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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Un tratado comercial con nuevo rostro. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SE_mx

La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcados por la desconfianza política, tensiones comerciales y un reacomodo geopolítico que no favorece la interlocución bilateral. La reciente incorporación del gobierno mexicano a un bloque de países con posturas críticas frente a Trump —conformado por España, Brasil y Colombia, entre otros—, durante el encuentro en Barcelona, no pasó inadvertida en Washington. Más aún cuando se da en el contexto de una negociación clave: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El movimiento diplomático de México tiene lecturas encontradas. Por un lado, responde a una lógica de diversificación de alianzas y afinidades ideológicas con gobiernos progresistas. Por otro, implica un riesgo evidente: tensar aún más la relación con el principal socio comercial del país. En política exterior, los gestos importan, y alinearse —aunque sea parcialmente— con un bloque “antitrump” en plena renegociación comercial es, cuando menos, una apuesta arriesgada.

El telón de fondo es económico. Los aranceles al acero, aluminio, cobre y partes automotrices mexicanas se mantienen como un instrumento de presión por parte de Estados Unidos. No son medidas nuevas, pero sí persistentes, y reflejan una visión proteccionista que ha caracterizado el discurso y la práctica de Trump. En este escenario, el ideal de integración regional que dio origen al tratado comercial parece diluirse frente a intereses nacionales cada vez más rígidos.

Lo que se observa, en los hechos, es una fragmentación de la negociación. México dialoga con Canadá, por un lado, y con Estados Unidos por otro. La lógica trilateral que dio vida al acuerdo se ve desplazada por dinámicas bilaterales que, si bien pueden destrabar temas específicos, debilitan la arquitectura integral del tratado. Y eso tiene implicaciones de largo alcance.

El punto neurálgico de esta discusión se encuentra en el artículo 34.7 del T-MEC, la llamada cláusula sunset. Este mecanismo establece que el tratado tendrá vigencia hasta 2036, salvo que las partes acuerden su extensión hasta 2042. En apariencia, se trata de una disposición técnica; en la práctica, es una herramienta que representa una despresurización a la relación comercial, ya que permite reabrir el debate en las revisiones anuales en los próximos diez años, sobre la continuidad del acuerdo.

Hay también hay una lectura estratégica desde México. La eventual permanencia del tratado bajo estas condiciones podría ser, paradójicamente, una forma de resistir el momento político actual. En tres años, el tablero en Estados Unidos podría cambiar. Trump no estará en el poder, y la posibilidad de un relevo con una visión menos proteccionista abriría la puerta a una renegociación más equilibrada.

Esa apuesta no es menor. Implica asumir costos en el corto plazo —aranceles, tensiones diplomáticas, incertidumbre comercial— con la expectativa de un beneficio futuro. Es, en esencia, una estrategia de contención frente a un entorno adverso. Pero como toda apuesta, conlleva riesgos. El principal: que el escenario político en Estados Unidos no cambie en la dirección esperada.

El tratado no es solo un instrumento comercial; es el eje de la relación económica de América del Norte. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene efectos directos en empleo, inversión y crecimiento.

La postura del gobierno mexicano, al sumarse a un bloque crítico de Trump, también puede interpretarse como un intento de ganar margen de maniobra. Mostrar que existen alternativas, que México no depende exclusivamente de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad económica impone límites claros: más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. La interdependencia es, en ese sentido, innegable.

El desafío, entonces, es encontrar un equilibrio. Mantener una política exterior activa y diversificada sin comprometer los intereses estratégicos del país. Defender el tratado sin caer en confrontaciones innecesarias. Y, sobre todo, garantizar que las decisiones políticas no terminen afectando la estabilidad económica.

La relación Trump-Sheinbaum es, en muchos sentidos, una relación en construcción, pero también en tensión. Dos visiones distintas, dos estilos de liderazgo y dos contextos políticos que no siempre convergen. En medio de ello, el T-MEC se convierte en el campo de disputa donde se juega mucho más que un acuerdo comercial.

El tiempo dirá si la estrategia mexicana logra sortear este momento complejo. Por ahora, lo cierto es que la incertidumbre ha regresado a una relación que, durante años, se había construido sobre la base de reglas claras. Y en economía, la incertidumbre suele ser el peor de los escenarios.

Desde la óptica de la relación comercial y política entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el pacto de Barcelona solo sirvió para complicar más la relación bilateral.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.