Con el paquete legislativo que aprobaron las mayorías artificiales del oficialismo en el Congreso federal, en un periodo extraordinario de sesiones, el gobierno se convierte en un gran ojo visor sobre la vida y los datos personales de todos los mexicanos, ya que no solo tendrá acceso a los datos biométricos, sino, también a los datos bancarios en franca violación al secreto bancario, geolocalización vía celular, e incluso monitorear lo que diga y suba a las redes sociales personales.

Y no solo eso, al más fiel estilo de las dictaduras de la región, si el gobierno considera que algún medio concesionado de comunicación electrónica  emite críticas sin sustento, será multado e incluso ser sujeto del retiro de la concesión respectiva.

La judicialización y la persecución del SAT a los opositores al régimen se recrudecerán con la venia del Poder Judicial.

Argumentan que esas intromisiones del gobierno se darán solo mediante la resolución de un juez, sin embargo, cuando los juzgadores son miembros de la 4T y por lo tanto están plegados a los designios del Jefe del Ejecutivo Federal, pues  no existe barrera alguna para evitar que el gobierno se apodere de nuestra privacidad y datos personales.

En los regímenes democráticos, el ciudadano tiene el derecho de exigirle cuentas a los gobernantes y de escudriñar a fondo el manejo de los recursos públicos y la toma de decisiones de los servidores públicos que incida precisamente en el destino de los recursos públicos, sin embargo, con la eliminación de los organismos autónomos como el INAI, CONEVAL, IFT,  entre otros, y la cooptación de la CNDH por parte del oficialismo, no hay manera de obtener información oficial verídica de los temas más relevantes que maneja el gobierno.

En contraparte, el gobierno de la 4T está facultado para indagar hasta el más mínimo detalle de la vida de todos los mexicanos, sin que medie orden judicial real, emitida por un juez autónomo e independiente, porque por desgracia, de esos casi ya no habrán a partir del 1 de septiembre, fecha que tomarán posesión los 881 juzgadores elegidos el pasado 1 de junio, en particular los 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Toda la información de inteligencia  que obtenga el gobierno federal de terceros, podrá ser usada en procesos judiciales, sin cumplir con principios torales de la justicia, como la autenticación o respetar la cadena de custodia, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Además de que se ha instaurado el gran ojo visor en México, se dio un paso más en el Congreso al avalar quitar carácter civil a la Guardia Nacional, al autorizar que el mando sea militar y sea parte de la SEDENA.

La Constitución, la que todavía está vigente, defiende como principio toral la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, empero este principio ha sido vulnerado por la 4T con el nuevo andamiaje de leyes que deja vulnerables los derechos de las personas  al ampliar el poder del gobierno.

Así que si alguien cree todavía que la Carta Magna de la 4T garantiza la protección de una amplia gama de derechos humanos, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad jurídica, la libertad de expresión, entre otros, pues es un iluso, por decirlo de manera decente.

Además, las garantías individuales para proteger los derechos de los ciudadanos, quedan en entredicho, como el debido proceso, la legalidad, la irretroactividad de la ley, la prohibición de la tortura y tratos crueles que si bien con las reformas legislativas mencionadas, no se trastocan per se, en la realidad al destruir al poder Judicial, se deja a la población en un estado total de indefensión ante el poder avasallador del poder público.

Con el paquete legislativo que ha desahogado el Congreso oficialista que impulso la creación del gran ojo visor de la dictadura en ciernes, se aprobó un paquete de reformas que incluye la militarización, censura, lavado de dinero, eliminación de organismos autónomos y, en general la transgresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tienen razón algunos colegas al reflexionar sobre la relación directa que existe entre la incipiente dictadura de la 4T con las obras más emblemáticas del periodista y escritor George Orwell, como la Rebelión en la Granja (1945) que es una sátira política que utiliza animales en una granja para representar la Revolución Rusa y el régimen soviético, además de “1984”, que es una novela distópica ambientada en un estado totalitario donde se controla la información y el pensamiento. Temática si hubiera cualquier relación con sucesos reales y actuales en México, son pura coincidencia.