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Desde San Lázaro. La sobremesa en palacio nacional. Por: Alejo Sánchez Cano. Destacado

16 Ene 2020
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Después de la comida con el presidente López Obrador, a los gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX les quedaron varias cosas muy claras, la primera es que todo el entramado jurídico con las respectivas reglas de operación del INSABI, fue de una irresponsabilidad mayúscula del Congreso por lo que tardará un tiempo para que este nuevo organismo se encargue del cuidado y atención de la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que el Seguro Popular seguirá operando en algunas de la entidades. De hecho, ya se prepara en la cámara de diputados federal, por parte de todos los partidos políticos, emprender los ajustes legislativos necesarios para que funcione a cabalidad.

Segundo; en el tema de la seguridad pública no hay avances significativos mientras no se destinen mayores recursos presupuestales y se carezca de una estrategia de seguridad con objetivos en la recuperación de territorios que están en manos del hampa, y que esta, la estrategia, esté articulada entre los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno.

Los nuevos lineamientos que aprobó la Conago que normarán las mesas de seguridad en las entidades del país, señalan que no será obligatoria la presencia de los gobernadores, no serán forzosamente “mañaneras”, ni se llevarán a cabo en las zonas militares de los Estados e incluso podrá prescindirse de los superdelegados.

Este es el resultado del balconeo que se hizo en Palacio Nacional a los gobernadores “incumplidos” lo que, sin duda, causó gran malestar entre ellos, y por eso se determinó por  ambas partes, terminar la diferencia con estos nuevos lineamientos.

Anteponer la neutralidad política en materia de seguridad pública al hacer prevalecer la unidad, el respeto y el trabajo conjunto, fue una línea discursiva expresada por Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán,  que fue bien recibida.

Desde luego, el ambiente de la comida con el presidente fue cordial y respetuoso, “fue una convivencia plagada de cordialidad, nada de temas de gobierno a decir del gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz,  aunque prevalece el recelo, decimos nosotros,  por parte de los mandatarios estatales, particularmente del PAN, MC, PRD y el gobernador independiente de Nuevo León.

El frente de gobernadores azules ahora lo comanda Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y por la belicosidad mostrada en affaire contra el gobierno federal, habrá otros capítulos fuertes sobre los desencuentros con el gobierno de la 4T.

Las croquetas de pejelagarto servidas en la comida, aplacaron el ánimo de los belicosos y tal grado que la plática central versó sobre el béisbol y algunos chistoretes que relajaron el ambiente.

Se habla que en la comida hubo reclamos de gobernadores, lo cual es una absoluta mentira, ya que durante la degustación del menú tabasqueño, las cosas estaban más que tranquilas.

Veremos que tanto sirvió la comida cumbre para limar las asperezas, seguramente no de mucho, ya que la ruta política electoral rumbo al 2021 ya empezó y por ello toda estará contaminado por las aspiraciones políticas y de poder de los protagonistas y partidos políticos.

Así que mientras el presidente tiene muy clara la ruta rumbo al 21, después,  la revocación de mandato y la elección presidencial del 2024, los gobernadores solo atisban su horizonte local, aunque algunos ya ven posibilidades de seguir en la refriega política con nuevos proyectos políticos de mayor envergadura.

 

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.