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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SE_mx

La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcados por la desconfianza política, tensiones comerciales y un reacomodo geopolítico que no favorece la interlocución bilateral. La reciente incorporación del gobierno mexicano a un bloque de países con posturas críticas frente a Trump —conformado por España, Brasil y Colombia, entre otros—, durante el encuentro en Barcelona, no pasó inadvertida en Washington. Más aún cuando se da en el contexto de una negociación clave: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El movimiento diplomático de México tiene lecturas encontradas. Por un lado, responde a una lógica de diversificación de alianzas y afinidades ideológicas con gobiernos progresistas. Por otro, implica un riesgo evidente: tensar aún más la relación con el principal socio comercial del país. En política exterior, los gestos importan, y alinearse —aunque sea parcialmente— con un bloque “antitrump” en plena renegociación comercial es, cuando menos, una apuesta arriesgada.

El telón de fondo es económico. Los aranceles al acero, aluminio, cobre y partes automotrices mexicanas se mantienen como un instrumento de presión por parte de Estados Unidos. No son medidas nuevas, pero sí persistentes, y reflejan una visión proteccionista que ha caracterizado el discurso y la práctica de Trump. En este escenario, el ideal de integración regional que dio origen al tratado comercial parece diluirse frente a intereses nacionales cada vez más rígidos.

Lo que se observa, en los hechos, es una fragmentación de la negociación. México dialoga con Canadá, por un lado, y con Estados Unidos por otro. La lógica trilateral que dio vida al acuerdo se ve desplazada por dinámicas bilaterales que, si bien pueden destrabar temas específicos, debilitan la arquitectura integral del tratado. Y eso tiene implicaciones de largo alcance.

El punto neurálgico de esta discusión se encuentra en el artículo 34.7 del T-MEC, la llamada cláusula sunset. Este mecanismo establece que el tratado tendrá vigencia hasta 2036, salvo que las partes acuerden su extensión hasta 2042. En apariencia, se trata de una disposición técnica; en la práctica, es una herramienta que representa una despresurización a la relación comercial, ya que permite reabrir el debate en las revisiones anuales en los próximos diez años, sobre la continuidad del acuerdo.

Hay también hay una lectura estratégica desde México. La eventual permanencia del tratado bajo estas condiciones podría ser, paradójicamente, una forma de resistir el momento político actual. En tres años, el tablero en Estados Unidos podría cambiar. Trump no estará en el poder, y la posibilidad de un relevo con una visión menos proteccionista abriría la puerta a una renegociación más equilibrada.

Esa apuesta no es menor. Implica asumir costos en el corto plazo —aranceles, tensiones diplomáticas, incertidumbre comercial— con la expectativa de un beneficio futuro. Es, en esencia, una estrategia de contención frente a un entorno adverso. Pero como toda apuesta, conlleva riesgos. El principal: que el escenario político en Estados Unidos no cambie en la dirección esperada.

El tratado no es solo un instrumento comercial; es el eje de la relación económica de América del Norte. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos directos en empleo, inversión y crecimiento.

La postura del gobierno mexicano, al sumarse a un bloque crítico de Trump, también puede interpretarse como un intento de ganar margen de maniobra. Mostrar que existen alternativas, que México no depende exclusivamente de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad económica impone límites claros: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. La interdependencia es, en ese sentido, innegable.

El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio. Mantener una política exterior activa y diversificada sin comprometer los intereses estratégicos del país. Defender el tratado sin caer en confrontaciones innecesarias. Y, sobre todo, garantizar que las decisiones políticas no terminen afectando la estabilidad económica.

La relación Trump-Sheinbaum es, en muchos sentidos, una relación en construcción, pero también en tensión. Dos visiones distintas, dos estilos de liderazgo y dos contextos políticos que no siempre convergen. En medio de ello, el T-MEC se convierte en el campo de disputa donde se juega mucho más que un acuerdo comercial.

El tiempo dirá si la estrategia mexicana logra sortear este momento complejo. Por ahora, lo cierto es que la incertidumbre ha regresado a una relación que, durante años, se había construido sobre la base de reglas claras. Y en economía, la incertidumbre suele ser el peor de los escenarios.

Desde la óptica de la relación comercial y política entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el pacto de Barcelona solo sirvió para complicar más la relación bilateral.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.