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Desde San Lázaro. Adelantan la revocación de mandato. (El miedo no anda en burro). Por Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Adelantan la revocación de mandato. (El miedo no anda en burro). Por Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x com/claudiashein
Luego de unas semanas muy malas para la presidenta Sheinbaum y el proyecto político que representa, en donde los asesinatos de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan y del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, pusieron a Michoacán en ebullición política y social para dar paso a nivel estatal del movimiento de “El Sombrero”, el obradorato ha decidido adelantar la revocación de mandato que debería realizarse en 2028 para compaginarlas con las elecciones intermedias del 2027 (renovación de la Cámara de Diputados Federal, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y las alcaldías de 30 estados) en las cuales también se eligirán a 850 juzgadores y con ello, poner a la Jefa del Ejecutivo Federal en la boleta electoral para justificar su participación en las campañas políticas.
Con este frankenstein electoral pretende Morena y rémoras mantener la mayoría calificada en la Cámara Baja, al tiempo de asegurar el control en casi todas las entidades del país, además de fortalecer a Claudia Sheinbaum en un especie de plebiscito con la revocación de mandato en donde se preguntará a la ciudadanía si desea que la mandataria continúe en su cargo.
La jugada del obradorato tiene sus riesgos porque en una de esas, si se mantiene la inercia de descredito que ha tenido la doctora en los últimos días, puede darse el caso de que la población se vuelque en las urnas para quitarla del puesto.
El oficialismo tiene los órganos electorales totalmente cooptados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a casi todo el Poder Judicial, lo que significa que la oposición debe tener la capacidad de convocatoria suficiente para arrebatarles el poder.
No hay que olvidar que también viene la reforma electoral que cocina Pablo Gómez y en esta se cierran totalmente las puertas para que se concrete la alternancia en el poder, en virtud de que se eliminarán los espacios de representación proporcional en el Congreso con la finalidad de que los opositores se queden sin senadores y diputados, amén de que se buscará reducir las prerrogativas, acotar las campañas políticas, el financiamiento público y privado, entre otras tantas acciones para instaurar el obradorato por varias décadas.
 Desde San lázaro, la mayoría de Morena y aliados se preparan para aprobar la reforma constitucional en esta semana que empatará la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 y con ello obedecer a la propuesta original de AMLO.
La intención es reformar el artículo 35 de la Constitución para llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato en 2027 y con ello permitir que la presidenta irrumpa en los comicios intermedios con toda la fuerza del Estado.
Si de por sí el INE está disminuido en sus capacidades operativas y cooptado por la 4T, ahora se le viene la organización de las elecciones más grandes de su historia con tres tipos de elecciones, la revocación de mandato, la de los partidos y las judiciales, y con un presupuesto acotado, pues en menudo lio estarán, pero eso que importa si al final del día lo relevante para el oficialismo es que arrasen en los comicios con el descarado apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ante un electorado apático y desinteresado en las elecciones, lo cual quedó demostrado en el pasado proceso electoral de los juzgadores en donde hubo un nivel del abstención de 90 por ciento, qué se podrá esperar en el 2027 con tantos candidatos (miles) y un número progresivo de boletas electorales con la elección judicial.
Se pondrá la mesa en 2027 para que se despache con la cuchara grande la 4T, primero, con la ratificación en su cargo de Claudia Sheinbaum; segundo, con mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y para ello cuentan con el Tribunal Electoral; y tercero, ganar el total de las gubernaturas en juego, además de, acompañados con la música de los acordeones, encumbrar a 850 juzgadores afines y plegados a los designios del Poder Ejecutivo.
Mientras que el país se cae a pedazos con la creciente violencia e inseguridad que se enquista en todo el territorio nacional; la inminente recesión económica y el alejamiento de las inversiones que imposibilita la creación de nuevos empleos formales y que el país tenga más ingresos por la vía de impuestos, el gobierno de la 4T se enfoca, como ha sido desde hace siete años, al control electoral para no dejar el poder.
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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.