Al advertir que la violencia política en razón de género no es un fenómeno aislado, sino una de las expresiones más persistentes de exclusión en nuestro sistema democrático, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, aseguró que ni el Estado ni este organismo jurisdiccional pueden ser neutrales. “Tenemos que ser garantes, debemos ser acompañantes, debemos ser entes de transformación”, dijo.
Al encabezar la conmemoración por el segundo aniversario de la Defensoría Pública Electoral Especializada para Mujeres, en conjunto con las magistradas de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso y Claudia Valle Aguilasocho, sostuvo que la democracia a la que aspiramos es aquella que se construye cuando somos capaces de garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, sin simulación y sin violencia.
Bátiz García afirmó que la justicia electoral tiene una responsabilidad específica: “No se trata solo de resolver controversias; se trata de contribuir a que la participación política sea efectiva y no excluyente. Cuando una mujer es excluida, intimidada, violentada en el ejercicio de sus derechos políticos, no se afecta solamente a una persona, se afecta la calidad y los alcances de la democracia misma”.
En ese sentido, dijo que el fortalecimiento de mecanismos como la de Defensoría Especializada es una agenda democrática del TEPJF, porque es apostar por una justicia aún más cercana, más sensible y más comprometida con las realidades de todas las personas en sus distintas latitudes.
Bátiz García advirtió que no basta que los derechos existan si no pueden ser ejercidos en condiciones de igualdad, sin violencias, sin simulaciones. Por ello consideró que la democracia no se puede medir únicamente por la presencia de las mujeres en los espacios públicos, sino también por las condiciones en las que asumen y participan sus roles sin violencia ni obstáculos estructurales. “Y eso implica, además de normas y leyes, instituciones que sean capaces de acompañar, de proteger, pero sobre todo de generarles confianza”, subrayó.
Durante su intervención, la magistrada Soto Fregoso dijo que la Defensoría es espacio institucional que no solo representa una innovación en el diseño de la justicia electoral en México, sino también “una respuesta concreta a una deuda histórica: garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales libres de violencia y con acceso efectivo a la justicia”.
Destacó que la participación de las mujeres no es opcional ni accesoria, sino una condición indispensable para la legitimidad de la democracia. El liderazgo de las mujeres tiene efecto transformador, cada avance individual se convierte en colectivo, expuso. Agregó que, en la actualidad, las mujeres en el poder o que aspiran a desempeñar cargos públicos aún son violentadas por el simple hecho de atreverse a ejercer poder públicamente.
Explicó que la instauración de la Defensoría en mayo de 2024 fue una respuesta clara y contundente a los mandatos de convenciones internacionales, pero también a la demanda de la sociedad civil organizada y de las mujeres en redes de apoyo. Dijo que hasta ahora se han atendido 228 casos en todo el país, con un modelo que, además de dar asesoría jurídica, ofrece una atención integral, cercana, in situ, empática y profesional, con una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier alerta que recibe por chat o por llamada las 24 horas los 365 días del año.
En tanto, la magistrada Claudia Valle destacó el rol de la Defensoría en los últimos dos años, pero aclaró que prevalece el reto de “vernos como iguales en todos los sentidos”, de vivir sin violencia, sin discriminación por ejercer un derecho como es la participación en los asuntos públicos en el ámbito nacional y estatal.
“No ha sido fácil, y no lo será si no estamos convencidos que la violencia política en razón de género sigue siendo un efecto discriminante por el solo hecho de ser mujeres, porque seguimos teniendo retos para vernos como iguales en todos los sentidos. La igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos es una construcción de todas y de todos”, precisó.
Aseguró que la asesoría, la representación jurídica y la orientación que brinda es gratuita y una política pública que —planteó— debe replicarse a nivel nacional. "Es tiempo de generar un pacto nacional para establecer una red de defensorías públicas para erradicar la violencia política por razón de género, para construir una nueva cultura de los derechos, y para defender a quienes no han tenido la oportunidad de una defensa especializada y profesional por un lastre y una barrera que duele: La pobreza, la falta de recursos económicos para ejercer los derechos”, expuso.
En el evento también participaron el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez; la directora regional de IDEA para América Latina y el Caribe y exministra de justicia de Chile, Marcela Ríos Tobar; el representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Daniel Vargas; la magistrada de la Sala Regional Toluca, Marcela Elena Fernández Domínguez y la titular de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del TEPJF, Aidé Macedo Barceinas.
También estuvieron presentes la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, Celia Maya García; la titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, Maribel Bojorges Beltrán; así como magistraturas y consejerías electorales federales y locales de diversas entidades del país.
Con información de: https://www.te.gob.mx/
