La petición de Clara Brugada a los medios de comunicación para “bajarle” a la nota roja no es un gesto ingenuo ni un llamado bienintencionado. Es un mensaje político con destinatarios claros y con una lógica profundamente autoritaria: si la realidad incomoda al poder, entonces hay que callarla. No combatirla. No corregirla. Silenciarla.

Desde San Lázaro, el tema no ha generado el menor sobresalto. La mayoría legislativa, disciplinada y sumisa, ha optado por mirar hacia otro lado. Ni la Junta de Coordinación Política, ni la Comisión de Seguridad Ciudadana, ni la de Gobernación han considerado pertinente abrir un debate serio sobre la crisis de violencia en la Ciudad de México y, mucho menos, sobre el intento de acotar la libertad de expresión bajo el pretexto de la “responsabilidad informativa”.

El silencio legislativo no es casual. Es parte del mismo pacto no escrito que hoy se pretende imponer a los medios: no incomodar al poder, no cuestionar la narrativa oficial, no exhibir los fracasos de los gobiernos emanados de Morena. En la lógica del oficialismo, la función del Congreso no es fiscalizar, sino acompañar; no es debatir, sino justificar.

La realidad, sin embargo, es terca. La capital del país enfrenta una escalada delictiva que ya no puede maquillarse con discursos ni conferencias. Homicidios dolosos, ejecuciones a plena luz del día, extorsiones sistemáticas y zonas completas bajo control criminal son hechos documentados, no invenciones periodísticas. Y frente a eso, la exigencia de un “pacto de silencio” resulta no solo irresponsable, sino peligrosa.

Porque silenciar la cobertura de la violencia no reduce el delito. Lo encubre. Le da margen de maniobra a los criminales y envía un mensaje inequívoco: el Estado está más preocupado por controlar la información que por recuperar el control del territorio. A la ya evidente inoperancia de las fuerzas policiacas se suma ahora la pretensión de que los medios se autocensuren, so pena de enfrentar represalias presupuestales, administrativas o políticas.

Así operan los regímenes autoritarios: primero desacreditan a la prensa, luego la presionan y, finalmente, buscan domesticarla. El obradorismo lo hizo desde Palacio Nacional y ahora ese mismo manual se replica en el gobierno capitalino. Cambian los actores, pero no el método.

En la Cámara de Diputados local, mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no enfrenta comparecencias de fondo, no rinde cuentas claras y no es sometida a un escrutinio real. Las comisiones dictaminadoras prefieren debatir reformas intrascendentes antes que llamar a cuentas a quienes no han podido contener la violencia. El Congreso, una vez más, renuncia a su papel constitucional.

La paradoja es brutal: un poder legislativo que debería ser contrapeso se comporta como una extensión del ejecutivo; una jefa de Gobierno que debería garantizar libertades pretende acotarlas; y un Estado que fracasa en su obligación básica de brindar seguridad exige discreción informativa para no evidenciar su incompetencia.

No es la primera vez que ocurre. Ya se vio en entidades donde la violencia se salió de control y la solución fue maquillar cifras, minimizar hechos y estigmatizar a periodistas. Los resultados están a la vista: más impunidad, más control criminal y más descomposición institucional.

La libertad de expresión no es un estorbo para la gobernabilidad; es un termómetro democrático. Cuando un gobierno pide bajar la intensidad de la cobertura, lo que en realidad confiesa es su incapacidad para enfrentar el problema. Culpar a los medios es la salida fácil de quienes no tienen resultados que mostrar.

Clara Brugada gobierna la Ciudad de México, no un comité de propaganda. Su obligación no es proteger la imagen del movimiento, sino garantizar seguridad y derechos. Entre ellos, el derecho de la sociedad a saber qué está ocurriendo en sus calles y colonias.

La mayoría oficialista en el Congreso federal y local tiene una responsabilidad que hoy elude: defender la Constitución, la libertad de prensa y el equilibrio de poderes. Callar ante este tipo de mensajes es volverse cómplice. Porque cuando el poder exige silencio, lo que está anunciando es algo mucho más grave: que ha perdido el control y que está dispuesto a sacrificar libertades para ocultarlo y esa es siempre es la principal etiqueta del autoritarismo

La tentación de quien ostenta el poder de controlar la narrativa de los medios de comunicación, la toma por completo la 4T con el ejercicio de las mañaneras, creación de AMLO y replicada por Sheinbaum, y cuyo objetivo final es precisamente imponer a la cruda realidad, un México bizarro e irreal para que sea replicado y difundido por algunos medios de comunicación. Ahora con Clarita se le agrega la “amable” petición a los medios de comunicación de “bajarle” a la cobertura mediática, lo que representa una acción de censura y cooptación de la libertad de expresión.