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Desde San Lázaro. Desafueros de Cuauhtémoc Blanco y Alito Moreno. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

04 Jul 2025
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Desde San Lázaro. Desafueros de Cuauhtémoc Blanco y Alito Moreno. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/HugoEricFlores

Luego de que quedó demostrado en la Cámara de Diputados que al diputado Cuauhtémoc Blanco las amenazas de desafuero en su contra de hace unas semanas por parte de la oposición y de algunos legisladores del oficialismo, le hicieron lo que el viento a Juárez, o sea nada, ahora se enfocan las baterías contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, quien, por cierto, ni sufre ni se acongoja, ya que, dice, ha ganado todas las instancias judiciales y cuenta con amparos que impiden que se le retire el fuero, empero el morenista y presidenta de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, afirma que ahora si se procederá contra el líder de los tricolores porque la fiscalía de Campeche entregó pruebas fundamentales en su contra.

El diputado Flores aseguró que hace tres semanas se recibió “información relevante” para el desahogo de la solicitud de desafuero en contra del priista, acusado de enriquecimiento ilícito en el tiempo en que fue gobernador de Campeche.

La fiscalía de ese estado promovió en 2022 el desafuero de este personaje y desde ese entonces se ha integrado un grueso expediente que, está listo para convertirse en la “arma judicial” que permita quitarle el fuero a Alito y con ello ponerlo ante los tribunales.

Lo cierto, es que, ambos asuntos, el del Cuau y de Alito, están contaminados por la reyerta política que se vive en el país, aunque ambos casos tendrán un destino diferente, ya que,  mientras  el futbolista está protegido desde Palenque, el político del Revolucionario Institucional se le ubica en la oposición más recalcitrante y  ruda contra la 4T.

No dude estimado lector, que a partir del 1 de septiembre, fecha que inicia el próximo segundo período de sesiones del Congreso y que, de forma paralela entrarán en funciones  los juzgadores elegidos en la farsa de elección judicial, será reactivado con fuerza el desafuero contra Alito, ya que, con los jueces alineados al gobierno federal, pues no habrá defensa legal alguna y amparo que lo proteja contra el desafuero que ya se cocina en San Lázaro y por supuesto y que impida estar tras las rejas.

El régimen totalitario busca aplastar a sus adversarios políticos y no solo con cerrarles toda posibilidad de que accedan al poder, sino de destruirlos, aunque en el caso de Alejandro Moreno, le harían un gran favor al PRI, al quitarle de encima a esta lacra que tanto daño les ha hecho.

Hay que recordar que la Comisión Instructora de la Cámara Baja está integrada de cuatro a cinco  diputados y uno de ellos es nada más y nada menos que Rubén Moreira, pastor de los diputados priistas y segundo de a bordo de Alejandro Moreno, por lo que se espera que haga una defensa a ultranza de su compañero, aunque los malosos, piensan que dejará pasar el tema para librarse (él y su esposa) del campechano.    

Alito está en el peor de los mundos, por un lado, es principal culpable de la debacle que el PRI de los últimos, años, y por, otro, está en la lista de apestados de Palacio Nacional; así, que, lo más seguro, es que todos esos enemigos que tiene, harán fiesta en unas semanas con el arranque de Juicio de Procedencia en su contra.

Y ya que hablamos de esa figura jurídica diremos que  Hugo  Flores  informó que esa instancia realizará tres foros temáticos para fortalecer la iniciativa respecto a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Dicha actividad forma parte de su programa de trabajo y consistirá en el análisis de tres temas en igual número de foros: La función jurisdiccional del Poder Legislativo, Inmunidad constitucional de altos funcionarios públicos y Mecanismos de apoyo entre las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, mismos que se organizarán en el actual periodo del receso legislativo.

En este momento se ha circulado una propuesta que pretende robustecer esta iniciativa que reforma la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

“La Comisión ha tenido la pretensión de crear una ley inédita en el país, la cual reglamente el titulo constitucional sobre responsabilidad de los funcionarios públicos”, expresó el diputado.

Se pretende que el primer foro se lleve a cabo antes de la próxima reunión ordinaria de la Sección Instructora, pero “pido la comprensión, ya que están buscando empatar las agendas de todos los funcionarios invitados”, dijo.

Hay que recordar que Hugo Flores es más conocido en San Lázaro por sus declaraciones contradictorias, mentirosas e, incluso, contrarias a lo que piensa el grupo parlamentario de Morena, además que su falta de experiencia legislativa ha metido en aprietos a sus correligionarios.  Estas y otras razones, podrían entorpecer y bloquear el desafuero de Alito.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.