Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Desde San Lázaro. Invasores de predios y vivienda cobijados por los bando-leros. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

18 Jul 2025
289 veces
Desde San Lázaro. Invasores de predios y vivienda cobijados por los bando-leros. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

En tiempos del  Peje en la CDMX se  impulsó la figura de “Bandos” que pretendían resolver grandes problemas de la capital por decreto, aunque en la realidad  funcionaron al contrario y fue precisamente en esa época que se canalizaron recursos y programas de uso de suelo para detonar el crecimiento en varias zonas de la ciudad como el Centro Histórico, el corredor de Mazaryk en Polanco y varias colonias de la delegación Cuauhtémoc, como la Condesa, Roma Sur, Juárez, entre otras.

No hay que perder de vista que la izquierda gobierna la capital del país desde 1997 y en estos 28 años, ellos son los que han propiciado la gentrificación y que, ahora, la  intentan revertir al empoderar a los colectivos y grupos, incluso de choque, que habitan en la periferia de la capital y   en el Estado de México, en zonas que son  consideradas marginadas, para invadir predios e inmuebles.

Dice la propaganda izquierdista de la Ciudad de México que es una “ciudad de libertades”, empero cuando se trata de ajusticiar  a las clases medias y altas que  comulgan con los partidos de oposición, en particular del PAN; sueltan  a sus perros de presa para, por ejemplo, protestar contra la gentrificación.

De hecho las manifestaciones violentas contra la gentrificación que ocurrieron en días pasados en las colonias Roma y condesa fueron alentadas por los morenistas radicales que viven del chantaje y la protesta social.

En este contexto se le ocurrió a Clara Brugada emitir su Primer Bando de Gobierno con el  objetivo principal, según ella, de  estabilizar las rentas, garantizar el derecho a la vivienda adecuada y defender el derecho a la ciudad, además de la creación de un plan maestro, que pasará por un amplio proceso de discusión ciudadana, así como la Defensoría de los Derechos Inquilinarios y presentación de la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles.

Este paquete del totalitarismo de izquierda que gobierna en el país, atenta contra la propiedad privada y coacciona a los ciudadanos que rentan sus propiedades a que no las suban más allá del índice inflacionario, además de amenazar  porque en una de esas,  algún inquilino los puede despojar de su propiedad al recibir el cobijo precisamente de las nuevas instituciones públicas que se crean para protegerlos.

Los malos de la película  son los mexicanos que han construido un patrimonio merced a su trabajo, en contraparte, lo buenos son los invasores y los que se organizan para llevar a cabo despojos en prácticamente todas las alcaldías de la CDMX.

Esos transgresores de la ley son cobijados por los Bando-leros  que ahora gobiernan a la mayoría del país, incluyendo la capital y que buscan acabar con la propiedad privada

Clarita, como le dicen,  presentó  el Bando 1 que busca una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo local y que consiste en 14 acciones para evitar los fenómenos de gentrificación, expulsión de habitantes y negocios locales por otros de mayor poder adquisitivo y encarecimiento desmedido de las rentas, para lo cual anunció el arranque también de un proceso de participación ciudadana con todos los sectores involucrados.

Brugada resaltó que un punto  del Bando consiste en el impulso a la vivienda social, “priorizando la producción de vivienda pública en la ciudad central y en las zonas de tensión inmobiliaria. Para este fin se emitirá un acuerdo de facilidades administrativas que permitan una mayor eficacia y acorten los tiempos de construcción. Esta política se desarrollará en estricta armonía con el entorno urbano”.

Clarita advierte  que  la ciudad no debe ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho garantizado para todas las personas, y convocó a construir una gran alianza en defensa de la comunidad, por lo que declaró abiertos los procesos de discusión y debate con todos los sectores, incluidos los grupos que se han manifestado contra la gentrificación.

Amenazan con diseñar un plan urbano que se desarrollará en las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Juárez, Roma Norte, Roma Sur, Doctores y Buenos Aires, de la alcaldía Cuauhtémoc, así como las colonias Escandón y dos secciones de la colonia San Miguel Chapultepec, en la Miguel Hidalgo. Incluye 17 mil 376 predios en mil 170 hectáreas y reúne uno de los principales patrimonios históricos culturales, sólo por detrás del Centro Histórico.

El totalitarismo avasalla a los derechos humanos de los capitalinos, quienes se encuentran en  total estado  de indefensión en virtud de la destrucción del Poder Judicial que hicieron AMLO-Sheinbaum y que, a la postre, dio pie, mediante  la orquesta de acordeones, a la elección de  juzgadores afines a la 4T.

Valora este artículo
(0 votos)

El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.