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Desde San Lázaro. Amargo fin de año. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Oct 2025
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Desde San Lázaro. Amargo fin de año. Por:  Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Notimex

En medio de la tragedia (70 muertos y 75 desaparecidos) ocasionada por las lluvias torrenciales que azotaron cinco entidades  y la ineptitud de los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla y SLP, léase, Rocío Nahle, Julio Menchaca, Alejandro Armenta y Ricardo Gallardo y en menor medida Mauricio Kuri, de Querétaro,  viene el ramalazo en el Congreso con la nueva Ley de Amparo y el incremento de impuestos con el impacto directo en la inflación que castiga a todos, sobre todo a los sectores de la población más desprotegidos y además se confirma el déficit fiscal del gobierno, quien ante la insuficiencia de ingresos propios, la presidenta Sheinbaum tiene que endeudar al país a niveles inéditos.

Vaya cierre de año, con puras malas noticias y con la inseguridad pública al tope, a tal nivel que en la capital de todos los mexicanos asesinan a plena luz del día y en la zona de tribunales, al abogado David Cohen, en un claro mensaje amenazante para las autoridades de la CDMX, ataque perpetrado por criminales que tienen el mismo modus operandi de los sicarios que ajusticiaron a los dos colaboradores más cercanos de Clara Brugada.

No solo han sido los embates de la naturaleza, sino también el rezago que en materia de protección civil prevalece en todos los estados, tan solo hay que recordar el flamazo mortal de la pipa en Iztapalapa, hecho que puso en evidencia a las autoridades que están rebasadas ante el crecimiento exponencial  demográfico en medio de la anarquía.

Para todo se requiere presupuesto, pero este es escaso, por lo que se tiene que buscar ingresos por la vía tributaria y a través de empréstitos que cobran intereses muy caros, a tal nivel que el próximo año, nuestro país tendrá que pagar 1.7 billones de pesos de puros intereses, esto representa el 10 por ciento de los 10.7 billones de pesos que esperar obtener la SHCP para el próximo año.

Son más de 26 aumentos de impuestos y derechos en 2026 para diversos productos y servicios que van desde las bebidas saborizadas, cigarros, videojuegos violentos, apuestas y sorteos, sueros orales, hasta la entrada a museos y zonas arqueológicas, al tiempo de que el SAT afila  sus dientes para tener más ingresos por auditorias, pero no crea que son para pagarle mejor a su personal, sino para fondear el gasto público que en buena medida se ha ido en el huachicoleo fiscal (600 mil millones de pesos) y en apoyar a la hermana república de Cuba con petróleo y otros insumos (3 mil millones de dólares)

A todo esto hay que incorporar el hecho de la amenaza  que representa la carga de más aranceles a productos mexicanos exportados a Estados Unidos y el riesgo de que el T-MEC sea bilateral y no trilateral como ocurre ahora con Canadá y la Unión Americana.

Uno de los principales motores que podría revertir los malos números macroeconómicos que tiene México como un crecimiento del PIB de 0.9 %  una deuda creciente y caída del empleo formal, entre otros tantos indicadores, es precisamente la llegada de inversiones foráneas, pero estas se han retirado ante la fragilidad del estado de derecho y  la pérdida de  autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial, eso sin considerar que el juicio de amparo ya no protegerá a los ciudadanos y empresas, sino al mismo Estado.

Dirá misa Marcelo Ebrard, secretario de Economía, de que las recientes reformas a la Ley de Amparo y la elección de jueces no afecta la inversión extranjera, pero en términos reales tan solo hay que observar  que la IED registró una caída de 21% en el primer trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024. Esta disminución se debe principalmente a la incertidumbre generada por la política comercial y arancelaria y por la vulnerabilidad del estado de derecho.

Faltan un poco más de dos meses para que termine este año que ha resultado para el olvido, sin embargo, el que se avecina será peor, por la precaria viabilidad de las finanzas públicas y la visión izquierdista populista de gobernar para mantener el poder y no para resolver las necesidades más apremiantes de la población.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.