder del magisterio.
El decreto aprobado, que pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, adiciona el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional y el Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con estas modificaciones, se considera falta administrativa grave cualquier acción de servidores públicos que obstaculice o interfiera en los procesos democráticos internos de los sindicatos.
Además, el decreto amplía la protección jurídica a las organizaciones sindicales del apartado B del Artículo 123 constitucional, al establecer que los actos de injerencia —ya sean directos o por interpósita persona— serán sancionados con suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, así como sanciones económicas, según corresponda.
“La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos, y, desde luego, es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía”, advirtió el senador Cepeda Salas.
El decreto fortalece el Estado de derecho, consolida la democracia sindical y asegura que la asociación, libre elección y representación de las y los trabajadores se respeten plenamente.
El SNTE a través de su representación legislativa está logrando avances para los sindicatos del aparatado B del artículo 123 constitucional, es decir no solo estos beneficios son para los maestros, sino para el grueso de los trabajadores al servicio del Estado que están agrupados en sindicatos.
RELEVOS EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Una magistrada salió por la puerta grande, la de la dignidad, independencia y apego a la Carta Magna, su nombre, Janine Otálora Malassis, quien prefirió renunciar a la prerrogativa de mantenerse en su cargo por varios más y seguir soportando a sus iguales en resoluciones electorales que nada tiene que ver precisamente con el marco normativo vigente en esta materia; en cambio, la otra magistrada, Mónica Soto, dejó la presidencia del Tribunal Electoral sin pena ni gloria, tras una estela de sospechosismo sobre su incondicional apoyo a la 4T para aprobar las mayorías calificadas artificiales en el Congreso y también por ser cómplice de la orquesta de acordeones que encumbraron a una bola de ignorantes al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó la atención que en la ceremonia en donde se nombró al nuevo presidente del tribunal, Gilberto Bátiz, se ausentara Mónica Soto, suceso extraño, sobre todo porque en dicho acto acudió la cúpula judicial alineada al Poder Ejecutivo como el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar.
El nuevo presidente del TEPJF señaló en su toma de protesta que un tribunal dividido no le sirve a México, en clara alusión a la magistrada faltista. Falta ver en sus resoluciones para observar de qué lado masca la iguana, es decir si mantendrá la línea del oficialismo o se plegará estrictamente a lo dispuesto en la Carta Magna y leyes electorales.
