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Desde San Lázaro. Gobierno quebrado y más endeudado con la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

03 Jul 2025
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Desde San Lázaro. Gobierno quebrado y más endeudado con la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han endeudado más al país que sus antecesores. En las mañaneras no se cansan de afirmar  que, con ellos, no se ha contratado más deuda.  empero los datos duros los desmienten , ya que de una deuda pública externa de 10.31 billones de pesos en 2018, se pasó a 17.99 billones en lo que va de 2025 y lo más grave es que para 2030, al final del actual sexenio, por lo menos rondará los 25 billones de pesos, de este tamaño es la ineficacia del gobierno de la 4T para revertir el déficit público y ajustarse a los insuficientes  ingresos que genera, ah pero eso sí, como tiran el dinero público en obras faraónicas e inútiles  y en otorgar dádivas a un sector de la población que  lo dilapida, mientras que la mitad de los mexicanos se mantienen viviendo en pobreza extrema y marginación.

El sexenio de AMLO no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo. Durante todo su sexenio el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía más el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto de inversión.

El endeudamiento no es malo en sí mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o límites que se establecen por Ley, así como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar solo una carga financiera.

Para evitar el mal uso del endeudamiento, se estableció mediante el artículo 73 de la Constitución, que todo aquel financiamiento que solicite el Gobierno, debe ser destinado a la ejecución de obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos. Por definición económica, aquí estamos hablando de que se destine a gasto de inversión.

De acuerdo con lo anterior, podemos calcular si el financiamiento requerido por el Gobierno está siendo utilizado de manera responsable de acuerdo con la Constitución. Al comparar el déficit público al cierre de 2024 respecto al gasto de inversión física (en infraestructura) que realizó el Estado, se tiene de que cada 100 pesos de endeudamiento 53 se destinaron a la inversión física, mientras que los restantes 47 pesos a otros tipos de gasto como pueden ser el pago de intereses de la deuda o financiar programas sociales.

Las anteriores consideraciones de tipo económico no le interesa al populismo y por ello,   no escatima dinero (sobre todo cuando no es de ellos)  para regalarlo y con ello ganar elecciones, sin importar que ese gasto está aniquilando la viabilidad de las finanzas públicas, al ser progresivo con el paso del tiempo.

El obradorato, con el apoyo de la población beneficiada con el regalo del dinero público,  dinamita la posibilidad de que haya una alternancia del poder.

Merced a los programas de política social con tintes electorales el grupo en el poder se regodea con la destrucción del orden constitucional que sostiene el régimen democrático, la división de poderes, el respeto a los derechos fundamentales y se apropia de los contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos, al tiempo de militarizar al país y ahora aprobar una serie de leyes que le permite al Estado espiar a todos los ciudadanos.

La contratación de deuda pública no solo endeuda a las actuales y futras generaciones, sino que,  con el pago de los intereses de la misma, se acotan los márgenes de operación del presupuesto anual, ya que, cada vez se pagan más intereses que impiden canalizar esos recursos a obras y programas en beneficio real de la población.

La deuda adquirida por AMLO ya está cobrando factura al erario mediante el pago de intereses y servicio de la deuda pública. Al cierre de 2024, el Gobierno pagó 1.15 billones de pesos en el costo financiero de la deuda, el cual incluye los intereses y otros gastos financieros en los que incurre al pedir prestado.

El sexenio anterior cerró con el mayor pago de intereses y servicio de la deuda pública en 29 años, AL cierre de 2024, el costo financiero de la deuda pública subió 3.4% del PIB, algo no visto desde 1996.

Se trata del mayor monto que ha destinado el Estado en el pago de los intereses de la deuda pública.

El costo financiero de la deuda, representa  un  costo de oportunidad perdida  para el Gobierno. Esta realidad termina afectando a la población, al haber menos recursos para garantizar los bienes y servicios públicos. Al cierre de 2024 se destinó 3.4% del PIB para el pago de intereses de la deuda pública, y tan sólo el 2.7% del PIB para salud.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.