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Desde San Lázaro. En emergencia por la inseguridad pública. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

23 Oct 2025
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Desde San Lázaro. En emergencia por la inseguridad pública. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/OHarfuch

Las olas de violencia e inseguridad pública que azotan buena parte del territorio nacional, van en aumento, no obstante que ahora sí se combaten a los criminales, a diferencia de lo que ocurría en la administración de López Obrador, en donde los grupos delincuenciales crecieron exponencialmente en el país tomando el control de vastas regiones, merced a que el gobierno federal y por ende  la mayoría de los estados se sumaron a la estrategia de Abrazos no balazos, lo que significó la claudicación del estado en su responsabilidad de proteger la vida, los derechos humanos y patrimonio de los mexicanos.

Obviamente, un año no basta para recomponer el embrollo que dejó AMLO a su sucesora y como se aprecian las cosas, no obstante, el excelente trabajo que están haciendo las fuerzas del orden, encabezadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo y de la Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles.

Los asesinatos de alto impacto como el del líder limonero, Bernardo Bravo, echan al traste cualquier triunfalismo y deja claro que estamos en una situación de emergencia.

Durante la comparecencia de García Harfuch ante el Senado con motivo de la glosa del Primer Informe presidencial, si algo quedó claro es que el tema de la inseguridad no está resuelto y menos se vislumbran resultados positivos en el corto plazo que vuelvan a darle tranquilidad y protección a la ciudadanía, mientras no se detengan a los delincuentes generadores de violencia, narcoterroristas y toda clase de bichos que crecieron al cobijo de la 4T.

El  titular de la SSPC federal, acudió a la Cámara Alta  para explicar y justificar porque no se han cercenado todos los tentáculos del crimen organizado, ya que mientras bajan algunos delitos de alto impacto como el de homicidio doloso, suben otros, como las extorsiones y las desapariciones.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum  está siendo atacado por dos frentes; uno, la inseguridad pública a nivel nacional y otro, la enorme presión de la Casa Blanca para acabar con los narcoterroristas mexicanos que no solo son un cáncer que ya hizo metástasis en el territorio nacional, sino porque amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos con el trasiego de drogas sintéticas, principalmente de fentanilo.

En este contexto, en la comparecencia de Harfuch en la Cámara Alta, si bien los legisladores reconocieron el trabajo realizado, también se reiteró que falta mucho por hacer en donde todos, en especial los legisladores,  tienen un alto grado de responsabilidad en la difícil tarea de apaciguar al país.   En cifras concretas, destacó el funcionario que hay una reducción del 32% en homicidios dolosos a nivel nacional, lo que equivale a 27 asesinatos menos cada día:

“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, destacó.

Esta disminución se acompaña de logros operativos sin precedentes: el aseguramiento de grandes cantidades de drogas y armas, así como la destrucción de más de mil 500 laboratorios clandestinos por parte de la Secretaría de la Sedena y la Semar.

La estrategia del gobierno de la presidenta  se conforma  en cuatro etapas y se basa en la coordinación diaria entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Esta articulación ha permitido ejecutar operativos conjuntos, detener objetivos prioritarios y desarticular células delictivas.

En cuanto al combate al huachicol fiscal, desde marzo se han asegurado millones de litros de diésel en operativos que han derivado en órdenes de aprehensión cumplimentadas. El secretario aseguró que este modelo de investigación y ejecución se replicará en todos los casos, y que mes con mes se registran detenciones relevantes que evidencian la continuidad de la estrategia.

Al cierre de su intervención, reafirmó el compromiso de avanzar cada año en la pacificación del país y sostuvo que el balance del primer año de la administración Sheinbaum es favorable en comparación con el inicio del periodo.

Cierto, ante la carencia de mediciones se diluyen los resultados, aun siendo positivos, por ello, la retahíla de cifras en la comparecencia por parte del titular de la SSPC fue abrumadora, aunque como ya se explicó, falta mucho para lograr la pacificación, consolidar la reducción de delitos y la desarticulación de estructuras criminales.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.