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Desde San Lázaro. México en llamas. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

24 Jul 2025
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Desde San Lázaro. México en llamas. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SSPCMexico

Con las revelaciones que están surgiendo en el caso de Hernán Bermúdez (Comandante H) fiel escudero de Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, ex titular de la Segob, ex corcholata presidencial de Morena y ahora flamante coordinador del grupo parlamentario del partido en el poder en el Senado, se observa que la influencia delictiva de La Barredora (grupo criminal que comandaba) extendió sus tentáculos a Chiapas y Veracruz en donde los índices delictivos crecieron exponencialmente.

Del actual gobernador de Tabasco, Javier May, viene la persecución contra Adán y Hernán y no solo se trata de un viejo ajuste de cuentas, sino de revelar la connivencia con criminales que no solo trafican drogas, sino que secuestran a migrantes y toda una gama de delitos que incluye el huachicoleo de combustibles.

La Sedena ha registrado el paso delictivo de estos dos personajes y también las agencias de seguridad interior de Estados Unidos.

Paralelamente a este caso en donde converge el poder público con la fuerza del crimen organizado, ocurre que en el sur del Estado de México se hacen operativos contra la extorsión y derecho de piso que sucede en una buena cantidad de los 125 municipios de esa entidad y que, se observa la poderosa influencia de la Familia Michoacana que controla prácticamente parte de la actividad comercial.

La entidad más poblada de la entidad padece el flagelo que representa el derecho de piso y la extorsión, particularmente en los municipios de relevancia como la capital y los lugares turísticos más emblemáticos de Edomex.

En este caso, la gobernadora Delfina Gómez encabeza la cruzada contra los criminales apoyada por el gobierno federal y en donde saltan nombres a la palestra de funcionarios públicos de nivel estatal y municipal que están coludidos con los delincuentes y que como se recordará, hace algunos meses se llevó a cabo en ese estado la operación “enjambre” para atrapar a varios alcaldes que estaban coludidos con los malosos y ahora está el operativo denominado “liberación”

En entidades que gobierna el PAN, como Guanajuato y ahora Querétaro se lucha contra la delincuencia, calle por calle por recobrar la paz y la seguridad y aunque existe plena coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo cierto es que todavía no se le pega en el corazón del monstruo de mil cabezas que azota a los habitantes.

De igual manera ocurre en el norte del país, en donde prácticamente en todas las ciudades fronterizas con Estados Unidos, existe una gran actividad delincuencial y que decir de lo que ocurre en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas que viven un estado de sitio con las luchas entre los cárteles de la droga.

No hay que perder de vista lo que ocurre en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, con sus campos de exterminio, Nayarit, Colima, Baja California Sur y Zacatecas

La CDMX no es ajena a la actividad criminal ya que, no obstante, el maquillaje de los índices delictivos en delitos como homicidios, feminicidios, robo con violencia, desparecidos, extorsión y cobro de derecho de piso, la situación está sumamente candente. Para constatar lo anterior no basta con acudir a las oficinas de las fiscalías ubicadas en las alcaldías, sino que hay que observar la cifra negra de delitos que no son denunciados precisamente porque la instrucción superior es desanimar a los ciudadanos a que formalicen sus denuncias ante las autoridades correspondientes.

Otra actividad criminal es auspiciada por las autoridades y se trata de los grupos radicales de Morena que se encargan de patrocinar a los golpeadores que se infiltran en las manifestaciones como la que ocurrió el pasado fin de semana dizque contra la gentrificación y que vandalizaron instalaciones de la UNAM con la complacencia de las autoridades capitalinas.

Efectivamente, ante la carta blanca que extendió AMLO durante su administración a los criminales con su malograda política de Abrazos no balazos, se empoderó a la delincuencia a niveles alarmantes en todo el país, a grado tal que el gobierno norteamericano está preocupado por lo que representa este fenómeno para su seguridad interior, de allí se desprenden las amenazas contantes del presidente Donald Trump hacia su contraparte mexicana con castigos en la imposición de aranceles y sanciones a varios productos mexicanos como el jitomate, ganado y próximamente la degradación aérea, entre otros castigos para que se ponga la pilas el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Después de seis años de inmovilidad contra los criminales, no se puede solucionar el problema en unos cuantos meses, al contrario, va a tardar varios años para que se empiece a notar entre los ciudadanos, el éxito de las operaciones que lleva a cabo Omar García Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, además de todo lo que operan la Sedena y la Marina.

De la Guardia Nacional, diremos que algunos de sus mandos están ya contaminados por la influencia de los malandros y por ello, es necesario la rotación o cese de algunos de ellos.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.