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Desde San Lázaro. Gentrificación: Arma política y social del oficialismo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

08 Jul 2025
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Desde San Lázaro. Gentrificación: Arma política y social del oficialismo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ElenoAM

Las protestas violentas  ocurridas el fin de semana contra la gentrificación en la colonias  Roma y Condesa de la CDMX es una bomba de tiempo con varias aristas que deben ser consideradas por Clara Brugada, Jefa del Gobierno capitalino y que, por juzgar los hechos, ya fue rebasada por el problema del desplazamiento de las clases sociales populares de las zonas con mayor plusvalía de la capital, generando con ello, un grave problema que, incluso puede vulnerar la gobernabilidad.

Vayamos por partes, una cosa es la justa demanda de los ciudadanos desplazados de sus barrios y colonias a causa de la gentrificación y otra, muy diferente, que los grupos anarquistas, los tomen de pretexto para generar violencia  contra personas de origen extranjero, particularmente de nacionalidad norteamericana.

Los disturbios provocados por estos manifestantes “aceitados” por el ala dura del radicalismo de Morena tuvieron el tiempo suficiente para llevar a cabo la destrucción de negocios y autos,  de atacar no solo con insultos, sino físicamente a varios extranjeros y todo con la complacencia de las autoridades de la áreas centrales del gobierno, es decir de la oficina de Jefa de Gobierno y sus subalternos.

La violencia fue alentada desde el oficialismo con la actitud complaciente de la policía capitalina y de la Guardia Nacional.

Las autoridades capitalinas se encuentran ante un galimatías que requiere soluciones e inversiones inmediatas para construir más de medio millón de viviendas para acoger a las personas expulsadas.

Ni el gobierno federal y menos el de capital del país,  tienen los recursos presupuestales necesarios y ni siquiera hay interés en apostarle a la solución de este problema con tantos recursos presupuestales, mejor  prefieren mejor alentar las invasiones, el despojo por delincuentes y por la misma autoridad.

Hay que recordar que hace unos meses pasaron decenas de censores del gobierno por las colonias de mayor plusvalía de la CDMX para detectar inmuebles desocupados o subutilizados para expropiarlos con el pretexto de canalizarlos a viviendas populares, sin embargo, no fue posible llevar a cabo tal atraco, por la furibunda protesta de los dueños y población afectada.

Por desgracia, estas movilizaciones de grupos de choque financiados por Morena, seguirán y con ellas se lleven entre las patas al gobierno de la capital y pongan en riesgo la organización del mundial de futbol a celebrarse el próximo año en la capital del país, Monterrey y Guadalajara, además claro está de la reacción del gobierno de Estados Unidos por las agresiones a sus ciudadanos.

En la Casa Blanca de Washington ya  acusaron recibo de los sucesos violentos contra norteamericanos, de hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) DE Estados Unidos, encabezado por Kristi Noem,  se burló  para justificar su política de auto deportación. En un post en X, el DHS Posteó “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse en la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación GBP Home para facilitar sus salida”; y en otro, se mostraron imágenes de las protestas donde se insultaba a extranjeros y se exigía “aprender español”, “pagar impuestos” o “México no es tu hogar” , expresiones que son utilizadas para justificar los operativos contra migrantes mexicanos asentados en la Unión Americana.

Si solo observamos una cara de la moneda, diríamos que las protestas contra la gentrificación es legítima, sobre todo porque en lo que va de este siglo desde el mismo gobierno de izquierda (PRD y Morena) que ha gobernado la capital de todos los mexicanos, ha impulsado con incentivos fiscales y toda clase de apoyos para regenerar el espacio urbano de varias zonas de la CDMX que ahora precisamente son las de mayor plusvalía como el mismo Centro Histórico y los corredores de la Roma, Condesa, Juárez y Polanco, en donde los mismos dueños de los inmuebles también han invertido cantidades millonarias para hacer más atractivas sus viviendas para rentarlas a mayores precios.

La expulsión de más de 20 mil familias por la gentrificación a zonas periféricas o al Estado de México, no son provocadas, ni  un acto irracional por parte de población con mayor poder adquisitivo, sino una consecuencia casi natural de las políticas de gobierno para detonar esos polos de desarrollo.

Veremos en qué momento intervendrá la presidenta Claudia Sheinbaum para solucionar el problema sobre todo porque, cuando ella era Jefa del gobierno de la capital, ya tenía la bomba de tiempo de la gentrificación, pero no hizo nada para desactivarla.

“Las muestras xenofóbicas hay que evitarlas. No se pueden justificar”, advirtió la presidenta con justa razón.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.