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Desde San Lázaro. El oficialismo aprueba la cuenta pública 2023. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Oct 2025
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Desde San Lázaro. El oficialismo aprueba la cuenta pública 2023. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

Solo un ingenuo pensaría que la Cámara de Diputados dominada por la mayoría calificada artificial de Morena, PT y PVEM, rechazaría los informes de la Auditoria Superior de la Federación en donde cobra como titular David Colmenares, relativos a la Cuenta Pública 2023, no obstante los escándalos de corrupción que ocurrieron en Segalmex, sobrecostos en obras faraónicas, endeudamiento histórico, huachicoleo fiscal, falta de reglas de operación de los programas de política social con tintes electoreros y en otros tantos programas y dependencias del gobierno federal y que no corresponden a lo detectado por la ASF por un monto de 53 mil millones observados de los cuales 51 mil millones “siguen sin explicación”  

Tanto el PAN, PRI, como MC, rechazaron sumarse a la aprobación de la Cuenta Pública 2023 por tratarse de una “aprobación plagada de complicidad y de  corruptelas de la 4T”.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) expresó que tras el análisis de la Cuenta Pública 2023, no pueden validarla, ya que se detectaron diversos indicadores negativos que no se pueden ignorar y hacerlo sería un acto de irresponsabilidad; sus resultados arrojan irregularidades en su ejercicio, deficiencias en la ejecución del gasto público y fallos en los mecanismos de control y supervisión del gasto.

Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI, comunicó su voto en contra, por el endeudamiento del sector público federal. “Lo que aquí se pretende no es una política fiscal responsable, sino el reflejo de una administración que ha hipotecado el futuro de México con un manejo riesgoso, discrecional y opaco de la deuda pública. Al cierre de 2023 la deuda bruta del sector público federal alcanzó la cifra histórica de más de 15 billones de pesos, un incremento anual de 847 mil millones y un endeudamiento neto de 1.2 millones de pesos”.

Con 335 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

En los Informes Individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, se advirtió la práctica de 2,369 auditorías.  De las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, 75 corresponden a entes vinculados con funciones de Gobierno, 157 a Desarrollo Social, 178 grupo funcional de Desarrollo Económico y 1,959 al de Gasto Federalizado.

La Auditoría determinó recuperaciones por 53 mil 741.27 millones de pesos, de los cuales 1 mil 762.23 millones de pesos corresponden a recuperaciones realizadas, de manera que restan 51 mil 979.04 millones de pesos que estiman como recuperaciones probables o en su caso, montos por aclarar.

Las cifras presentadas por los chicos de Colmenares fueron cuestionadas por los diputados federales de oposición, quienes argumentaron que no es creíble que de esas posibles recuperaciones 40 mil 801.34 millones de pesos corresponden a las entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales que ejercieron Gasto Federalizado lo que es equivalente al 78.5 por ciento del total; en tanto que 7 mil 215.92 millones de pesos al grupo de Desarrollo Económico, que representa el 14 por ciento; 3 mil 802.12 millones de pesos a Desarrollo Social, que constituye el 7 por ciento y 159 mil 648.10 millones de pesos al grupo de Gobierno, con el 0.3 por ciento; ya que los escándalos de corrupción se han dado  en el Ejecutivo Federal.

La Comisión de Presupuesto destaca que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. Esto permite que, quienes sean presumiblemente responsables, sean sancionados en apego a la normatividad vigente o, en su caso, presenten las aclaraciones o solventaciones correspondientes.

Por ello, se instruyó a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2023, y envíe a la Cámara de Diputados la información actualizada sobre la recuperación o aclaración de recursos por parte de los entes fiscalizados.

El oficialismo estimó que la labor de fiscalización practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2023 cumple con los criterios de objetividad, normatividad y metodología en la selección, análisis y presentación de las auditorías practicadas, En tanto, el  diputado Fidel Daniel Chimal García (PAN) mencionó que la Auditoría no habla de errores administrativos, no habla de pagos en exceso ni de contratos fantasmas, habla de obras sin terminar, de facturas duplicadas, de gastos sin comprobante. “Si ustedes manejaran una empresa privada seguramente esta ya estaría en quiebra”.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.