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Desde San Lázaro. El heredero del obradorato. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

04 Ago 2026
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Desde San Lázaro. El heredero del obradorato. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/

Apenas ayer comentábamos en este espacio la pasividad del Instituto Nacional Electoral frente a los evidentes actos anticipados de campaña en que han incurrido Morena y buena parte de sus aspirantes rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Mientras el árbitro electoral observa impasible, el partido en el poder ha decidido convertir al país en un enorme escenario de promoción política permanente.

Y bastaron unas cuantas horas para confirmar esa tesis.

Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, inició de facto su propia campaña política, sin reparar en que la legislación electoral establece tiempos precisos para la promoción de aspirantes y candidatos. La ley es muy clara: las campañas no pueden adelantarse al calendario electoral. Sin embargo, en la práctica parece existir una legislación para la oposición y otra muy distinta para Morena.

No se trata únicamente de una eventual candidatura a diputado federal por el sexto distrito de Tabasco. Lo que realmente comenzó es la construcción de un proyecto sucesorio cuidadosamente diseñado desde hace años.

Quienes conocen los entretelones del movimiento obradorista sostienen que Andrés Manuel López Obrador trazó desde hace tiempo la ruta política de su hijo. El primer escalón sería una diputación federal; posteriormente, la gubernatura de Tabasco y, finalmente, la candidatura presidencial de Morena en 2030 para suceder a Claudia Sheinbaum y garantizar la continuidad del llamado obradorato.

Esa sería la hoja de ruta.

Otra cosa muy distinta es que pueda concretarse.

Porque en política los deseos personales no siempre coinciden con la realidad.

Andy López Beltrán enfrenta obstáculos que difícilmente podrán resolverse únicamente con el respaldo de su padre. El primero se encuentra dentro de Morena, donde conviven grupos políticos con intereses propios y donde no todos están dispuestos a aceptar la instauración de una sucesión de carácter familiar.

La lucha por la candidatura presidencial de 2030 apenas comienza y ya aparecen otros nombres con peso específico dentro del oficialismo.

En ese escenario, resulta inevitable mencionar que Sheinbaum también construye su propio grupo político. En los corrillos del poder se mencionan con frecuencia al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como una de las figuras mejor posicionadas del gabinete, así como a la secretaria de Energía, María Elena González, quienes forman parte del círculo de mayor confianza de la mandataria y también está el sempiterno candidato Marcelo Ebrard.

Eso conlleva que la sucesión presidencial no dependerá exclusivamente de la voluntad de López Obrador.

Existe además otro factor que podría complicar seriamente las aspiraciones de Andy López Beltrán.

Su nombre ha aparecido en distintos señalamientos y versiones políticas relacionados con investigaciones abiertas en Estados Unidos. Independientemente de que dichas acusaciones hayan derivado o no en responsabilidades legales acreditadas, el simple hecho de que existan expedientes o versiones que lo involucren representa un enorme pasivo político para cualquier proyecto presidencial.

La oposición, por supuesto, no desaprovechará esa circunstancia.

Cada aparición pública, cada gira y cada acto de promoción política será sometido a un intenso escrutinio nacional e internacional.

Además, Andy no se ayuda. En lugar de consolidar una imagen de prudencia institucional, decidió colocarse desde ahora en el centro del debate por presuntos actos anticipados de campaña, ofreciendo a sus adversarios los primeros argumentos para cuestionar la legalidad de su actuación.

La estrategia parece innecesariamente precipitada.

Si el INE mantiene una actitud de tolerancia frente a los actos anticipados del oficialismo, difícilmente podrá exigir el cumplimiento estricto de la ley a los partidos de oposición cuando llegue su momento.

La imparcialidad del árbitro comienza precisamente aplicando las mismas reglas para todos.

Mientras tanto, desde su retiro en Palenque, Andrés Manuel López Obrador observa cómo empieza a tomar forma el proyecto político que, según muchos dentro y fuera de Morena, busca prolongar su influencia más allá del sexenio de Claudia Sheinbaum.

El objetivo sería preservar el obradorato como fuerza dominante durante varias décadas.

Sin embargo, la política mexicana ha demostrado una y otra vez que las sucesiones nunca son automáticas.

Los liderazgos no se heredan por decreto, el carisma no se transmite por parentesco y el respaldo popular tampoco se construye únicamente con un apellido.

Porque una cosa es el proyecto político imaginado desde Palenque y otra, muy distinta, será la decisión que tomen los militantes de Morena, las circunstancias políticas de 2030 y, sobre todo, los millones de mexicanos que tendrán la última palabra en las urnas.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.