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Desde San Lázaro. Hace falta algo más que el plan Michoacán. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

06 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Hace falta algo más que el plan Michoacán. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

La estrategia para combatir la violencia e inseguridad en Michoacán pasa por un refrito de un Plan Michoacán que se implementó desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, luego con Felipe Calderón, después con Enrique Peña Nieto y ahora con la presidenta Sheinbaum en donde se instrumentan una seria de acciones y políticas públicas transversales para combatir al delito bajo diversos enfoques que van desde la prevención, atención a los niños y jóvenes, hasta establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y por supuesto, eso se espera, con las partidas presupuestales necesarias para inyectar recursos económicos en la capacitación, profesionalización y mejores sueldos de los cuerpos policiacos estatales y municipales, toda vez que ellos representan el primer dique para contener a los criminales.

El Plan Michoacán de la 4T se presentará terminado en los próximos días y con ello revertir la violencia y la inseguridad pública en Michoacán.

Advierte la presidenta que en su plan no hay permiso para matar, sino que es un instrumento de construcción de paz. No es una declaración de guerra.

 Se trata de un modelo de justicia, desarrollo y respeto a la vida.

Suena más a demagogia que ha acciones eficaces para terminar con los cárteles que agobian a la entidad purépecha.

Paralelo a la instrumentación del Plan Michoacán tomó protesta como Alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manzo, la señora Grecia Quiroz que luego de entrevistarse horas antes con Claudia Sheinbaum, reiteró su deseo de ocupar el puesto que dejo vacante su esposo.

Mientras tanto, las manifestaciones en Morelia y Uruapan continúan con la suma de más sectores de la población.

Con el plan para pacificar Michoacán se pasa necesariamente por anular al gobernador Bedolla por su total inoperancia y no solo en el caso del asesinato de Carlos Manzo, sino también del líder limonero, Bernardo Bravo y otros alcaldes y líderes sociales.  

Está claro que todo lo que se ha instrumentado para combatir a los malosos en Michoacán ha fracaso en menor o mayor medida y ello se debe a que los presidentes municipales son cooptados por los cárteles de la droga y con ello someten a la toda la comunidad porque todo el aparato de gobierno local está bajo los designios de los delincuentes.

Ha habido operativos en el pasado de las fuerzas federales para detener a un sinnúmero de alcaldes por sus actividades delictivas, pero esto no ha sido suficiente para regresar la paz y la seguridad a los michoacanos, ya que, por un lado se interrumpen las acciones federales con los cambios de gobierno y por otro lado, los criminales también han sometido a los gobiernos estatales como es el caso michoacano o en otras  entidades, como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Baja California, Colima y Nayarit.

Desde luego, la connivencia entre los criminales y el gobierno de AMLO ha sido un detonante relevante en el despunte de los índices delictivos.

La política de Abrazos no balazos, empoderó a los criminales en buena parte del territorio nacional y por ello, ahora Omar García Harfuch, el súper policía, enfrenta un monstruo de mil cabezas que cuando cercena una, salen de inmediato otras de mayor peligrosidad.

Los ofrecimientos del gobierno de Estados Unidos para apoyar el combate contra la delincuencia, no debe echarse en saco roto, toda vez que se requiere su apoyo para crear un frente común internacional para abatirlos.

No se trata de permitir que los marines operen en territorio nacional, sino de generar sinergias entre ambos gobiernos para crear un frente común que permita, de una vez por todas, acabarlos, tanto con su reclusión como con su muerte.

En los últimos años, la población civil esta indefensa ante el embate criminal y el Estado ha sido omiso en protegerlos, por ello se tiene que tener creatividad y receptividad para entre todos, incluyendo los gobiernos extranjeros de la región, para enfrentar a los delincuentes con más recursos.

Tuvo que pasar la desgracia para que el gobierno de la 4T se ponga las pilas para pacificar Michoacán, ojalá que esa atención de la presidenta se dirija a otras entidades que viven el asiduo agobio de los criminales.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.