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Desde San Lázaro. El Gobierno no puede ser rehén. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

20 Mar 2026
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Desde San Lázaro. El Gobierno no puede ser rehén. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ElFinanciero_Mx

En el ajedrez político y social hay piezas que, aunque minoritarias en número, han aprendido a moverse con eficacia en el tablero del conflicto. La reaparición pública de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una de ellas. Sus recientes movilizaciones, no solo han vuelto a tensar la vida cotidiana en la Ciudad de México, sino que han escalado el tono de la presión al amenazar, nada menos, que con boicotear el Mundial de Futbol si sus demandas no son atendidas.

La advertencia no es menor. México se prepara para ser vitrina internacional, y cualquier perturbación de ese calibre tendría costos políticos y económicos y de ingobernabilidad. Sin embargo, para entender la lógica de la disidencia magisterial hay que mirar más allá del escándalo mediático: su estrategia histórica ha consistido precisamente en eso, en elevar la apuesta hasta colocar al gobierno contra la pared.

En las calles, el efecto es inmediato. Los capitalinos son quienes pagan la factura de los bloqueos y del caos vial que paraliza puntos neurálgicos de la capital. El enojo es palpable y, en muchos casos, justificado. No es para menos: la cotidianidad se vuelve rehén de una causa perversa y termina percibiéndose como un ejercicio de presión desmedido.

Pero ese descontento social parece tener poco peso en la ecuación de la CNTE. Su cálculo es otro. Saben, por experiencia acumulada, que al incrementar la intensidad de sus protestas logran colocar al gobierno en una situación incómoda. Y también saben —porque así ha ocurrido en el pasado— que esa incomodidad suele resolverse con concesiones: recursos adicionales, prebendas, acuerdos políticos que les permiten replegarse con beneficios concretos.

Conviene subrayarlo: la CNTE no representa al grueso del magisterio nacional. Se trata de una disidencia minoritaria del sindicato mayoritario, con presencia concentrada en apenas un puñado de entidades del país. La mayoría de las y los maestros mexicanos continúa, todos los días, haciendo su labor en las aulas, sosteniendo el sistema educativo en condiciones muchas veces adversas, sin recurrir a la presión callejera como herramienta principal de negociación.

Esa diferencia no es menor. Mientras una mayoría institucional apuesta por la estabilidad y la continuidad educativa, la CNTE ha construido una identidad abiertamente antisistémica. Y en ese papel ha encontrado, además, una ventana de oportunidad en el actual contexto político. La relación con los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación ha sido, cuando menos, ambivalente: entre la afinidad ideológica y la tensión constante.

La Coordinadora le ha tomado la medida a sus interlocutores. Sabe hasta dónde estirar la cuerda sin romperla. Sabe que el costo de un conflicto prolongado puede ser alto para la autoridad, sobre todo en momentos clave del calendario político y económico. Por eso no sorprende que sus movilizaciones se intensifiquen en coyunturas estratégicas, como la antesala de periodos vacacionales o eventos internacionales de alto perfil.

 

De aquí a la Semana Santa, (porque los revoltosos se van de vacaciones, no faltaba más) no sería extraño que la Ciudad de México enfrente jornadas particularmente complejas. El primer cuadro de la capital y otros puntos neurálgicos serán trastocados en su cotidianidad, generando ese efecto de asfixia urbana que tanto incomoda a la ciudadanía. Para la CNTE, ese escenario no es un daño colateral: es parte del objetivo. Es la palanca que buscan accionar para acelerar la respuesta gubernamental.

Y una vez pasado el paréntesis vacacional, el conflicto podría reactivarse con mayor intensidad. El horizonte del Mundial funciona como un incentivo adicional para mantener la presión. La lógica es clara: cuanto más cerca esté el evento, mayor será la urgencia del gobierno por evitar cualquier tipo de disrupción que empañe la imagen del país ante el mundo.

El reto para el gobierno es doble. Por un lado, debe dimensionar con precisión quién es la CNTE: un grupo organizado, sí, pero minoritario en el conjunto del magisterio. Por otro, necesita enviar una señal clara de que el Estado no puede ser rehén permanente de tácticas de presión que afectan a terceros.

Aplicar la ley no implica necesariamente represión, pero sí requiere firmeza. Abrir vialidades, garantizar el libre tránsito y proteger los derechos de la mayoría son responsabilidades básicas de cualquier gobierno.

Para empezar el gobierno debería descontar de su sueldo las faltas a los maestros paristas y a partir de allí gestionar el conflicto

En la antesala de un evento global como el Mundial, la decisión adquiere una dimensión adicional. Permitir que la amenaza de boicot se convierta en una herramienta efectiva sería abrir la puerta a que otros grupos adopten estrategias similares. Evitarlo, en cambio, exige una combinación de diálogo, claridad y, sobre todo, determinación.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.